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Unidad Investigativa

INFORME ESPECIAL: El Macro Caso de las “Becas Fantasma” en el Magdalena

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Radiografía de un desfalco de $28.210 millones a la Ciencia y Tecnología. En lo que se perfila como uno de los golpes más severos al patrimonio científico de la región Caribe, la Contraloría General de la República (CGR) ha destapado una red de omisiones y opacidad administrativa que evaporó el 97% de los recursos destinados a la formación de alto nivel en el Magdalena.

 

Por: Opinión Caribe

El Origen: El Proyecto BPIN 2012000100171

Aprobado en julio de 2013 ante el OCAD de Ciencia y Tecnología, el proyecto prometía una revolución intelectual para el departamento:

  • Nombre Oficial: Fortalecimiento del Departamento del Magdalena en sus capacidades de investigación en ciencia, tecnología e innovación.
  • Presupuesto Inicial: $29.011 millones (Fuente: Sistema General de Regalías – SGR).
  • Objetivo: Financiar 300 becas de maestría y doctorado para profesionales locales.
  • Estado Financiero Hoy: Reporta un avance del 80,84%, con giros acumulados por $28.210.151.756.

Los Hallazgos: Una Ejecución “Ciega”

La auditoría de cumplimiento de la CGR detectó que, a pesar de que el dinero salió de las arcas públicas, no existe evidencia física de su destino. Los puntos críticos son:

  • Cero Beneficiarios Verificables: No existen listados, cédulas ni perfiles de los supuestos becarios.
  • Ausencia de Soportes Académicos: No hay actas de grado, diplomas ni certificaciones de matrícula que respalden el gasto.
  • Ruptura de la Trazabilidad: No existen informes técnicos mensuales ni mensuales de ejecución que justifiquen el avance financiero del 80%.
  • Memoria Institucional “Borrada”: La Gobernación no entregó los archivos argumentando cambios de administración, lo cual constituye una falta grave al deber de custodia de documentos públicos.

La Cadena de Responsables (Nivel Nacional y Departamental)

El Triángulo de la Ordenación del Gasto (2012-2015)
  • Luis Miguel Cotes Habeych: Exgobernador del Magdalena. Como representante legal, fue el principal ordenador del gasto y responsable de la ejecución de los recursos del SGR.
  • Eduardo Alberto Arteta Coronell: Exsecretario de Educación. Encargado de la supervisión técnica y de garantizar que las becas llegaran a profesionales reales.
  • Carlos Francisco Díaz Granados: Exjefe de Planeación. Responsable de la viabilización y el reporte de hitos en el sistema GESPROY.
El Operador Nacional (Colciencias / MinCiencias)
  • Paula Marcela Arias (2013) y Yaneth Giha Tovar (2014-2016): Exdirectoras de Colciencias. La entidad actuó como operador y secretaría técnica, autorizando desembolsos sin exigir los soportes de los beneficiarios.
El Papel de las Universidades: El “Muro de Silencio”

Instituciones como la Universidad del Magdalena, Universidad Sergio Arboleda, Universidad del Norte y la Universidad Cooperativa, junto a centros internacionales en España y México, fueron los receptores de los recursos mediante convenios.

  • El Silencio Ético: A la fecha, ninguna institución ha presentado públicamente los listados de graduados de este convenio específico.
  • La Sospecha: La CGR investiga si se utilizaron instituciones “sombrilla” para triangular recursos o si el dinero simplemente nunca llegó a las cuentas universitarias, quedándose en la cadena de intermediación.

El Estado Jurídico: Hacia la Imputación

El proceso ha dejado de ser una auditoría administrativa para convertirse en un expediente de Responsabilidad Fiscal y Penal:

  1. Hallazgo Fiscal: Valorado en $28.210 millones.
  2. Traslado a la Fiscalía: Bajo presuntos delitos de Peculado por Apropiación y Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales.
  3. Investigador Líder: El proceso es impulsado por el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, bajo la dirección de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
  4. Medidas Cautelares: Se espera el inicio de procesos de embargo contra los bienes de los exfuncionarios involucrados para resarcir el daño patrimonial.

Conclusión de Opinión Caribe

Este no es solo un error contable; es un crimen contra el futuro del Magdalena. Mientras el departamento ocupa puestos rezagados en competitividad, los fondos que debieron formar a sus científicos fueron tratados como un botín político y administrativo. El silencio de las universidades y la desidia de los exmandatarios son, ante los ojos del ente de control, la prueba reina de una gestión que prefirió la opacidad al progreso regional.

Nota Editorial: Esta información es estrictamente verificable a través del reporte de auditoría de la Contraloría Delegada para el SGR y los registros del sistema BPIN del Departamento Nacional de Planeación. Por lo cual, este proceso está en su etapa de investigación preliminar y no se trata de un hecho sancionado por las autoridades competentes.

El Silencio de la Academia: ¿Cómplices o Víctimas?

Ante la magnitud de este hallazgo fiscal, resulta inaceptable el mutismo que mantienen los rectores y representantes legales de las universidades vinculadas a los convenios del proyecto BPIN 2012000100171. Las instituciones de educación superior, llamadas a ser los faros de la ética y la transparencia en la sociedad, no pueden seguir refugiándose en tecnicismos contractuales o en la “memoria institucional perdida” mientras la Contraloría General confirma que $28.210 millones destinados a la ciencia se esfumaron sin dejar rastro de un solo becario.

Opinión Caribe hace un llamado público a estas instituciones para que rompan el silencio y presenten ante el departamento del Magdalena las actas de selección, los soportes de matrícula y los registros académicos que certifiquen el destino de cada peso recibido. No basta con alegar que el convenio terminó; la responsabilidad social y penal sobre los recursos públicos de las regalías no prescribe con el cierre de un semestre, y el departamento exige saber: si el dinero llegó a las aulas, ¿dónde están los científicos que debieron transformar nuestra región?

  1. ¿Cuántos profesionales del Magdalena se graduaron efectivamente bajo este convenio específico?
  2. ¿Cuál fue el monto exacto percibido por la institución por concepto de matrículas y derechos de grado de este proyecto?
  3. ¿Por qué no se han entregado las certificaciones académicas solicitadas por el equipo auditor de la CGR?