Los cabecillas criminales ‘Digno’, ‘Castor’ y ‘Negro Ober’ llegarían a cárceles de Barranquilla

Preocupación y rechazo han generado en Barranquilla los anuncios sobre el traslado de reconocidos jefes de bandas criminales a centros penitenciarios ubicados en la capital del Atlántico, una decisión adoptada por el Gobierno nacional que ha sido duramente cuestionada por las autoridades locales.

De acuerdo con la información conocida, entre los delincuentes que serían enviados a cárceles de Barranquilla figuran peligrosos cabecillas identificados con los alias de ‘Digno’, ‘Castor’ y ‘Negro Ober’, además de otros integrantes de estructuras criminales dedicadas principalmente a la extorsión, el sicariato y el control ilegal de economías locales.

El anuncio provocó un pronunciamiento contundente del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien cuestionó que, en lugar de reforzar la seguridad y el pie de fuerza en la ciudad, se opte por trasladar a criminales de alto perfil a cárceles que —según advirtió— no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para albergar este tipo de internos.

El mandatario distrital señaló que la medida desconoce el dolor de las víctimas de la extorsión, muchas de las cuales han perdido a familiares o se han visto obligadas a cerrar sus negocios por las amenazas de estos grupos delincuenciales. Asimismo, recordó que el Distrito ha realizado inversiones superiores a los 150 mil millones de pesos en seguridad, con recursos propios, logrando avances importantes en la reducción de la criminalidad.

Char también alertó sobre el impacto que estos traslados podrían tener en un momento clave para la ciudad, cuando Barranquilla se prepara para recibir a miles de turistas con motivo del Carnaval, la principal fiesta cultural del país. En ese sentido, advirtió que cualquier afectación al orden público derivada de esta decisión será responsabilidad del manejo que el Gobierno nacional viene dando a la denominada “Paz Urbana”, la cual —afirmó— no cuenta con un marco jurídico sólido.

Finalmente, el alcalde exigió que las decisiones en materia de seguridad sean adoptadas de manera concertada con las autoridades locales y departamentales, y anunció la convocatoria a una reunión urgente con los entes de control, representantes de las víctimas, gremios, la academia, el gobernador del Atlántico y el Ministerio Público para evaluar los riesgos y alcances de esta medida.