$200 mil millones son destinados a 8.400 víctimas del ‘Frente Pivijay’ de las AUC

De los 135 hechos atribuidos al ‘frente Pivijay’ de las AUC, en el Magdalena, se incluyen principalmente tres masacres en: Santa Rita, Guaimaro y Nueva Venecia.

Ante la decisión del Tribunal de Justicia y Paz para la reparación integral de 8.400 víctimas, directas e indirectas, de delitos de lesa humanidad, enmarcados en los patrones de macrocriminalidad de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado, se registró que ya sobrepasa los $200 mil millones.

“Hasta lo que va hasta ahorita podríamos estar hablando de entre 210.000 y 220.000 mil millones de pesos. Pero cuando terminemos, las 8.300, 8.400 víctimas indirectas, podríamos estar sobrepasando los 300.000 millones de pesos», dijo Gustavo Roa, magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla.

Esto se da en la etapa final de la sentencia condenatoria a 25 postulados del ‘frente Pivijay’ del Bloque Norte de las Autodefensas, organización paramilitar que operó en el sur del Magdalena y una parte del departamento de Cesar.

Actualmente el proceso se encuentra en la lectura de la sentencia del grupo que lideró Miguel Ramón Posada Castillo, alias ‘Rafa’, el cual tiene 135 hechos que muestran la magnitud de la macro sentencia.

Los 25 postulados son: Miguel Ramón Posada Castillo, Adriano De Jesús Torres Hernández, Richar Manuel Fabra Romero, Sócrates Samper Vergas Cruz, Deiro Elías Londoño Garcés, Dany Daniel Velásquez Madera, José Antonio Blanco Morales, Luis Antonio Olea Paz, Javier Sánchez Arce, Ever Mariano Ruíz Pérez. Edmundo De Jesús Guillén Hernández, Alberto Enrique Martínez Macea, Fausto Santander Moreno Polo, Julio César Noriega Castrillón, Walter Enrique Pedraza Cantillo, Fredy de Jesús Altamar Escobar, Jacir Alonso Hernández Rivera, Helmer José Lobato Ternera, Edgardo Hernández Muñoz, Manuel Salvador Escorcia Santana, Sofanor Antonio Hernández Alemán, Fabio Enrique Vargas Fontalvo, Álvaro Javier Escorcia Ariza, Sócrates Antonio De León Díaz y José Mauricio Acuña Oñate.

La sentencia final de este macroproceso se conocerá en la segunda quincena de abril y según lo establecido en la ley, se debe determinar una pena principal, accesoria y alternativa que oscila entre los 5 y los 8 años.