Análisis
El precio de gestar para otros en Colombia
Una mujer recibió 14 millones de pesos para sostener su embarazo. A otra le pagaron seis millones adicionales por gestar gemelos. Mientras el Congreso debate la prohibición, un expediente del Magdalena muestra lo que puede pasarle al niño después del parto.
Por: Víctor Rodríguez Fajardo
La cláusula primera decía que la mujer aceptaba gestar por razones humanitarias y de manera gratuita. La decimosexta dejaba a los futuros padres decidir si le daban una gratificación. Entre una y otra, la cuarta le impedía casarse hasta seis meses después del parto y la octava le prohibía salir de Colombia hasta 150 días después de dar a luz. En abril de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá cuestionó que los contratantes pudieran decidir hasta dónde se movía una mujer que ya había parido.
Los precios se conocen por una vía distinta del expediente judicial. Surrogacy Connect Consulting anuncia un programa en Colombia desde 59.700 dólares si la familia aporta los embriones y otro desde 74.100 con donación de óvulos. Su tabla indica que la compensación a la gestante está incluida. La casilla no dice cuánto. SENSIBLE anuncia un plan de 67.000 dólares y asigna 6.000 a la asesoría. También agrupa pagos a la mujer con gastos médicos y de transporte.
El dinero de un mismo embarazo
Diana Cuéllar le puso cifras a su propia historia. Según contó a Semana, el hombre que quería ser padre pagó 18 millones de pesos por la fecundación en un centro médico de Bogotá. A ella le entregó otros 14 millones para alimentación, consultas y transporte durante nueve meses. Entre ambos pagos suman 32 millones de pesos. Cuéllar entendía su decisión como una manera de ayudar. Cuando nació la niña, en el registro civil quedaron los nombres de ella y del padre estadounidense.
Elena, nombre que usó La Marea para proteger a su entrevistada, gestó gemelos con la esperanza de pagarle la universidad a su hijo mayor. Calculó que una fundación vinculada a la clínica le entregó 55 millones de pesos en total. El último desembolso fue de 37 millones e incluía dos mensualidades atrasadas y seis millones por el embarazo doble. En el contrato que firmó con el padre de los gemelos, según la investigación, no figuraban la clínica ni la suma que recibiría Elena.
Hay pagos incluso antes de la primera consulta. Periodistas de La Marea documentaron una transferencia de 400.000 pesos de una fundación a una mujer por referir a otra. Los responsables de las clínicas entrevistados negaron trabajar con reclutadoras o pagarles directamente.
Lo que cobra la agencia
Una pareja de Melbourne dejó sus cuentas por escrito ante la Comisión Australiana de Reforma Legislativa. En marzo de 2022 contrató por 69.500 dólares estadounidenses un programa en Bogotá. Más de tres años después, declaró que había pagado 42.966,50 dólares sin lograr un embarazo viable. De lo desembolsado, atribuyó 14.250 dólares a honorarios de la agencia, uno de cada tres dólares pagados hasta entonces. Según la pareja, al recibir la reclamación la empresa alegó que solo había actuado como intermediaria. Para conocer la utilidad de la agencia faltan sus costos.
Cuántos casos conoce el Estado
En 2023, la asociación colombiana de centros de reproducción humana informó a la Corte Constitucional de un aumento progresivo de estos procedimientos. Bogotá tiene un conteo parcial. Entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2026, la Secretaría Distrital de Salud recibió 70 reportes de maternidad subrogada. La entidad explicó al Concejo que el reporte era voluntario. Sigue faltando una serie nacional que permita medir cuánto creció la actividad.
La diferencia se aprecia en dos trámites. Las instituciones que ingresan o sacan del país embriones para reproducción asistida tienen 24 horas para informarlo al Invima. En cambio, cuando un niño nace, el registro civil carece de una casilla que permita saber si lo gestó una mujer para otra familia. Así lo explicó la Registraduría al Congreso en 2026.
Quién responde después del parto
La abogada Diana Barreto contó a La W que decidió gestar al recordar los años que sus propios padres tardaron en tenerla. Dijo que la familia que acompañó estuvo pendiente de su salud. Otra mujer, que dio a luz a gemelos, contó a Noticias RCN que perdió sensibilidad en las manos después del parto. Cuando buscó ayuda entre los responsables del proceso, según su relato, la remitieron a su EPS.
En Ontario, Canadá, un estudio de partos de un solo bebé encontró complicaciones maternas graves en el 7,8 % de las gestantes por sustitución y en el 4,3 % de quienes concibieron por fecundación in vitro para llevar su propio embarazo. ¿Hasta cuándo cubre la póliza a la mujer que firma en Colombia y quién paga si la complicación aparece después?
El niño ante el juez
El 6 de noviembre de 2026, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá resolvió el caso de un niño que vivía en el extranjero con su padre biológico. Por mayoría, ordenó retirar del registro civil a la gestante que figuraba como madre y reconocerle al niño la nacionalidad colombiana. Encargó al ICBF contactar a la autoridad del país de residencia para que visitara a la familia y verificara cómo vivía el menor.
Doce días después, la Comisión Primera de la Cámara aprobó por unanimidad un proyecto que propone reconocer como madre legal a la mujer que da a luz. Abarca los acuerdos comerciales y los altruistas. Prevé entre 10 y 16 años de prisión por conductas como financiar o intermediar en esos acuerdos. La gestante quedaría exenta de pena y conservaría lo recibido. Al 19 de noviembre de 2026 faltan tres debates. El siguiente corresponde a la plenaria de la Cámara.
En la audiencia pública del 26 de octubre, las abogadas Ema Inés Hoyos y Valentina Ramírez Morales defendieron la capacidad de decidir de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, advirtió que hasta entre hermanas puede haber presión familiar. La plenaria tendrá que resolver hasta dónde proteger esa decisión y cuándo sancionar a quien la presione.
Del Magdalena al aeropuerto de Madrid
Un padre ucraniano acudió al Magdalena para corregir el apellido en el pasaporte colombiano de su hija. Un juez había ordenado modificar el registro civil al establecer que la gestante colombiana no era la madre biológica. En la ventanilla le pidieron probar que estaba domiciliado en Colombia cuando nació la niña. En el aeropuerto de Madrid supo que habían cancelado el pasaporte anterior de la niña. Ucrania tampoco le reconoció la nacionalidad.
El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta negó la tutela. En 2024, la Corte Constitucional revocó el fallo y ordenó reconocerle a la niña la nacionalidad colombiana y expedirle el pasaporte. La sentencia identifica quién orientó al padre. El 6 de diciembre de 2022, la Oficina de Pasaportes del Magdalena le explicó cómo evitar que su hija quedara sin nacionalidad. La Notaría 27 y la Registraduría omitieron esa orientación. La Cancillería esperó a que interviniera la Corte para consultar a Ucrania.
La Corte no atribuyó al departamento una actuación específica que vulnerara los derechos de la niña. Sí lo previno para que tomara medidas frente a futuros casos. En julio de 2024 la Judicatura divulgó el fallo. La Resolución 10927 de 2026 permite a la propia oficina de pasaportes gestionar la aclaración de inconsistencias. En los documentos públicos consultados no aparece la instrucción interna del Magdalena. ¿A quién debe llamar hoy el funcionario de esa ventanilla antes de que otra familia descubra en un aeropuerto que su hijo se quedó sin pasaporte?