Soldado invisible: Entre el olvido histórico y el reconocimiento pendiente.

Por: Pedro Luis González Escorcia.

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Durante más de un siglo ha sido común ver a las dirigencias políticas de Colombia enorgullecerse del valor patriótico de las fuerzas militares, siempre reforzando su entrega a la bandera tricolor y al honor del escudo. Así ha sido: palabras, discursos ante la plebe, pero los hechos son otra historia. No se encuentran registros de que las palabras hayan sido seguidas por acciones.

“He combatido en tres guerras. Pensé que nada me faltaba por ver en el campo del heroísmo y de la intrepidez humana. ¡Pero me faltaba ver combatir al batallón Colombia!”.

Esas fueron las palabras del Mayor General Blackshear Bryan, al referirse a los casi 5.000 soldados que el 16 de junio de 1951 fueron enviados a 15.000 kilómetros de distancia a pelear una guerra que no era la suya, a combatir por los intereses de potencias que nada tenían que ver con su patria. A solicitud del gobierno de los Estados Unidos y de la ONU, el presidente de Colombia Laureano Gómez —para lavar su evidente imagen de nazi y antijudío— accedió al pedido y envió a miles de veinteañeros de su empobrecido país a Corea del Sur para que se enfrentasen contra los coreanos comunistas, chinos y soviéticos. 149 de ellos perecieron en el campo de batalla y otros 69 fueron catalogados como desaparecidos; es decir, hasta la fecha actual se desconoce el paradero de sus restos mortales. Actualmente sobreviven entre 150 y 200 abuelos nonagenarios que son la memoria viva de lo ocurrido, memoria de la que no gozó el estado que los mandó a la máquina trituradora de vidas que es la guerra. Estos hombres, ofendidos por la indignación que causa el olvido, tuvieron que esperar medio siglo para que, por medio de la Ley 683 de 2001, se les fuese reconocida su valía. Esta norma les permitió hacerse beneficiarios de una pensión de dos salarios mínimos para aquellos que demostrasen pobreza extrema, indigencia o estar cesantes. Un aliciente para tanta infamia. La mayoría de estos héroes murieron en la pobreza y la indigencia; muchos fueron internados en hospitales psiquiátricos debido al estrés postraumático, escuchando día y noche las metrallas, los morteros, los gritos de horror, viendo en sus pies la sangre vertida en esa tierra ajena y lejana.

No es una diatriba ni un argumento político-ideológico sostener que en Colombia la guerra la luchan los pobres; no es falaz asegurar que sí es cierto que las fértiles tierras colombianas están abonadas, en gran parte, por un inmenso cementerio de huesos de jóvenes golpeados por la vida y por el sistema que los obliga a dar su vida a cambio de nada. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1958 a julio de 2018 han perdido la vida 46.813 combatientes entre fuerzas armadas y la muy diversa insurgencia. Para el 2021, el ejército desarrolló un informe donde aseguró que los soldados muertos en combate fueron 18.841. La mayoría conformada por jóvenes pobres, así lo expuso el medio de información Las 2 Orillas, citando a la Defensoría del Pueblo, en un artículo de 2015 sostuvo que, de los más de cien mil soldados del ejército de la época, el 80% pertenecían a los estratos 0, 1 y 2; el 19,5% a la clase media, 3 y 4; y solo el 0,5% correspondía a los estratos altos. Sí, en Colombia los muertos los ponen los pobres. Dato mata relato.

En un foro por el NO en el plebiscito sobre el acuerdo de paz de 2016, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal dijo:

“Es que el ejército no está para ser damas rosadas, el ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar”.

Alardeaba de la capacidad destructiva, olvidando a las personas detrás de los fusiles, con toda la tranquilidad que da el saber que sus hijos nunca conformarán ninguna tropa que vaya a asesinar a nadie; que el único contacto que han tenido sus vástagos con arma de fuego alguna ha sido jugar tiro al blanco con la dotación de sus guardaespaldas. Es fácil hablar de guerra cuando no son los hijos propios los que deben cargar con esa responsabilidad. Los hijos de los ministros, de los altos cargos del estado, no van a la guerra, no disparan las balas destinadas a acabar con la vida de otro, no sufrirán estrés postraumático, no conocen la necesidad que genera la pobreza. Desde la comodidad de sus poltronas, azuzan acciones bélicas, estando seguros de que no sufrirán las consecuencias.

Pero no hay mal que dure cien años. Los soldados colombianos, con las reformas del gobierno actual, han visto cómo su calidad de vida, y por ende la de sus familias, ha ido en aumento. Mediante el decreto 1557 de 2023, los soldados bachilleres pasaron de recibir la muy triste pero reconocida bonificación del 30% del salario a un 50%; posteriormente, con la ley 2384 de 2024, el incremento se estableció en un 70%, para finalmente establecerse en un 100% para el 2026. Hoy los héroes jóvenes de la patria devengan un salario mínimo por el riesgo máximo de exponer sus vidas en un país violento como Colombia. Aunado al histórico incremento de la bonificación, el gobierno decidió invertir 600 mil millones en el bienestar de las tropas, aumentando en un 57,8% la partida de alimentación que les cobija desayuno, almuerzo y cena, lo que significó más proteína en los platos de los jóvenes soldados. Así lo sostuvo el exministro de defensa Velásquez en un debate citado ante el congreso que buscaba moción de censura en su contra, donde también aseguró que ya contaban con los recursos para construir un centro recreacional en donde los miembros de la fuerza pública y sus familias puedan divertirse con los suyos. Un soldado no solo sirve para matar, sino también para sonreír y vivir. Todo lo anterior sin mencionar las políticas destinadas a la educación de los soldados y policías; aumentar su nivel de escolaridad es una de las metas a alcanzar.

Las fuerzas armadas han estado siempre disponibles a defender los intereses nacionales como se los ordena la constitución y la ley. En los lugares más recónditos de la extensa geografía que juraron proteger, rodeados muchas veces por insurgentes que buscan eliminarlos a como dé lugar, miles han dado su vida; muchos más han quedado mutilados por bombas o minas antipersona. Es justo, a toda luz de la razón y el sentido común, reconocerles su valía mediante un trato digno y humano; que cada joven se sienta orgulloso de pertenecer a su institución y que se sienta reconocido por su alto sacrificio, que es lo que significa prestar su cuerpo en el servicio militar colombiano, donde las probabilidades de morir en combate haciendo frente a los innumerables grupos insurgentes y clanes del narcotráfico son bastante altas.

Adenda:

Esta columna reconoce y repudia las graves violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y demás crímenes cometidos por algunos miembros de las fuerzas armadas a lo largo de nuestra historia. La justicia debe hacer lo propio con estos actos. El propósito aquí es diferente: rendir homenaje al soldado profesional que, con verdadera vocación de servicio, arriesga su vida cumpliendo el juramento de proteger a los ciudadanos. Va dirigida a esos héroes anónimos, no a quienes traicionaron su uniforme