Ante la Fiscalía fueron denunciados varios diputados del Magdalena

El denunciante, Rafael Rebolledo Gil, acusa a los diputados de desobedecer normas judiciales y exige la suspensión de dos contratos por $84 millones ligados a una de las denunciadas.

Por: Arnol Sarmiento

OPINIÓN CARIBE conoció en exclusiva una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por Rafael Rebolledo Gil, en la que se señala a varios diputados de la Asamblea Departamental del Magdalena por supuestas irregularidades en la convocatoria a sesiones ordinarias para la elección de la Mesa Directiva del período 2025, realizada en noviembre de 2024.

Según el documento, la denuncia se dirige especialmente contra los diputados Rosa Idalia Jiménez Rodríguez, Mallath Paola Martínez Cantillo y Alberto Mario Gutiérrez Uribe, quienes habrían convocado a sesión para el 18 de noviembre de 2024 sin autorización de la Plenaria, contraviniendo lo dispuesto en la Ordenanza de Reglamento No. 162 del 25 de diciembre de 2023.

“La convocatoria para elegir la nueva Mesa Directiva fue realizada por la presidenta de la Mesa Directiva y sus miembros, cuando esta facultad le corresponde exclusivamente a la Plenaria de la Asamblea”, argumentó Rebolledo en la denuncia.

El hecho motivó que el diputado Rafael Noya García interpusiera una acción de tutela por presunta violación al debido proceso. La tutela fue admitida, y el juez constitucional ordenó, como medida provisional, suspender las sesiones hasta que se emitiera un fallo definitivo.

Rebolledo Gil aseguró que las actuaciones de los diputados habrían vulnerado el correcto ejercicio de la función pública, señalando que actuaron en beneficio propio y en contra de las normas, desprestigiando la institucionalidad y desobedeciendo decisiones judiciales.

“Tenían plena conciencia de la ilicitud de su conducta y, aun así, optaron por desobedecer el ordenamiento jurídico”, agregó el denunciante.

En consecuencia, solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación penal contra los diputados mencionados, entre ellos Marta Liliana García Rivera, Candy Julieth Sánchez Vásquez, Amed José Zawady Pupo y Ángela María Cedeño Ruiz, por los presuntos delitos de fraude a resolución judicial, prevaricato por acción y omisión, y abuso de función pública.

Además, pidió como medida de restablecimiento del derecho la suspensión de dos contratos: Uno suscrito el 28 de febrero de 2025 con la entidad CARIBBEAN WEB por $45 millones. Otro del 4 de marzo del mismo año con la Fundación para el Desarrollo de Proyectos Productivos, Sociales y Ambientales por $39 millones.

La denuncia se encuentra en curso, a la espera de que la Fiscalía determine si existen méritos para vincular penalmente a los señalados.