ACP y Naturgas manifiestan su preocupación ante la suspensión de la actividad exploratoria en el pozo Uchuva 2

Ante la decisión del juzgado cuarto laboral de Santa Marta de suspender las actividades relacionadas con el proyecto de exploración y explotación de gas en el pozo Uchuva 2, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), manifestaron su preocupación, pues esta situación compromete el abastecimiento de gas natural.

“Las empresas de la industria del gas natural respetan y acatan las decisiones judiciales, sin embargo, esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga”, señalaron.

Actualmente, el Bloque Tayrona del que hace parte el pozo Uchuva 2, está localizado a 31 kilómetros de la línea de costa, en aguas profundas (837 metros de lámina de agua) en mar territorial colombiano, en donde la empresa operadora ha ejecutado diversas actividades por más de 20 años, en cumplimiento del contrato firmado en 2004 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

De acuerdo con la ACP y Naturgas, la empresa operadora ha cumplido con todos los requisitos regulatorios y trámites requeridos, incluyendo la Determinación de la No presencia de Comunidades Indígenas en el área de influencia del proyecto, el licenciamiento ambiental, y la obtención de los permisos de la Dirección General Marítima (DIMAR). “Sus actividades se han adelantado cumpliendo los más altos estándares de calidad y sin ningún impacto ambiental registrado”, precisaron.

Agregaron que con la ejecución del proyecto no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a ninguna comunidad indígena, toda vez que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP), mediante Resolución ST-1630 de 2023, confirmó la no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y por tanto tampoco su afectación directa.

Finalmente, reiteraron que es crucial que el país mantenga un entorno de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, sin comprometer los derechos de las comunidades ni la seguridad energética del país.