Respetar al ciudadano

Unas de las formas mejores de respetar al ciudadano como debe y tiene que ser, es ofreciéndole una pronta y cumplida justicia con instituciones válidamente diseñadas para el efecto y con un Estado de Derecho realmente eficaz, eficiente y efectivo en cumplimiento de su razón de ser en sus fines esenciales, en el entendido fundamental que un Estado verdaderamente eficaz es aquel que se toma muy en serio la seguridad de sus ciudadanos, máxime cuando se sostiene que los Estados son exitosos por definición cuando movilizan sus recursos para cumplirle a sus asociados en su vida, honra y bienes.

No podemos seguir validando y mucho menos contentos en un país donde poco o nada importa la vida de sus asociados; donde organizaciones criminales de distinto origen y multiplicidad de propósitos acometen uno y más delitos y entierran a cientos de miles de personas en fosas comunes de las que por distintas circunstancias algunas veces se sabe y otras jamás ni nunca. Familias en búsqueda incesante de sus parientes y el Estado, lejos de prestarles efectiva colaboración y darles respuestas, los obstaculiza, Mientras tanto, siguen esperando respuestas y demandando justicia, misma que entre nosotros requiere prioridad y no retórica.

Mucho esperamos del actual Gobierno en los temas de inseguridad, violencia, justicia y otros tantos asuntos de importancia vital para el país, que hereda más que pesares de sus dos anteriores mandatos, calificados por los más como funestos amen de nefastos. Las estrategias en tal dirección tienen y han de ser asertivas y ciertas para resolver tales problemas. La solución bien puede ser la reconstrucción de las instituciones instauradas para tal fin, en lo que importan mayores recursos financieros, personales y materiales, en el entendido que la seguridad es el bien público más básico de todos y valor fundante de toda sociedad.

Sobre este especial particular nos dice José M. Guzman, que respetar los derechos está vinculado con el límite que tenemos en nuestro actuar como individuos. Esto supone que nuestras acciones serán legítimas en la medida que no violenten los derechos de los demás. En contraste con este escenario se presenta el Estado que “garantiza” a sus ciudadanos sus derechos. Ya aquí el Estado tiene un rol ampliado: no sólo busca crear condiciones que permitan el goce de los derechos de las personas, sino que actúa también con la intención de garantizarlos por ellos. Este segundo escenario, cada vez más extendido en todo el mundo, tiene unas repercusiones importantes porque esconde una puerta para el desamparo de derechos que el Estado tiene el deber de proteger. El hecho de que el Estado tenga la función de ser garante de nuestros derechos, le da la calidad de árbitro de, y de jugador en, la sociedad, y abre la puerta para que pueda usar la coacción como una herramienta para tal fin –muchas veces, a costa de la destrucción de la salvaguarda de nuestros derechos.