Con una inversión de 570 millones, la Unidad para las Víctimas culminó la reparación colectiva en Bellavista, Magdalena

Después de una década, la comunidad del corregimiento de Bellavista, en jurisdicción del municipio de Algarrobo, Magdalena, ha culminado su plan de reparación colectiva, destinado a sanar las heridas del conflicto armado que afectó gravemente la región. En un acto simbólico realizado por la Unidad para las Víctimas, se enumeraron las medidas y acciones cumplidas que han permitido la restauración de los derechos de las víctimas.

Con una inversión de más de 570 millones de pesos, se implementaron 19 medidas de rehabilitación, garantías de no repetición, satisfacción y restitución. Entre las acciones más destacadas se encuentran la adecuación de un salón comunal, la adquisición de un predio colectivo para la siembra de pancoger, la construcción de un centro de acopio y un cementerio, el mejoramiento de la cancha de fútbol, la construcción de la plaza de mercado y la dotación para el puesto de salud. Además, se concertaron acciones psicosociales y de no repetición que han fortalecido la organización comunitaria.

Lizbeth Bastidas Jacanamijoy, subdirectora de Reparación Colectiva, destacó el papel fundamental de la comunidad en este proceso: “A pesar de los daños sufridos durante el conflicto armado, fueron ustedes, con su esfuerzo y responsabilidad, quienes permitieron que la Unidad para las Víctimas pudiera cumplir con este deber, asegurando el derecho a la reparación colectiva.”

El plan de reparación colectiva ha permitido a la comunidad de Bellavista reconstruir su tejido social y reconectar con sus costumbres y cultura alimentaria, a pesar de haber sufrido desplazamientos y otros hechos victimizantes. Audes Jiménez González, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena, enfatizó que este logro no habría sido posible sin el compromiso del comité de impulso de Bellavista y que el proceso de retornos y reubicaciones continuará.

La historia de Bellavista está marcada por el impacto del conflicto armado desde 1986, con incursiones de grupos guerrilleros y paramilitares que culminaron en 2001 con el desplazamiento forzado de 87 familias. Tras años de retornos, la comunidad ha enfrentado la destrucción de su infraestructura, el despojo de tierras y los daños psicoemocionales, pero ha mostrado una notable resiliencia y capacidad de reconstrucción.

Al finalizar el acto simbólico, Lizbeth Bastidas Jacanamijoy expresó: “Este proceso, que inició en 2014 y que cerramos 10 años después, no es un fin, sino un nuevo comienzo para que las entidades nacionales y territoriales sigan apoyando a esta comunidad, garantizando una reparación con dignidad.”