Alcaldes en la mira de la Procuraduría por demora en la formulación de Planes de Seguridad

El Estado es el principal garante del derecho a la seguridad de un territorio, por eso deben existir diferentes mecanismos para responder a las necesidades de las poblaciones.

Cuatro alcaldes del Magdalena se encuentran en riesgo de ser sancionados por el órgano disciplinario, porque sus municipios a esta fecha no han formulado sus Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), creados a partir de la Ley 62 de 1993, como el principal instrumento de planeación en materia de seguridad y convivencia ciudadana, constituyéndose actualmente en el instrumento a través del cual la Política Nacional implementa estrategias en los municipios del Magdalena.

La Policía del Magdalena informó que Fundación, Algarrobo, San Ángel y Zona Bananera, son los municipios que no han presentado ante los Comités Territoriales de Orden Público la formulación de los planes de seguridad y convivencia ciudadana, lo que demuestra un atraso significativo en las estrategias de seguridad que se deben ejecutar durante estos próximos tres años en coordinación con los alcaldes.

En este sentido, el comandante de la Policía del Magdalena, coronel, John Jairo Rodríguez, ha enfatizado que si los municipios no tienen formulados los planes de seguridad pueden aumentarlos índices de inseguridad en sus jurisdicciones. “No se tiene compromiso por parte de las alcaldías con la seguridad, a pesar de que ellas son articuladoras entre el plan y las autoridades; que de acuerdo con la validación que se haga de este documento, se podrá intervenir en las problemáticas”.

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana es un documento de planeación estratégica que contiene las líneas de acción, programas y los proyectos que llevará a cabo un ente territorial con la finalidad de solucionar las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la ciudadanía, convirtiéndose en un insumo fundamental para determinar las inversiones que hará el municipio en esta materia.

Esta planeación estratégica es la ruta fundamental para garantizar la seguridad en el territorio magdalenense a la cual tienen derecho los ciudadanos, por ello es causa de sanción no formular los PISCC en la fecha estipulada por la Ley. “Ya hemos informado a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, el compromiso de esta última entidad es la verificación de que se cumpla la formulación en el departamento de este documento”, manifestó el Comandante de la Policía del Magdalena.

Además, el coronel Rodríguez agregó, que “si no tenemos planes de seguridad es como estar a la deriva, sin saber ejecutar los recursos disponibles para estos próximos años focalizados en la prevención, la mejora en las condiciones de seguridad de las personas; la divulgación y aplicación del Código de Policía, todo esto va dentro de la política de gobierno de cada municipio”.

Hasta el momento 16 municipios del Magdalena tienen aprobado los Planes de Seguridad y Convivencia Ciudadana como son: El Retén, Pivijay, Salamina, El Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia, Plato, El Difícil, Tenerife, Zapayán, Nueva Granada, El Banco, Guamal, Santa Ana, Pijiño del Carmen y Santa Bárbara de Pinto. Mientras que seis se encuentran pendientes por aprobar los PISCC como: Aracataca, Remolino, Pedraza, Chibolo, San Sebastián y San Zenón.

El Estado es el principal garante del derecho a la seguridad de un territorio, por eso deben existir diferentes mecanismos para responder ante el llamado de las poblaciones. Es obligación, desde un principio, que las alcaldías deben construir y actualizar cada año los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, en los cuales se estipulan recursos específicos para disminuir los índices de inseguridad.

En la Mesa Multiactor sobre Seguridad y Protección para Reclamantes de Tierras en el Magdalena impulsada por el Centro de Investigación y Educación Popular, se identificó que un número significativo de municipios del Magdalena no han formulado ni siquiera los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana incluidos en la Ley 1448 de 2011 de atención, asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado.

“Los municipios no tienen presupuestos para apoyar a la institucionalidad, que es insuficiente, además, si no existen los planes de seguridad, no se tiene claridad sobre invertir los recursos, porque se desconoce el diagnóstico de inseguridad en cada zona”, aseguró uno de los investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular.

Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana deben contener el diagnóstico delictivo de cada municipio, los mapas de delitos, objetivos estratégicos que ayuden a revertir este flagelo social, metas y actividades que se desarrollarán en coordinación con el Plan Integral de Seguridad del nivel Departamental y Nacional. La omisión de esta directiva representa una falta muy grave, siendo incluso los alcaldes sujetos de sanción y suspensión por parte de la Procuraduría.

LOS ALCALDES SE DEFIENDEN

Los alcaldes de Zona Bananera y San Ángel han desmentido el informe entregado por la Policía del Magdalena, en el que se establece que estos municipios no han formulado los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, argumentando que trabajan en este proceso, además de haber iniciado las inversiones en la construcción de nuevas estaciones de policías.

Según el alcalde de Zona Bananera, Holmes Echeverría, su municipio ha sido el primero que ha destinado 500 millones de pesos para el mejoramiento de las estaciones de policía de la jurisdicción y movilidad. “Me extraña que digan que no hemos formulado el plan de seguridad cuando venimos materializándolo en coordinación con la Policía”.

Asimismo, el Alcalde de este municipio agregó, que trabajan en la prevención del consumo de drogas en los colegios, además de tener un convenio por 150 millones de pesos para atender a los jóvenes con tratamiento de rehabilitación en el hospital de la Zona Bananera.

Si bien el Mandatario de Zona Bananera afirma que trabaja en la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana con recursos disponibles de la vigencia pasada, el documento no se encuentra aprobado por el comité, es decir, se encuentra en etapa de reestructuración.

Por su parte, el alcalde de San Ángel, Nico Pezzano, asegura, que desde el 25 de febrero de este año iniciaron la estructuración del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana de su municipio. “Vamos adelantados en este documento, lo hemos socializado con la comunidad y el comité, no lo tenemos aprobado, pero el 3 de abril tenemos reunión para iniciar la implementación”.

El alcalde de San Ángel, en el diagnóstico que realizó para formular el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, señala, que el delito con mayor índice en su municipio es el abigeato, dejando de lado las permanentes amenazasen contra de los dueños de tierras.

Otra en asegurar que su municipio sí está trabajando en la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fue la alcaldesa de Algarrobo, Maribel Andrade, quien reconoció el atraso en la entrega, pero se comprometió a tenerlo listo en las próximas semanas. “Reconocemos que existe un retraso, porque nos falta presentar a la comunidad este documento, lo importante es que ya está estructurado”.

En el diagnóstico levantado para la estructuración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, identificaron que en Algarrobo los mayores índices de inseguridad se centran en las riñas callejeras, robo de ganado y en el consumo y tráfico de estupefacientes.

En este sentido, el comandante de la Policía del Magdalena, coronel Rodríguez, enfatiza, que “sin la elaboración no se tiene claro cómo será la ejecución de estos recursos, no va a haber una planeación estratégica para mejorar las condiciones actuales de inseguridad, porque los planes son las hojas de ruta que tienen los municipios para generar las estrategias en estos tres años de gobierno y ejecutar de buena forma el fondo de seguridad”.

De acuerdo con lo informado por la Policía del Magdalena, el común denominador de los delitos que se presentan en los municipios de este departamento están relacionados con el consumo y tráfico de sustancias psicoactivas en la calle y en los colegios, riñas callejeras y robo de ganado.

LA ACADEMIA VINCULADA PISCC

La Universidad del Magdalena a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas con colaboración del Grupo de Análisis en Ciencias Económicas – GACE – intervino asesorando y acompañando de manera técnica la formulación y socialización del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC del departamento del Magdalena y los municipios de Puebloviejo, Aracataca y Guamal.

Para el caso del Departamento y los municipios en mención en donde se ejecutaron los planes respectivamente, fueron desarrolladas estrategias, acciones y programas, que permitieron atender de manera holística e integral, las problemáticas y los hechos que generan violencia e inseguridad, que no permiten el bienestar social y económico de los habitantes de los sitios intervenidos tanto en su área urbana como en la rural.

En la elaboración de estos planes fueron utilizadas encuestas de percepción de seguridad en cada uno de los municipios, corregimientos y veredas pertenecientes a los territorios intervenidos, de igual forma fue revisada la base de datos de delitos y contravenciones del Centro de Investigaciones Criminológicas –CICRI.

El análisis de estos datos se hizo con el fin de recoger información que permitiera la identificación de las problemáticas que afecten la seguridad y convivencia del departamento y de las municipalidades objeto de estudio. Posteriormente, procedieron a implementar talleres con cada uno de los representantes de las autoridades estatales y ciudadanas, para priorizar las problemáticas dependiendo de la significancia con que estas afectan la seguridad y la convivencia.

“El trabajo se hizo con las alcaldías de Guamal, Puebloviejo, Aracataca y en alianza con la alcaldía de Ciénaga se llevaron a cabo varias mesas de trabajo compartidas para tener una mejor radiografía del departamento. Se realizaron 1.200 encuestas en los municipios intervenidos como muestra significativa desde el punto de vista estadístico”, explicó el docente Jaime Morón Cárdenas, director del Grupo de Análisis en Ciencias Económicas – GACE.

Durante el desarrollo del trabajo se hizo un muestreo aleatorio simple, en el que se entrevistaron a personas de 18 a 65 años de edad, y se encontró que la percepción de seguridad en el departamento del Magdalena ha mejorado el índice de delitos tales como el homicidio, de tal forma, que ha decrecido significativamente y se ha incrementado de manera dramática el tema de violencia intrafamiliar y el hurto de celulares.

El ingeniero Juan Carlos De La Rosa Serrano, vicerrector de Extensión y Proyección Social de Unimagdalena, consideró de gran impacto estas iniciativas a partir del trabajo de los grupos de investigación de la Alma Máter. “El trabajo de nuestros grupos de investigación GACE, trabaja en el desarrollo social y económico de nuestro departamento, lo que le ha dado la experiencia para construir un Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana diferentes”.

Del mismo modo, se impartieron más de 12 talleres con todas las fuerzas vivas del departamento, los cuales recogieron todas las inquietudes plasmadas en un documento liderado de manera conjunta por la Gobernación y la Universidad del Magdalena.

En este sentido, puntualizó el profesor Jaime Morón Cárdenas, director del Grupo de Análisis en Ciencias Económicas -GACE- que “esta indagación nos permite reconocer los esfuerzos entre la Gobernación, las Alcaldías municipales, además de otras entidades para trabajar una política coherente en materia de seguridad y convivencia”.

RESPONSABILIDADES

Los municipios cobran un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad. Ahora deben mejorar su cooperación y coordinación con la Policía, si bien los alcaldes tienen la labor de formular y evaluar los planes de seguridad ciudadana no se precisan funciones complementarias ni se establece un seguimiento del cumplimiento de metas ni menos la cuenta de sanciones. Pero ahora, si estas autoridades no cumplen con las tareas encomendadas para fortalecer la lucha contra la delincuencia, serán suspendidos.

En torno al monitoreo de las metas, los titulares de los comités de seguridad ciudadana, tanto municipales como el departamental, deben informar del cumplimiento de metas alcanzadas cada tres meses al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Estos comités están encargados de formular y evaluar los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad, así como ejecutarlos en sus respectivas jurisdicciones.

A la Policía le corresponde informar las deficiencias de infraestructura de la respectiva jurisdicción, sobre todo, cuando se dificulten las labores de combate contra la criminalidad. Así mismo, debe integrar la información con los municipios sobre las zonas donde se concentran focos de comisión de delitos. A la vez, los efectivos policiales deben colaborar en las tareas de prevención.

El PISCC es un insumo fundamental para determinar las inversiones que se realizarán en materia de seguridad y convivencia ciudadana y la oportunidad para abordar integralmente los temas de seguridad y convivencia con el concurso de distintos actores y sectores del Magdalena.

¿QUÉ ES EL FONSECON?

El Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON- creado mediante la Ley 418 de 1997, funciona como una cuenta especial sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior como un sistema separado de cuentas cuyo objetivo es realizar gastos destinados a propiciar la seguridad ciudadana y la preservación del orden público.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes de recursos de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana están nutridos por Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset) y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (Fonsecon)

Comités Territoriales de Orden Público

El Gobernador o el Alcalde Municipal

•  El comandante de la guarnición militar.
•  El comandante de la Policía.
•  El Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Consejos de Seguridad Municipales

El Alcalde, quien lo presidirá.

•  El comandante de la guarnición militar.
•  El comandante del Distrito o Estación de Policía.
•  El Procurador Provincial o en su defecto el Personero Municipal.
•  El Director Seccional de Orden Público o su delegado.
•  El Secretario de Gobierno Municipal o el Secretario de la Alcaldía, quien ejercerá la Secretaría del Consejo.