Metrópolis
MinInterior apelará decisión ordenó suspender las actividades en el pozo Uchuva 2
Por medio de un comunicado, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP-, del Ministerio del Interior se pronunció en respuesta al fallo de tutela emitido por el juzgado cuarto laboral de Santa Marta, que ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades relacionadas con el proyecto de exploración y explotación en el pozo Uchuva 2.
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De acuerdo con el ministerio, desde la implementación del derecho a la consulta previa hasta el 31 de diciembre de 2019, este derecho en Colombia se basó en la presencia de comunidades étnicas en las áreas de intervención de los proyectos. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2020, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional SU 123 de 2018, el criterio para determinar la aplicación de este derecho se enfoca en la afectación directa y no simplemente en la presencia de comunidades étnicas.
En esa línea, la DANCP destacó que, en el marco del proyecto Uchuva 2, se habían expedido certificaciones de no presencia de la comunidad indígena de Taganga, lo que respaldaría la decisión de no requerir consulta previa en este caso. “En el marco de este proyecto, desde el año 2006 hasta 31 de diciembre de 2019, se expidieron certificaciones de NO presencia de la comunidad Indígena de Taganga a través de los siguientes actos administrativos: OFI06-12097-DET1000 de fecha 26 de mayo de 2006 certificación N° 0278 de 10 de junio de 2019”, se lee en el comunicado.
Agregaron que el 2 de noviembre de 2023, en atención a los nuevos lineamientos legales, se expidió la Resolución ST 1630, que determinó la no procedencia de consulta previa, ante la ausencia de afectaciones directas sobre la comunidad indígena de Taganga.
“Por tal motivo, las actuaciones señaladas han sido ajustadas a la normatividad, procedimientos y criterios aplicables a la consulta previa vigentes a la expedición de cada acto administrativo”, indicaron.
Ante este panorama, la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior confirmó que apelará la decisión del juez, defendiendo la validez y legalidad de las actuaciones realizadas bajo el marco normativo vigente en cada momento.