La gobernanza de un GAO que impone “justicia” en Santa Marta

Santa Marta no puede seguir siendo una ciudad sitiada, amenazada y controlada por grupos armados ilegales, mientras la institucionalidad guarda silencio y muestra resultados mediocres en materia de seguridad y paz. Es momento de que el Gobierno Nacional ponga la lupa e investigue a quienes han permitido que las estructuras criminales suplanten al Estado.

Santa Marta atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. El incremento de homicidios, extorsiones y la aparente débil presencia institucional han permitido que grupos armados ilegales, como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), impongan una “justicia” paralela que sustituye al Estado. Esto se hace evidente en videos, testimonios y hechos que circulan en redes sociales, y deja al descubierto el poder que esta organización ilegal ostenta en la ciudad.

Videos y “capturas” difundidas en redes

En los últimos días se difundieron grabaciones en las que supuestos delincuentes y personas involucradas en riñas son retenidas por integrantes de las ACSN. En los videos, los “capturados” aparecen confesando sus actos y declarando que “los Conquistadores de la Sierra me perdonaron la vida”. Aunque no son entregados a la Policía, sí son multados o forzados a cumplir trabajos comunitarios, como si se tratara de sanciones impuestas por un tribunal paralela a la ley constitucional.

El fenómeno no es nuevo. Meses atrás, el mismo grupo armado detuvo a jóvenes que señalaban como miembros del Clan del Golfo y los entregó a la Defensoría del Pueblo en la parte alta de la Sierra Nevada. El hecho fue presentado por la organización como un gesto de “voluntad de paz”, pero también evidenció la autoatribución de autoridad que desafía directamente al Estado de derecho.

Extorsión y control económico

La situación preocupa a ciudadanos, gremios económicos y líderes comunitarios, pues las ACSN no solo intervienen en temas de seguridad. Su poder se extiende a las economías locales. Comerciantes, transportadores y prestadores de servicios turísticos denuncian, aunque en voz baja por temor a represalias, que deben pagar cuotas de extorsión diarias, semanales o mensuales. Quien se niega queda expuesto a amenazas o represalias violentas.

Un “secreto a voces” en Santa Marta

Lo más alarmante es el silencio institucional. Pese a las pruebas que circulan en medios y redes sociales, no se conocen pronunciamientos contundentes de las autoridades locales ni acciones de fondo para frenar este fenómeno. Mientras tanto, la percepción ciudadana es clara: los grupos armados imponen el orden en los barrios, deciden qué delitos se castigan y controlan quién puede o no trabajar en el comercio y el turismo.

Este vacío de autoridad no es reciente. Santa Marta arrastra décadas de violencia e influencia de organizaciones criminales, pero lo que hoy ocurre con las ACSN refleja un nivel de control abierto y desafiante. La pregunta que se repite en las calles es inevitable: ¿qué ha hecho la institucionalidad para recuperar el mando en la ciudad?

La respuesta sigue ausente y, con ello, crece la desconfianza ciudadana. Lo más grave es la normalización del miedo y la aceptación de la autoridad de un grupo armado que impone las reglas bajo la consigna “aquí mando yo”.

Llamado a la institucionalidad nacional

La gravedad del escenario exige acciones inmediatas. Sectores sociales y económicos llaman al Gobierno Nacional a intervenir de manera urgente con medidas penales, estrategias de protección comunitaria y una política de choque que permita recuperar la autoridad en barrios, comercios y corredores turísticos de Santa Marta.

Es momento de que el Gobierno Nacional ponga la lupa sobre las autoridades de Santa Marta, en especial sobre los funcionarios responsables de la seguridad y sobre quienes tienen el deber institucional de proteger a las comunidades. No puede seguir ocurriendo que la institucionalidad sea reemplazada por bandas criminales.

Ya basta de silencio, Santa Marta no puede continuar siendo una ciudad sitiada. La población exige resultados concretos y sanciones ejemplares contra quienes han permitido que las estructuras ilegales suplanten al Estado.