¿Y Santa Marta y el Magdalena qué, presidente electo?

Por Víctor Rodríguez Fajardo – Man del Sombrero

Abelardo de la Espriella anunció que el 7 de agosto firmará el decreto para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia que busca enfrentar la extorsión, los atracos y los homicidios mediante coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales. En su primer llamado, mencionó a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

No mencionó a Santa Marta. No mencionó al Magdalena.

Hasta ahí, bien. Muy bien, incluso. Colombia está cansada de vivir entre el miedo, la vacuna, el atraco y la amenaza. La gente de a pie no aguanta más. El comerciante no quiere seguir pagando para trabajar. El transportador no quiere manejar con el alma en la mano. El ciudadano no quiere salir calculando si vuelve vivo a la casa.

Pero en Santa Marta y el Magdalena quedó sonando una pregunta incómoda:

¿Y nosotros qué, presidente electo?

Porque Santa Marta y el Magdalena no son el patio trasero de la seguridad nacional. Somos la puerta del Caribe. Y una puerta no se deja abierta cuando los bandidos conocen la cerradura.

Si hay un territorio donde la seguridad dejó de ser un problema urbano y se convirtió en un asunto estratégico nacional, ese es el Magdalena. Aquí convergen la Sierra Nevada, la Troncal del Caribe, los puertos, el turismo, las zonas rurales y rutas que las organizaciones criminales explotan.

Esto no es una pelea de barrio. Esto no es un problema de esquina. Esto no es una estadística fría en un escritorio de Bogotá.

Esto es control territorial. Esto es extorsión. Esto es homicidio. Esto es miedo metido en la vida diaria.

Las cifras hablan duro. Según Opinión Caribe, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 fueron asesinadas 261 personas en 23 municipios del Magdalena. Santa Marta registró 60 homicidios en ese mismo semestre. Sí, hubo reducción frente a los 89 casos del mismo periodo de 2025, pero 60 homicidios en seis meses significan que, en promedio, en Santa Marta mataron a una persona cada tres días.

¿Eso no alcanza para sentarse en la mesa?

¿Eso no es suficiente para prender las alarmas?

¿Eso no merece que el alcalde de Santa Marta y el gobernador del Magdalena sean convocados desde el primer día?

Aquí no estamos pidiendo corona.

Estamos pidiendo coherencia.

Si el nuevo gobierno dice que va a recuperar el control del territorio, el Magdalena no puede aparecer como actor de reparto. No puede ser importante para el turismo, los puertos, las fotos y los votos, pero invisible al hablar de extorsión y homicidios.

Eso no cuadra.

Y la calle lo sabe.

La frase se escucha en tiendas, buses, barrios y esquinas:

“Queremos trabajar sin pagar vacuna y volver vivos a la casa.”

Esto no lo dice un burócrata. Lo dice el tendero que baja la voz al hablar de los bandidos. Lo dice la madre que espera que su hijo llegue vivo. Lo sabe Santa Marta. Lo sabe la Sierra. Lo sabe todo el Magdalena.

La inseguridad en el Magdalena no se queda ahí. Golpea el turismo, el comercio y la seguridad del Caribe colombiano. Cuando la puerta del Caribe queda débil, no pierde solo Santa Marta; pierde Colombia.

En 2024, Santa Marta registró 208 homicidios y fue la tercera ciudad con mayor tasa de muertes violentas entre 23 capitales, según el Informe de Calidad de Vida citado por Opinión Caribe. Ese mismo reporte registró 142 casos de extorsión y señaló que Santa Marta lideró la tasa de extorsión en la Región Caribe, con 21,8 casos por cada 100.000 habitantes.

Entonces, no, presidente electo.

No basta con decir que se va a combatir la extorsión y el homicidio si uno de los territorios más sensibles del Caribe queda por fuera del primer llamado. No basta con rugir en las grandes capitales. Hay que rugir donde el crimen está mordiendo.

Y en el Magdalena está mordiendo hace rato.

Este reclamo no puede quedarse en queja. Tiene que convertirse en decisión.

Incluyan de inmediato a Santa Marta y al Magdalena en el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana.

Instalen una mesa especial para la puerta del Caribe, con Alcaldía, Gobernación, Policía, Ejército, Fiscalía, GAULA, autoridades portuarias, comerciantes, transportadores, hoteleros y líderes comunitarios.

Activen un plan de choque contra la extorsión, con denuncia segura, inteligencia financiera y protección real al que se atreva a denunciar.

Intervengan los corredores críticos: la Troncal del Caribe, la zona portuaria, los accesos a la Sierra, Ciénaga, Zona Bananera, Fundación, Aracataca y los puntos donde el crimen se mueve como dueño de casa.

Combinen seguridad con prevención. Esto no se arregla solo con patrullas y discursos. También se necesitan oportunidades para jóvenes en riesgo, recuperación de entornos, deporte, cultura, empleo, escuela y presencia institucional permanente.

No visitas de foto; presencia de verdad.

Y rindan cuentas cada 30 días.

Con cifras. Con capturas. Con condenas. Con barrios recuperados.

Porque de discursos ya estamos llenos.

Pero hay otra conversación que Santa Marta no puede seguir esquivando: la de los capitales raros. La de los lujos sin historia. La de las fachadas limpias de negocios sucios. La de la prosperidad repentina que nadie sabe explicar. La de las torres del corone, esa marca del universo de El Man del Sombrero para nombrar lo que muchos murmuran y pocos se atreven a decir: el domicilio de la corrupción de cuello blanco.

No hablamos de un edificio específico.

Hablamos de un fenómeno.

Hablamos de esa riqueza de oscuro origen que brota en medio de la política parroquial: el contrato amarrado, el favor cobrado, el puesto repartido, el negocio inflado, el lavado de activos, el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla o cualquier economía torcida que encuentre padrino y protección.

En la política parroquial, el crimen no siempre llega disparando.

A veces llega sonriendo.

Llega con corbata, contrato, recomendación y discurso de progreso. Y mientras el ciudadano común vive encerrado, otros convierten la ciudad en botín.

No solo hay que perseguir al ladrón de esquina.

También hay que mirar hacia arriba.

A las fortunas sin historia. A los negocios inflados. A los silencios comprados. A los que se pasean tranquilos mientras la ciudad paga el miedo.

En la calle lo dicen con una frase dura: en Santa Marta sigue lloviendo coca, aun en temporada de sequía.

Y si eso lo sabe la calle, también debería saberlo el Estado.

Por eso este debate no es cosmético. Es de fondo. No se trata solo de poner más patrullas. Se trata de cerrarles el paso a los que intimidan en los barrios, a los que lavan en silencio, a los que compran impunidad y a los que convirtieron el miedo en negocio.

Presidente electo: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga necesitan respuestas. Nadie discute eso.

Pero Santa Marta y el Magdalena también.

La seguridad no puede diseñarse con un mapa mocho.

No se puede hablar de recuperar el país dejando por fuera la puerta del Caribe.

No se puede prometer mano firme contra el crimen y empezar olvidando un territorio donde la extorsión y las estructuras ilegales llevan años haciendo de las suyas.

El 7 de agosto comenzará una nueva etapa. Ojalá esta omisión haya sido simplemente eso: una omisión. Pero todavía hay tiempo de corregir.

La petición es concreta:

Convoquen a Santa Marta.

Convoquen al Magdalena.

Escuchen al territorio.

Miren el mapa completo.

Porque aquí no estamos llorando por figurar.

Estamos exigiendo que se proteja la vida.

Y porque firme por la patria también es firme por Santa Marta.

Si el Tigre solo ruge donde hay reflectores, el crimen no maúlla: manda en silencio en la puerta del Caribe.

Y esta puerta, presidente electo, no aguanta otra noche sin llave.