Interponen demanda de nulidad contra decreto que prohíbe parrillero hombre en Santa Marta

El Santa Marta, el gremio de motociclistas ha protagonizado este último mes tres manifestaciones en contra de la administración distrital, luego de haber sido emitido el decreto 210 del 06 de septiembre de 2022, con el cual se prohíbe la circulación de motos con parrillero hombre en la ciudad, como un método que buscaría disminuir los índices de criminalidad en la capital del Magdalena.

Ante las prohibiciones, que limita también el traslado de mujeres en zonas como el Centro Histórico y El Rodadero, el abogado Miguel Martínez presentó una demanda de nulidad simple en contra de dicho acto administrativo, alegando que viola apartes del artículo 28 Superior, el cual establece que “toda persona el libre” y que “en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptible”.

“De esta pauta jurisprudencial puede establecerse que si bien el Alcalde, al proferir los actos administrativos para preservar el orden público, la vida y honra de los ciudadanos, actúa dentro de la órbita de sus competencias, con capacidad y atribución jurídica para ello, la medida policiva hay que mirarla dentro de los principios constitucionales mínimos, pues estos constituyen el límite de las atribuciones de Policía y en este sentido dicha medida debe ser: proporcional y razonable, recaer contra el perturbador del orden público, no contra quien ejerce legalmente sus libertades, no discriminatoria”, indica el documento, en el que destaca cómo la medida se ha prorrogado por más de 8 años, a pesar de haber sido presentada, en un primer momento, como una medida temporal con tres meses de duración.

Así mismo, el jurista señala que la prohibición ha perdido su esencia de temporal para convertirse en una estrategia restrictiva “de la libre circulación y movilidad de carácter permanente”, lo que implicaría una usurpación de las “funciones propias del legislador ordinario y contraviniendo los lineamientos de orden constitucional que debe respetarse”.
Por otro lado, indica que la medida prohibitiva del transporte de parrillero no ha sido efectiva para reducir los índices de violencia, a pesar de todo su tiempo de vigencia.

“Estos decretos han servido para que a las arcas de la Administración Distrital ingresen los recursos por concepto de comparendos el cual tiene un valor de uno (1) y dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, se creó otro impuesto por parte del Municipio de Santa Marta. Consideramos que el decreto demandado contiene una medida restrictiva a la libre locomoción, que viola el límite de temporalidad, que es desproporcionado, irracional e innecesario”, explica.

Por lo anterior, solicita la nulidad del decreto y que, en desarrollo de la solicitud, se suspenda provisionalmente “hasta tanto no tome una decisión de fondo sobre la presente demanda”, que ya fue admitida en el Juzgado Administrativo Oral 002 de Santa Marta.