Región Caribe
Corte Suprema condena a 31 años de prisión a exgobernador de La Guajira ‘Kiko’ Gómez
La Corte Suprema revirtió la absolución y estableció que el exgobernador fue determinador del asesinato del concejal Luis López Peralta, ocurrido en 1997 en Barrancas.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revirtió una absolución previa y condenó al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, a 380 meses de prisión (31 años y 8 meses) por su responsabilidad como determinador del homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta, ocurrido el 22 de febrero de 1997 en Barrancas.
El alto tribunal casó parcialmente la sentencia de segunda instancia que lo había absuelto y dejó en firme el fallo condenatorio emitido en 2017. La Corte concluyó que Gómez Cerchar ordenó el crimen en un contexto de confrontación política local, restableciendo además la condena por concierto para delinquir agravado.
La decisión cuestiona de fondo al Tribunal Superior de Bogotá por haber desestimado elementos probatorios determinantes. Entre ellos, la declaración de la exalcaldesa Yandra Cecilia Brito, quien vinculó el asesinato con la quema de archivos municipales y la oposición política que ejercía la víctima. Para la Corte, la absolución se sustentó en una valoración probatoria deficiente que omitió el contexto de violencia y control territorial.
El fallo también establece que Gómez Cerchar sostuvo alianzas “estables y duraderas” con estructuras armadas ilegales. En particular, con el grupo de Marcos de Jesús Figueroa García entre 1995 y 2014, y con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo y Salvatore Mancuso, entre 1997 y 2006.
Según la sentencia, el exmandatario facilitó apoyo económico, logístico y de refugio a estos grupos, incluyendo el uso de propiedades para ocultar armas y sicarios, lo que sustenta la condena por concierto para delinquir agravado.
Aunque el fallo representa un avance para las víctimas, la Corte reconoció la prescripción de la acción penal por los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro (2000), debido a demoras judiciales que superaron los siete años. El tribunal calificó estos hechos con rasgos de crímenes de lesa humanidad y lamentó que la mora procesal impidiera una decisión de fondo.
En materia de reparación, se ordenó el pago de 1.000 salarios mínimos a favor de Diana Carolina López Zuleta, hija del concejal asesinado.
Sanciones impuestas
Prisión: 380 meses (31 años y 8 meses)
Multa: 14.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes
Inhabilitación: 120 meses para ejercer funciones públicas
Indemnización: 1.000 salarios mínimos
La decisión no admite recursos, cerrando la vía judicial ordinaria en este proceso y consolidando una condena que redefine la responsabilidad penal de uno de los exmandatarios más controvertidos de la región.
