TENER LA CARCASA NO SIGNIFICA SER DUEÑO

La propiedad digital se divide en capas. Podemos conservar el aparato y la factura mientras perdemos el derecho a reparar, modificar, transferir, heredar o continuar usando aquello que compramos.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Las cuatro propiedades de un mismo objeto

La propiedad nunca ha consistido únicamente en tener una cosa delante de nosotros. Es un conjunto de facultades: acceder, usar, excluir, reparar, transformar, transferir y conservar. La era digital agregó un componente que los pensadores clásicos no conocieron: el código, una arquitectura capaz de permitir o prohibir con la eficacia de una barrera física.

La propiedad digital puede dividirse en cuatro capas. Está la física, que permite tener el aparato; la jurídica, acreditada por la factura; la funcional, que habilita sus capacidades; y la soberana, que permite repararlo, modificarlo, transferirlo y mantenerlo operativo. El consumidor puede conservar las dos primeras y perder las dos últimas.

Los datos añaden otra pregunta. No aparecen como un mineral descubierto por la empresa: proceden de búsquedas, fotografías, recorridos, conversaciones y decisiones humanas. La plataforma aporta inversión e infraestructura; la sociedad aporta la actividad de la que nacen. Ese origen compartido impide presentar como exclusivamente privado todo el valor extraído de una inteligencia social acumulada.

La muerte revela el vacío

La propiedad tradicional podía transmitirse. Una familia heredaba una casa, una herramienta, fotografías o una biblioteca. En cambio, una colección digital puede ser un conjunto de licencias personales; los archivos pueden quedar detrás de una contraseña y la cuenta cerrarse con la muerte del titular.

En Colombia, el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012 permite a los causahabientes consultar la información personal del fallecido. Esa facultad de habeas data no equivale a heredar una cuenta, una biblioteca licenciada, una contraseña o el contenido completo de una nube. La transmisión depende todavía del contrato y de las herramientas previstas por cada plataforma.

Para las grandes fortunas, la herencia continuará en acciones, tierras y sociedades. Para muchas familias, sustituir pequeños bienes por accesos intransferibles puede obligar a cada generación a pagar nuevamente por lo que la anterior ya financió.

El derecho de salida

Una propiedad incompleta se reconoce cuando intentamos abandonarla. Entrar en una plataforma suele tomar minutos; salir puede significar perder contactos, archivos, historial, reputación y años de memoria. El usuario permanece no siempre porque el servicio sea mejor, sino porque el costo de marcharse se volvió demasiado alto.

La portabilidad debe significar algo más que descargar una carpeta ilegible. Los datos tienen que entregarse en formatos que otra plataforma o taller pueda utilizar. De lo contrario, la exportación existe formalmente mientras el encierro continúa técnicamente. La interoperabilidad convierte el derecho de salida en una posibilidad real.

La continuidad también exige anticipar el abandono. Si una empresa deja de sostener un producto conectado, debería habilitar un modo local, permitir servidores alternativos, entregar herramientas a terceros o compensar al consumidor. Apagar un servidor no puede equivaler automáticamente a destruir miles de objetos que todavía funcionan. El fabricante puede terminar un negocio; lo que no debería desaparecer con él es todo el valor ya pagado por sus clientes.

El derecho de salida disciplina incluso a quien nunca lo ejerce. Cuando una empresa sabe que sus clientes pueden migrar con datos, historial y funciones, debe competir para conservarlos. La interoperabilidad no solo protege al consumidor que se marcha; mejora el trato recibido por quienes deciden permanecer.

La inversión merece protección; la dependencia, límites

Las empresas tienen un argumento legítimo. Sostener servidores, corregir vulnerabilidades y mejorar productos cuesta dinero. Las suscripciones financian infraestructura; la autenticación combate fraude; las actualizaciones pueden proteger a millones. La innovación necesita rentabilidad y propiedad intelectual.

Esa defensa justifica medios concretos, no soberanía ilimitada. Financiar mantenimiento no exige borrar la diferencia entre comprar y alquilar. Proteger código no obliga a impedir toda reparación. Corregir fallas no legitima retirar funciones pagadas o abandonar un producto sin transición.

El derecho ya comenzó a intervenir. La Directiva europea sobre reparación de bienes amplía la garantía cuando el consumidor elige reparar. El Reglamento Europeo de Datos permite acceder a datos generados por productos conectados y compartirlos con terceros.

La propiedad del siglo XXI debe proteger continuidad y salida. Comprar ha de significar que las funciones esenciales permanecerán durante una vida útil razonable. Poseer no es conservar la carcasa: es conservar la decisión.

Esta publicación pertenece a la serie LA SOCIEDAD DEL PERMISO, un ensayo por entregas de Víctor Rodríguez Fajardo sobre trabajo, propiedad y libertad en la era de la inteligencia artificial.

Próxima entrega: EL DIVIDENDO DEL TIEMPO