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La Contraloría investigará por presuntas irregularidades en contratación a 17 municipios del Magdalena
Los municipios bajo investigación por presuntas irregularidades en los contratos destinados a la realización de fiestas patronales y eventos culturales son: Aracataca, Ariguaní, Ciénaga, El Banco, El Piñón, El Retén, Fundación, Nueva Granada, Pivijay, Pueblo Viejo, Remolino, Sabanas de San Ángel, Salamina, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, Sitio Nuevo, Tenerife y Zapayán.
Recientemente se conoció que la Contraloría del Magdalena ha iniciado la apertura de una fiscalización a los contratos celebrados por 17 municipios para la realización de sus fiestas patronales durante el año 2024. Esta medida surge tras la detección de comportamientos inusuales en los contratos, que en total suman más de 7.684 millones de pesos.
Según el ente de control departamental, las alertas se generaron debido a que la mayoría de los contratos analizados se celebraron sin la participación de múltiples oferentes, lo que plantea dudas sobre la idoneidad de las entidades privadas contratistas, todas ellas fundaciones sin ánimo de lucro.
Los municipios involucrados en la investigación incluyen Aracataca, Ariguaní, Ciénaga, El Banco, El Piñón, El Retén, Fundación, Nueva Granada, Pivijay, Pueblo Viejo, Remolino, Sabanas de San Ángel, Salamina, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, Sitio Nuevo, Tenerife y Zapayán.
Además, la Contraloría ha señalado que, en muchos casos, las administraciones municipales han establecido Juntas de Festejos que manejan recursos superiores a los 500 millones de pesos, pero que, aun así, terminan cobrando a los ciudadanos por la entrada a eventos públicos como conciertos, presentaciones artísticas y corralejas.
Ante estas presuntas irregularidades, se ha ordenado la apertura de Actuaciones Especiales de Fiscalización, con el objetivo de realizar un control legal y financiero sobre las actividades de las entidades territoriales. La Contraloría enfatiza la necesidad de una evaluación rápida y eficaz, dada la gravedad de las posibles afectaciones al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público.