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Guerra de poderes políticos en la Asamblea del Magdalena
En los últimos meses, la Asamblea del Magdalena ha sido protagonista no por el control político ejercido por los diputados en beneficio de los magdalenenses, sino por la gran cantidad de demandas, tutelas y demás acciones legales interpuestas entre sus miembros. Este escenario refleja la intensa disputa de poderes al interior de la corporación.
Recientemente, tras una demanda presentada por la diputada María Margarita Guerra, el Tribunal Administrativo del Magdalena suspendió el acto de elección de la mesa directiva de la Asamblea del Magdalena para el periodo 2025.
Por: Arnol Sarmiento
Revuelo en la política del departamento del Magdalena. En las últimas horas se conoció que ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena fue presentada una demanda en contra de la diputada María Margarita Guerra Zúñiga, electa por el movimiento Fuerza Ciudadana. La demanda, que fue presentada por Juan Miguel Morales Acuña, busca la pérdida de investidura de la diputada por presuntas violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de su cargo.
El demandante alega que la diputada incurrió en irregularidades al celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales (contrato No. 0975) con la Gobernación del Magdalena, entre el 30 de agosto de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Según Morales Acuña, este contrato habría violado las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos.
Además, en la demanda se señala una segunda causal relacionada con el ejercicio de la diputada como Secretaria General de la Asamblea del Departamento del Magdalena. Según el documento, Guerra Zúñiga habría aceptado y ejercido dicho cargo en varias sesiones, incluyendo una sesión extraordinaria del 5 de marzo de 2024, otra del 15 de marzo del mismo año y una sesión virtual de instalación de sesiones extraordinarias el 16 de agosto de 2024. Estas acciones, según el demandante, violarían el numeral 1 del artículo 60 de la Ley 2200 de 2022, el artículo 50 numeral 1 de la misma ley y el artículo 291 de la Constitución Política de Colombia.
La diputada, quien fue declarada electa para el periodo constitucional 2024-2027, enfrenta ahora un proceso legal que podría poner en riesgo su investidura como diputada. Por el momento, se espera que el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena avance en el estudio de la demanda y decida si procede a admitirla o no. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre esta demanda.
