Imputan a altos mandos del Ejército por falsos positivos en Antioquia

Esta es la primera vez que en una imputación por ‘falsos positivos’, la Sala de Reconocimiento de Verdad confirma la comisión de actos de tortura contra las víctimas directas o sus familiares.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso significativo en la búsqueda de justicia al imputar a cuatro generales, 35 oficiales y suboficiales de la Brigada IV del Ejército Nacional por su responsabilidad en al menos 442 casos de ‘falsos positivos’ ocurridos entre 2004 y 2007 en el departamento de Antioquia. Estos crímenes, considerados violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, implican el asesinato y la desaparición forzada de civiles presentados falsamente como bajas en combate.

Los altos mandos militares, entre los que se encuentran los generales (r) Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria. Junto a los generales fueron imputados otros 35 oficiales y suboficiales por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en los crímenes. Se trata de integrantes de seis batallones de la IV Brigada: Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES), Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 ‘General Pedro Nel Ospina’ (BIOSP), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5 (AFEUR 5), Batallón de Infantería No. 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’ (BIGIR), Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (GMJCO) y Batallón de Infantería No. 32 ‘General Pedro Justo Berrio’ (BIPEB).

De acuerdo con la JEP estas personas lideraron una política de facto conocida como «conteo de cuerpos». Esta estrategia consistía en sumar la mayor cantidad posible de bajas “en combate”, privilegiando el cuerpo del supuesto enemigo caído en combate como el único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimando las capturas como resultados problemáticos que no conducían a la victoria militar.  Esto generó un patrón macrocriminal que resultó en la muerte y desaparición forzada de cientos de personas, muchas de las cuales eran civiles ajenos al conflicto armado.

La Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, ocurrieron por lo menos 270 hechos con 442 víctimas. De este total, 434 fueron asesinadas y ocho sobrevivieron. Asimismo, 203 personas fueron víctimas de desaparición forzada y 41 de ellas fueron torturadas. Las víctimas eran principalmente hombres jóvenes, campesinos y personas en situación de vulnerabilidad, lo que pone de manifiesto la gravedad de estos crímenes.

La JEP documentó cómo se implementó un sistema de incentivos que promovía la competencia entre las unidades militares para reportar el mayor número de bajas, a pesar de que las guerrillas ya habían sido derrotadas o replegadas. Este sistema incluía presiones, amenazas y recompensas para aquellos que lograran el objetivo de incrementar las estadísticas de muertes en combate.

Entre las pruebas se encuentra una del general González Peña, quien insistió a las tropas en programas radiales emitidos el 17 y 21 de marzo de 2004: “lo único que cuentan son las bajas”, “las capturas no nos sirven para nada” y “lo único que sirve es dar de baja al enemigo”. Ese tipo de afirmaciones fueron replicadas por Rodríguez Clavijo, ejerciendo presión y amenazando a los hombres bajo su mando. “A-6 (…) cuando va a hacer una baja mi mayor, un mayor de infantería y no ha hecho una bajita, si usted no lo hace yo lo meto allá donde esté el enemigo, póngase las pilas mi mayor”, le dijo a la tropa en un programa radial del 14 de diciembre de 2006.

Las evidencias presentadas ante la JEP incluyen testimonios de antiguos miembros de la Brigada IV y documentos oficiales que reflejan la naturaleza sistemática de las violaciones de derechos humanos.

Este caso se suma a otros en los que se ha determinado la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, con Antioquia como uno de los departamentos más afectados. La JEP ha enfatizado que estos crímenes no solo han causado un daño irreparable a las víctimas y sus familias, sino que también han generado un profundo impacto en las comunidades, alimentando la desconfianza y la división social.

Los imputados tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos en su contra y, de ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.