El ‘desorden criminal’, el desplazamiento y demás efectos de la presencia paramilitar en la Sierra Nevada

La Sierra Nevada de Santa Marta se ha convertido en esta última semana en el punto central de los enfrentamientos entre los grupos paramilitares que se disputan el control de la actividad criminal desarrollada en esta zona rural.

Esta situación, aunque no es nueva, no ha podido ser controlada ni anticipada por las autoridades locales y nacionales, en aras de prevenir los efectos colaterales de estos enfrentamientos a gran escala como el desplazamiento, tal como ocurre en Ciénaga, municipio en que ha recibido a centenares de familias provenientes de las veredas aledañas, a causa de la guerra entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Lerber Dimas Vásquez, experto en violencia y Defensor de Derechos Humanos, explica a este medio de comunicación que, dichas diputas, las cuales podrían tomarse también territorios pertenecientes a Santa Marta, podrían generar situaciones a las cuales se pueden adelantar las entidades.

Primero, menciona el plano de lo extorsivo, pues cuando detonan los enfrentamientos por las rentas criminales, lo hace también el ‘desorden criminal’.

“Esto lo aprovechan también los delincuentes, quiere decir que a un barrio pueden llegar a cobrar extorsión los del Clan del Golfo y también los de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, los tenderos y comerciantes tienen que pagar porque si no los matan y cuando los matan, no saben de dónde viene el tiro, si de las ACS y del CG, o si fue porque no pagó, o si los mata un grupo por pagarle al otro”, manifiesta.

A este escenario, el defensor lo define como “una dualidad nauseabunda”.

“Hay que anticiparse, porque lo principal es la renta criminal, en virtud de controlar las rentas se les resta fuerza, porque a partir de la extorsión se restablecen otros temas como la compra de armas, el reclutamiento forzado, los homicidios y eso es grave porque las disputas tienen siempre dos campos, un el rural y otro, el urbano”, afirma, haciendo claridad en que el urbano suele tener mayor visibilidad, pero, a pesar de esto, ambas tienen el mismo nivel de gravedad.

Otra de las consecuencias de los enfrentamientos son las zonas vetadas, debido a que generan grandes afectaciones en la actividad turística de lugares como Minca, Ciudad Perdida, Buritaca, Don Diego, entre otros sitios vulnerables en los que existe el riesgo de combate paramilitar. Las personas no van a querer dirigirse a estos por el miedo que generan estos escenarios.

“Otro elemento asociado es el desplazamiento forzado, cuando las poblaciones, sobre todo las rurales, van a quedar en medio de las balas, lo primero que van a hacer es salir corriendo, porque está siempre la predisposición de que todas las personas que viven en el territorio son paramilitares o afines a un determinado grupo, entonces, los liderazgos, como Juntas de Acción Comunales son las personas más visibles y los primeros a los que van a atacar porque asumen que están asociados a estas organizaciones y esto no es cierto, en zonas donde hay grupo paramilitares hay liderazgos propios y esos se respetan”, asegura.

No obstante, aclara que entre las estructuras criminales la visión es distinta, pues es allí en donde ven un enemigo potencial al cual van a dirigir sus filas.

“Van a generarse desplazamientos masivos y van a tener que llegar a los cascos urbanos, a las cabeceras municipales o a las troncales, como ocurrió en el 2001 – 2002, cuando fueron más de 15 mil desplazados de la Sierra Nevada de Santa Marta y se bloqueó por completo la carretera Troncal del Caribe por más de tres meses”, añadió.