Procuraduría abre actuación preventiva por grave vulneración de derechos del pueblo Arhuaco

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, inició una actuación preventiva ante la crítica situación que enfrenta el Pueblo Arhuaco (IKU), tras constatar en terreno la interrupción de múltiples servicios esenciales que afectan gravemente sus derechos fundamentales.

Durante una visita técnica de verificación, el Ministerio Público identificó afectaciones severas en salud, educación, alimentación, agua potable, saneamiento básico y gobernanza comunitaria. Estas problemáticas se derivan de la suspensión del registro del representante legal del pueblo desde 2021, lo que ha paralizado la ejecución de recursos públicos y la prestación de servicios básicos.

Entre las situaciones evidenciadas se recibió información que más de 2.000 mujeres gestantes no han podido tener accesos a atención a programas de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) más de 5.000 niños sin garantía de alimentación diferencial, más de 500 jóvenes que no han podido ingresar a programas de becas y estudios superiores por no estar certificados, así como niños recién nacidos que no cuentan con su registro, entre otras situaciones de riesgo inminente.

Ante este panorama, la Procuraduría requirió a entidades nacionales y territoriales, incluidos los ministerios del Interior, Hacienda, Salud, Educación, Vivienda, el DNP, el ICBF, las gobernaciones de Cesar, Magdalena y La Guajira, y los municipios con presencia del pueblo Arhuaco, para que informen sobre las acciones inmediatas adoptadas para proteger a la comunidad y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

El órgano de control enfatizó que esta situación representa una vulneración directa al goce efectivo de derechos fundamentales, especialmente de niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes y adultos mayores. Reiteró que las entidades del Estado deben garantizar, sin dilaciones administrativas, el acceso a salud, educación, agua potable y alimentación, conforme a los principios de progresividad, no regresividad y enfoque diferencial.

La Procuraduría anunció que mantendrá presencia activa en el territorio y realizará seguimiento permanente a las respuestas institucionales, con el fin de asegurar acciones efectivas e interinstitucionales que conduzcan a la protección integral del Pueblo Arhuaco.

Finalmente, recordó que la función preventiva no exime la responsabilidad de las entidades públicas ni de sus funcionarios, y que se evaluará la pertinencia de acciones disciplinarias o de intervención en caso de verificarse incumplimientos en la garantía de derechos de las comunidades indígenas.