Nación
Condenan a exmagistrados acusados de vender fallos judiciales por millonarios sobornos
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra los exmagistrados del Tribunal de Villavicencio, Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Joel Darío Trejos Londoño y Alcibiades Vargas Bautista, señalados de emitir decisiones judiciales irregulares para favorecer a personas vinculadas con graves delitos, a cambio de millonarios sobornos y otras dádivas.
En la decisión conocida este lunes, el alto tribunal dejó en firme las penas impuestas por la Sala Especial de Primera Instancia. Díaz Rodríguez fue condenado a 128 meses y un día de prisión por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, mientras que Vargas Bautista y Trejos Londoño recibieron condenas de 120 meses y un día de prisión por cohecho propio y prevaricato por acción.
La investigación estableció que los entonces magistrados incurrieron en irregularidades en dos procesos penales y una acción de tutela, en los que habrían favorecido a procesados a cambio de dinero. Según la sentencia, en uno de los casos se habría pactado un soborno de 2.000 millones de pesos.
La Sala Penal advirtió que los exfuncionarios actuaron “con total desprecio por el orden jurídico”, al emitir providencias manifiestamente contrarias a la ley para beneficiar ilícitamente a personas investigadas por delitos graves.
Uno de los hechos analizados corresponde a una decisión relacionada con Danit Darío Doria Castillo, donde, según la Corte, Díaz Rodríguez presentó una ponencia sustentada en argumentos abiertamente contrarios a la ley para intentar revocar una decisión judicial que había dejado sin efecto la prisión domiciliaria del condenado.
Además, la Corte señaló que los tres exmagistrados favorecieron mediante una tutela a Hernán Darío Giraldo Gaviria, declarando la nulidad de una providencia judicial ya ejecutoriada sin cumplir con el análisis obligatorio del principio de subsidiariedad.
En otro de los expedientes, Vargas Bautista y Trejos Londoño habrían acordado un soborno millonario para beneficiar a Marbelly Sofía Jiménez Pérez, procesada por homicidio agravado y concierto para delinquir.
La sentencia también reveló que, además del dinero, los exmagistrados aceptaron dádivas consistentes en fiestas, licor, comidas y servicios sexuales como parte de los beneficios recibidos por alterar decisiones judiciales.
“La conducta desplegada representó una verdadera venta simoníaca de la función pública”, indicó la Sala Penal al cuestionar el actuar de los exfuncionarios judiciales, quienes —según el fallo— utilizaron distintos mecanismos para ocultar el origen y recepción de los sobornos.
Aunque el alto tribunal expresó reparos frente a la decisión de concederles prisión domiciliaria por su edad y condición de pensionados, aclaró que no podía revocar ese beneficio debido al principio de non reformatio in pejus, que impide empeorar la situación jurídica de los condenados tras la apelación.
No obstante, la Corte hizo un llamado a que en este tipo de casos se aplique un análisis más estricto frente a la concesión de beneficios judiciales, especialmente cuando se trata de funcionarios encargados de administrar justicia.
