La carne de Fundación: Una sentencia que exige respuestas

Un fallo judicial ordenó ejercer controles efectivos sobre el transporte, almacenamiento y expendio de carne y productos cárnicos en Fundación. Tres años después, corresponde establecer documentalmente qué se ha cumplido. Opinión Caribe no encontró evidencia que permita afirmar que las actuales autoridades hayan sido declaradas en desacato.

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

Una sentencia judicial mantiene vigente una obligación directamente relacionada con la salud pública en Fundación: ejercer inspección, vigilancia y control sanitario sobre la carne y los productos cárnicos destinados al consumo humano.

El caso se originó en una acción popular promovida en 2016 por la Procuraduría y quedó identificado con el radicado 47-001-3333-006-2016-00209-00.

El 10 de octubre de 2023, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta profirió sentencia dentro del proceso y estableció obligaciones relacionadas con el control sanitario de la cadena cárnica en el municipio.

¿QUÉ ORDENÓ LA JUSTICIA?

La decisión judicial ordenó ejercer efectivamente las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el transporte, almacenamiento y expendio de carne y productos cárnicos comestibles.

Estas competencias también están contempladas en el Decreto 1500 de 2007, que regula el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de estos productos destinados al consumo humano.

La sentencia, además, dispuso compulsar copias a la Procuraduría Regional del Magdalena para que determinara, dentro de sus competencias, eventuales responsabilidades relacionadas con las omisiones examinadas durante el proceso.

Esto requiere una precisión: compulsar copias no equivale a una sanción ni permite atribuir automáticamente responsabilidad disciplinaria a persona alguna.

LA SENTENCIA SIGUE OBLIGANDO A LAS INSTITUCIONES

La administración que gobernaba Fundación cuando fue proferido el fallo no es la misma de hoy.

Actualmente, Luz Helena Andrade Campo ejerce como alcaldesa de Fundación y Minerva Quesada Linares está al frente de la Secretaría de Salud municipal. En el nivel departamental, Margarita Guerra es gobernadora del Magdalena y Magda Alarcón ejerce como secretaria de Salud Departamental.

El cambio de administración no extingue las obligaciones institucionales derivadas de una sentencia judicial. Corresponde a las entidades competentes acreditar las actuaciones adelantadas para su cumplimiento.

Eso, sin embargo, tampoco permite trasladar automáticamente a los actuales funcionarios responsabilidades personales por actuaciones u omisiones anteriores a su posesión.

NO HAY BASE PARA AFIRMAR QUE ESTÉN EN DESACATO

Este es un punto fundamental.

Opinión Caribe revisó la información disponible sobre el proceso y no encontró una providencia judicial que permita afirmar que Luz Helena Andrade, Minerva Quesada, Magda Alarcón o Margarita Guerra hayan sido declaradas en desacato dentro de esta acción popular.

Por esa razón, Opinión Caribe no las presenta como responsables de desacato.

Tampoco existen elementos suficientes, hasta ahora, para afirmar periodísticamente que las actuales administraciones hayan mantenido una “inacción total”.

Una cosa es cuestionar el cumplimiento de una sentencia y otra muy distinta afirmar que existe desacato o responsabilidad personal. Esto último exige soporte judicial.

¿QUÉ SE HA CUMPLIDO?

Esa es ahora la pregunta.

Las autoridades competentes deben poder acreditar qué controles han realizado sobre el transporte, almacenamiento y expendio de carne; cuántas inspecciones han practicado; qué medidas sanitarias han adoptado cuando haya sido necesario y qué informes de cumplimiento han presentado ante el juzgado.

También debe establecerse qué ocurrió con las copias enviadas a la Procuraduría y si después de la sentencia se han producido nuevas actuaciones judiciales relacionadas con su cumplimiento.

Opinión Caribe tampoco presenta como hecho comprobado que actualmente se comercialice de manera cotidiana en Fundación carne proveniente del sacrificio clandestino, sin cadena de frío o transportada en vehículos no autorizados.

Son señalamientos graves que requieren evidencia actual, verificable y contrastada antes de ser presentados como hechos.

VOCES CONSULTADAS Y PENDIENTES

Opinión Caribe deja abiertas sus páginas a la Alcaldía de Fundación, la Secretaría de Salud municipal, la Gobernación del Magdalena, la Secretaría de Salud Departamental, el Invima y la Procuraduría para que informen qué actuaciones han desarrollado dentro de sus competencias y aporten los documentos que permitan establecer el estado actual de cumplimiento de la sentencia.

Sus respuestas serán incorporadas a esta información en cuanto sean conocidas y verificadas.

Por ahora hay una certeza: existe una sentencia que estableció obligaciones para proteger la salubridad de los consumidores de carne y productos cárnicos en Fundación.

Y queda una pregunta que no debe responderse con acusaciones sino con documentos:

¿Se está cumpliendo?

En materia de salud pública, tan grave sería incumplir una sentencia como acusar de incumplirla sin las pruebas que permitan demostrarlo.