Tutela busca frenar aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno

Una acción de tutela presentada ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Bogotá busca suspender provisionalmente los efectos de los decretos que fijaron el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) y el auxilio de transporte para 2026, decretados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro con un incremento del 23,78%, uno de los más altos en la última década.

La tutela fue interpuesta por Alexander Donato Rondón, representado legalmente por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo. El recurso judicial está dirigido contra la Nación, la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El documento sostiene que los decretos 1469 y 1470 de 2025 vulneran el derecho fundamental al debido proceso y desconocen el mandato constitucional de concertación tripartita, que exige al Ejecutivo buscar acuerdos con empleadores y trabajadores antes de fijar el salario mínimo por decreto. Según el accionante, el Gobierno adoptó la medida sin una evaluación técnica suficiente sobre su impacto económico y social.

Entre los argumentos presentados, se advierte que el aumento salarial podría generar “graves efectos inmediatos” sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), los pequeños negocios y los trabajadores informales. El escrito señala que muchas de estas unidades productivas no podrían sostener sus estructuras de costos sin recurrir a despidos, reducción de jornadas o incluso cierres definitivos.

La tutela solicita al juez constitucional suspender temporalmente los efectos de los decretos mientras se toma una decisión de fondo. Esta medida, según el apoderado, es urgente y necesaria para evitar un perjuicio irremediable, dado que los decretos comenzaron a regir desde el 1.º de enero de 2026.