Connect with us

Metrópolis

Comunidades levantan paro cívico en el sector El Zaino tras mesa de diálogo con autoridades

Published

on

En el marco de un paro cívico que mantenía bloqueada la Troncal del Caribe en el sector de El Zaino, entrada al Parque Tayrona, la Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto de la Alcaldía de Santa Marta lideró una mesa de trabajo interinstitucional con el objetivo de atender las denuncias formuladas por comunidades campesinas y actores turísticos de la zona.

La reunión se llevó a cabo el 2 de mayo de 2026, entre la 1:15 p.m. y las 3:23 p.m., en el restaurante El Arca, con la participación de representantes de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, fuerza pública, autoridades distritales y voceros de las comunidades.

El encuentro tuvo como propósito atender las denuncias relacionadas con presuntos casos de uso desproporcionado de la fuerza pública ocurridos el 9 de marzo, 25 de marzo y 1 de mayo de 2026, con el fin de establecer compromisos concretos de investigación, reparación y garantías de no repetición, así como restablecer la confianza entre las instituciones del Estado y los territorios afectados.

Durante la instalación de la mesa se expuso que el paro cívico fue motivado por tres incidentes registrados en la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta. El primero ocurrió el 9 de marzo en el sector de Río Viejo, trocha Machete Pelao – La Guacatera, donde, según lo denunciado, una unidad del Ejército Nacional habría dejado una persona herida con arma de fuego mientras transportaba cemento para placas huellas, además de un adolescente de 17 años que presuntamente fue golpeado, amenazado y silenciado para que no relatara lo ocurrido.

El segundo hecho se registró el 25 de marzo frente a la entrada del Parque Nacional Natural Tayrona, donde la comunidad denunció la detonación de un arma referida como M-60 por parte de un patrullero, situación que habría generado riesgo para líderes sociales, turistas, trabajadores, conductores y establecimientos comerciales del sector.

El tercer caso tuvo lugar el 1 de mayo, Día del Trabajo, en la entrada al Parque Tayrona, sector Aguas Frías – Cañaveral, donde el conductor civil Mario Alberto Arévalo Pedraza, miembro de la comunidad, habría recibido disparos de alto calibre al no detenerse en un retén.

En el desarrollo de la mesa, las comunidades, representadas por líderes como Baudilio Valencia, Alex Pinzón, Santiago Pertúz y Óscar Uribe, presentaron sus peticiones relacionadas con la necesidad de investigar los hechos, garantizar el respeto irrestricto al debido proceso en los operativos de la fuerza pública, evitar la estigmatización de las comunidades, asegurar garantías de no repetición y promover una presencia institucional acompañada de oferta social.

Asimismo, solicitaron el inicio formal de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, la adopción de medidas de protección para líderes sociales, la posible remoción de uniformados implicados, la revisión del uso de armamento pesado en el área del Parque Tayrona y el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado en la región.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado formal a la no repetición de los hechos denunciados y solicitó su inclusión en el mecanismo de seguimiento de los compromisos adoptados. El secretario de Gobierno de Santa Marta reconoció la reincidencia de este tipo de situaciones en la zona, identificó una brecha entre la fuerza pública y las comunidades por falta de sensibilización y calificó como injustificable el evento ocurrido el 1 de mayo.

Desde la fuerza pública, el coronel Vargas informó que ya se encuentra en curso una investigación disciplinaria interna por los hechos expuestos, así como investigaciones penales adelantadas por el CTI. También expresó la disposición institucional para esclarecer los hechos, fortalecer la formación en derechos humanos y evaluar solicitudes como la reubicación de armamento pesado en el área, además de atender denuncias relacionadas con la atención brindada a través de la línea 123.

La Defensoría del Pueblo informó que programó una reunión con comandantes de la Policía y comunidades del sector para el 4 de mayo de 2026 en la estación de Buritaca, y anunció que recibirá declaraciones de las personas afectadas para avanzar en los procesos correspondientes.

Como resultado de la mesa, se acordó elevar formalmente ante la Fiscalía General de la Nación las denuncias relacionadas con los hechos del 9 de marzo, 25 de marzo y 1 de mayo en un plazo de una semana. Asimismo, se definió un mecanismo de seguimiento liderado por la Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto, con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y reporte permanente a las comunidades.

Igualmente, las entidades de control, como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Provincial de Santa Marta, acompañarán el cumplimiento de los compromisos y las investigaciones derivadas de las denuncias, mientras que las comunidades se comprometieron a participar en los espacios de seguimiento previamente concertados.

La mesa de trabajo concluyó con la validación de los acuerdos y la programación de una nueva reunión de seguimiento para el martes 5 de mayo de 2026 a las 2:00 p.m. en el restaurante El Arca, en el Parque Tayrona.

Tras la finalización del encuentro y la adopción de los compromisos, las comunidades decidieron levantar el paro cívico y habilitar nuevamente el tránsito en la Troncal del Caribe, manteniendo el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos alcanzados.