Rafael Noya busca abrir un nuevo capítulo político en el Magdalena tras romper con Fuerza Ciudadana

Su plataforma programática, distribuida en seis ejes, aborda servicios esenciales, infraestructura, ambiente, agua potable, seguridad y gobernanza moderna. El proyecto, según sus palabras, busca reorganizar prioridades del departamento y fortalecer la capacidad institucional, en un momento en que el Magdalena redefine sus equilibrios políticos.

Rafael Emilio Noya García es administrador de empresas y una de las figuras que, en la última década, ha transitado por distintos espacios de la política magdalenense. Nacido en Santa Marta, inició su carrera en el Partido Liberal, donde participó en estructuras barriales y equipos de base antes de dar el salto a su primera plataforma de proyección departamental.

Ese tránsito ocurrió cuando ingresó a Fuerza Ciudadana, movimiento con el que alcanzó una curul en la Asamblea del Magdalena. Desde allí participó en debates sobre servicios públicos, educación, control presupuestal y gestión administrativa. Su presencia en la corporación le permitió consolidar visibilidad y situarse entre las voces jóvenes del movimiento. Sin embargo, las tensiones con la dirigencia fueron en aumento. Según su propia versión, existían desacuerdos sobre la forma en que se tomaban decisiones internas y sobre el margen que tenían los dirigentes territoriales para fijar posturas públicas.

La ruptura se formalizó de manera abierta. Noya cuestionó la estructura interna de Fuerza Ciudadana y afirmó que el movimiento operaba con un modelo de dirección vertical. La colectividad respondió señalándolo de oportunismo y anunció gestiones para retirarle la curul obtenida bajo su aval. Ese episodio profundizó el distanciamiento y redefinió el lugar que ocupaba dentro del escenario político departamental.

Después de ese quiebre, Noya proyectó una agenda independiente y más adelante formalizó su candidatura a la Gobernación del Magdalena para el periodo 2025–2027. Durante la conformación de su campaña recibió adhesiones de varios sectores, entre ellos el Pacto Histórico, lo que —según su equipo— constituye un respaldo indirecto del presidente Gustavo Petro al sumarse una de las coaliciones más cercanas al Gobierno nacional. Con ese impulso, su aspiración tomó forma como una opción que combina experiencia legislativa, trayectoria administrativa y una propuesta programática centrada en el orden institucional y el desarrollo territorial.

Su plan de gobierno, titulado “En el Magdalena Cabemos Todos”, organiza las prioridades de gestión en seis ejes principales. El primero, Bienestar Social y más oportunidades para todos, reúne políticas de salud, educación, primera infancia, cultura y deporte. Allí se plantea ampliar coberturas, mejorar la calidad de atención y fortalecer servicios esenciales en municipios con mayores brechas sociales. El documento integra además un enfoque poblacional que busca atender necesidades diferenciadas de jóvenes, mujeres, infancia y adultos mayores.

Otra línea programática relevante es Infraestructura y desarrollo económico, que propone mejorar la red vial secundaria y terciaria, impulsar centros agroindustriales, fortalecer la economía campesina y consolidar proyectos logísticos que articulen las subregiones. También incorpora estrategias para dinamizar el turismo, promover emprendimientos y crear condiciones para el crecimiento empresarial.

El componente de Gestión ambiental y cambio climático incluye acciones de restauración ecológica, ordenamiento de cuencas, protección de ecosistemas estratégicos y fortalecimiento de la gobernanza ambiental. Estas medidas se complementan con iniciativas de educación ambiental y programas destinados a reducir impactos asociados al uso de recursos naturales.

En el eje de Agua y saneamiento básico, el programa busca ampliar el acceso a agua potable, implementar soluciones de saneamiento en zonas rurales y mejorar la gestión de residuos. El texto enfatiza que este componente es prioritario en municipios con rezagos históricos tanto en cobertura como en calidad del servicio.

Dentro de Seguridad y convivencia ciudadana, el plan propone mayor presencia institucional en sectores críticos, coordinación interinstitucional, prevención social del delito y acciones focalizadas contra economías ilegales. También contempla estrategias para fortalecer la convivencia comunitaria a través de programas sociales y mecanismos de mediación local.

Finalmente, Gobernanza, planeación y gestión territorial plantea una administración pública orientada a la transparencia, el uso de tecnologías, la descentralización y la participación ciudadana. La propuesta integra lineamientos de gobierno abierto, lucha contra la corrupción y asistencia técnica a los municipios en procesos de planeación, además de mecanismos para articular los planes locales con las metas de desarrollo departamental.

Noya sostiene que cada inversión pública debe traducirse en mejoras medibles en infraestructura, servicios y oportunidades económicas, articuladas con la planeación regional y con los gobiernos municipales. Con esta combinación de trayectoria política, ruptura con su antiguo movimiento, respaldo de una coalición nacional y un plan de gobierno estructurado en seis ejes, se presenta como una de las opciones que disputan el rumbo institucional del Magdalena en un escenario de recomposición política departamental.