Escándalo por abusos en Jardín Canadá destapa el oscuro historial laboral del presunto agresor

Antes de ser denunciado por familias de al menos 12 menores en San Cristóbal, Freddy Castellanos ya había trabajado con niños en otras instituciones. Los primeros indicios salieron de los propios pequeños.

Lo que comenzó como un silencio doloroso en los pasillos del Jardín Infantil Canadá Sede F, en el suroriente de Bogotá, terminó convirtiéndose en una ola de indignación que hoy sacude a toda la ciudad. Freddy Arley Castellanos Velasco, el hombre que hoy enfrenta cargos por abuso sexual contra varios menores, fue descubierto gracias a los testimonios que los niños, con dificultad y temor, empezaron a expresar en casa.

Fueron las madres y padres quienes, alertados por los cambios en el comportamiento de sus hijos, empezaron a sospechar que algo no estaba bien. Con el tiempo, y a través del apoyo de psicólogos, los pequeños comenzaron a narrar lo que había ocurrido dentro de la institución educativa. Las acusaciones fueron contundentes y llevaron a que las familias interpusieran las primeras denuncias ante las autoridades.

La captura de Castellanos se dio tras varios días de investigaciones. En la audiencia celebrada en la URI de Ciudad Bolívar, un juez ordenó su reclusión en centro carcelario, recomendando su traslado a la cárcel La Modelo. Aunque la Fiscalía solo ha formalizado tres denuncias hasta el momento, fuentes cercanas al caso advierten que el número de víctimas podría ser mucho mayor.

Pero el horror no termina allí. Una revisión de su hoja de vida revela que antes de llegar al jardín infantil del ICBF en Villa Javier, Castellanos ya había trabajado en múltiples espacios con población infantil. Fue docente de danza en un colegio privado en La Calera, coordinador en una fundación infantil de Bogotá y miembro del equipo de al menos dos hogares infantiles también vinculados al ICBF.

La pregunta que ahora golpea con fuerza es cómo pudo moverse durante años entre instituciones dedicadas a la niñez sin que nadie encendiera las alarmas. Mientras tanto, las familias claman justicia y protección real para los menores, y exigen que se investigue si hubo omisión o negligencia institucional en los lugares donde Castellanos prestó sus servicios anteriormente.