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Edición Colombia · 22 noviembre, 2026
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Opinión Caribe

Los Cocos y el pulso de los constructores por ganarle terreno a la playa

Los Cocos y el pulso de los constructores por ganarle terreno a la playa

El caso de Arena Aparta Suites se remonta a una disputa de más de dos décadas por los límites entre la propiedad privada y la playa. Documentos de la Dimar, actuaciones de Planeación, una acción popular y nuevos cuestionamientos a las licencias de 2020 y 2023 muestran cómo la discusión pasó de los cerramientos y la ocupación del espacio público a la legalidad urbanística, ambiental y marítima de un proyecto cuya suerte ahora está en manos de los jueces.

Por: UNIDAD INVESTIGATIVA – OPINIÓN CARIBE

La historia reciente inicia con la solicitud de construcción radicada el 27 de mayo de 2020 por Juan Ignacio Vives Lacouture, representante de la empresa Inversiones Vives y Cía. S.A., a la que da respuesta favorable la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta con la Resolución No. 47001-2-20-0116, expedida el 7 de septiembre de 2020, firmada por el Curador Urbano Provisional No. 2, el arquitecto Alberto Deluque Palencia.

El acto administrativo daba luz verde a una edificaciónbajo la modalidad de “Obra Nueva – Demolición Total” en los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 080-5599 y 080-29554, ubicados en la “Carrera 1ª No. 26 – 38 Barrio Bellavista” y un “área total entre los dos predios… de 1.560.05 M2” destinadas a vivienda multifamiliar distribuida en cuatro niveles de parqueo, trece pisos de vivienda y un nivel de altillo para amenidades. Los niveles residenciales comprendían un total de diecinueve (19) Apartamentos y el área total construida alcanzaba 4.252 mt2. El proyecto incluía, además, “la demolición de una edificación de un piso con área de 421,00 mt2”.

Ese proyecto, sin embargo, no permaneció con las mismas características. En 2023, Inversiones Vives y Cía. S.A. inició un nuevo trámite ante la misma Curaduría Urbana No. 2, identificado con el radicado 47001-2-23-0137. El resultado fue la Resolución No. 0209 del 19 de mayo de 2023, nuevamente expedida por Alberto Deluque Palencia, mediante la cual se modificó la licencia de 2020 y se autorizó una segunda etapa de obra nueva.

La transformación quedó expresamente consignada en la resolución: se trataba de intervenir el proyecto denominado “Arena”, que “Inicialmente estaba destinado a uso residencial y que sería adecuado, para ser proyectado a uso de Servicios Turísticos”, bajo una nueva denominación: “Arena Aparta-Suites”

La Curaduría dejó establecido sobre el proyecto que sería Obra Nueva – Etapa 2 con área construida de 6.014,96 mt2 destinados a 1 Local, 1 Aparta Hotel (59 Aparta Suites) y 14 Parqueaderos.

Casi tres años después, cuando se acercaba el vencimiento de la autorización correspondiente a la segunda etapa, Juan Ignacio Vives Lacouture, como representante legal de Inversiones Vives y Cía. S.A., solicitó una prórroga, radicada el 21 de abril de 2026 bajo el número 2-26-0187que fue respondida por la actual Curadora Urbana No. 2, arquitecta Mónica Marina Villalobos Leal, mediante la Resolución No. 0107 del 28 de mayo de 2026 en la que otorga “Prórroga por un periodo adicional de Doce (12) meses”, comprendidos entre el 8 de junio de 2026 y el 8 de junio de 2027, para continuar con la ejecución del proyecto amparado por la Resolución 0209 de 2023.

 

La Dimar delimitó la Playa de Los Cocos hace 30 años

No es la primera vez que la Dimar y otras entidades del Estado intervienen para dejar claros los límites de La playa de Los Cocos, ni tampoco es la primera vez que la familia Vives a través de sus empresas intenta edificar en la zona.

En los documentos en poder de la redacción, aparecen antecedentes administrativos desde 1996, cuando la Dirección General Marítima (Dimar) expidió autorizaciones para proyectos inmobiliarios en ese entorno.

Para la época la autoridad marítima ya intervenía en la delimitación de las áreas sometidas a su jurisdicción y en la evaluación de las obras próximas a la playa. El 11 de septiembre de 1996, mediante la Resolución 0499-Dimar, la entidad autorizó a Dep Ltda. la construcción del edificio Miramar, en la carrera primera con calle 25, sobre los lotes 23, 24 y 25 de la urbanización Miramar.

Dos meses después, el 29 de noviembre, expidió la Resolución 0734-Dimar, por medio de la cual autorizó a Tarsicio Gómez Acevedo la construcción de un edificio de nueve pisos en Bellavista. Más tarde, en febrero de 2000, mediante la Resolución 0055, autorizó a José Alberto Lacouture Cruz la construcción del edificio Playa Lipe, también en el sector de Bellavista.

Las citadas resoluciones son importantes, porque contenían una condición relevante para el ejercicio de los derechos adquiridos con la Licencia de Construcción, pues, para el caso de Tarsicio Gómez Acevedo, excluía de la intervención un área de 80,5 metros cuadrados correspondiente a playa marítima. Esta restricción, impuesta hace tres décadas, desde la perspectiva del abogado Jorge Arturo Pérez Larrota, “muestra que las autorizaciones de construcción cercanas al litoral no suponen, por sí mismas, la disponibilidad irrestricta de todo el terreno incorporado a un proyecto”.

A estos antecedentes se sumó un concepto elaborado por el oceanógrafo Enrique Millán Gutiérrez de Piñeres y que hace parte del acervo técnico de la autoridad marítima en sus actuaciones sobre el sector. El documento hace referencia a la determinación del límite interno de playa para el lote 2, manzana D, de la urbanización Bellavista. En dicho informe técnico, se estableció que “existe una parte de la construcción hecha en concreto por el antiguo restaurante denominado «La Terraza Marina que se encuentra ubicada sobre la zona de Playa Marítima Bien de Uso Público de la Nación”.

A renglón seguido, precisó que “parte de la construcción en concreto existente de una planta con muros de concreto, plafón y piso de cemento, la cual ocupa un área de 14,34 metros de frente y fondo mirando hacia el mar, 6 metros al lado derecho mirando hacia el mar (contiguo al edificio «Torre Marina») y 7,15 metros al lado izquierdo mirando hacia el mar (contiguo al cerramiento en bloques de cemento realizado y que fue restituido). La parte de la construcción del antiguo restaurante «La Terraza Marina» ocupa un área total aproximada de 94,28 metros cuadrados”.

En este punto, Pérez Larrota es enfático en señalar que su “importancia radica en que la identificación de la franja marítima no podía reducirse a la lectura de los linderos consignados en los instrumentos privados: exigía considerar criterios técnicos sobre la configuración física de la costa”.

Esta discusión adquirió una dimensión más concreta en diciembre de 2007 cuando funcionarios de la Capitanía de Puerto realizaron una inspección al sector,  encontrando “un cerramiento realizado con bloques de cemento (pintados de azul) el cual tiene veintiséis (26 m) metros de frente mirando hacia el mar y siete punto treinta (7.30 m) metros de fondo, encerrando un área total de ciento noventa (190 m2) metros cuadrados aproximados y toda la pared levantada cuenta con una altura promedio de uno punto noventa (1.90 m) metros”.

El Informe sostiene de manera categórica que “el cerramiento realizado, ubicado en el sector denominado Playa Los Cocos, objeto de la inspección, no cuentan con permiso alguno otorgado por la Autoridad Marítima[…], razón por la cual se considera como una invasión sobre los bienes de uso público” y recomienda “la Restitución del área objeto del cerramiento a la Alcaldía Distrital de Santa Marta”. Estos procedimientos, fueron ejecutados en el marco de la Resolución No. 047 del 19 de febrero de 2008 de la Alcaldía Distrital de Santa Marta.

El informe de Planeación y el revés de Deluque

Varios días antes de ser expedida la Resolución No. 0107 del 28 de mayo de 2026 en la que la Curaduría Urbana No. 2 de Santa Marta concediera prórroga a la licencia de la segunda etapa del proyecto constructivo Arena Aparta-Suites, la Secretaría de Planeación Distrital elaboró el Informe Técnico-Jurídico 1413 en el que examinó las condiciones del predio y la aplicación de las normas urbanísticas del proyecto.

Entre sus conclusiones señaló que la matrícula inmobiliaria 080-29554 se encontraba dentro de un área sometida a jurisdicción marítima. El informe, elaborado el 20 de mayo de 2026 dentro del proceso policivo verbal abreviado 005-2026, revisó las licencias expedidas en 2020 y 2023. Al examinar la composición del terreno, Planeación consideró que el folio 080-29554 correspondía a un área bajo jurisdicción de la Dimar. Por esa razón, señaló que la superficie urbanísticamente desarrollable debía limitarse al inmueble identificado con la matrícula 080-5599, de 423,80 metros cuadrados y a partir de esa delimitación, la dependencia contrastó el área disponible con los requisitos urbanísticos del sector AR-7.

Asimismo, encontró que “el plano A200 ‘Fachadas’, aprobado como parte integrante de la Resolución 0209 de 2023, señala la ‘Fachada Principal’ y la ‘Fachada Posterior Vista al Mar’ lo que ratifica que el frente predial corresponde al costado sobre la carrera 1ª cuya medida es de 14,784 ml, por debajo del mínimo de 25,00 ml exigido por la Circular No.3 de 2018 para el Lote Tipo 1”, precisando a renglón seguido que “el área urbanísticamente desarrollable se reduciría al predio 080-5599 (423,796 m2), inferior a los 600 m2 de área mínima exigida”.

Los expertos de Planeación a cargo del estudio de las Licencias también calcularon el índice de construcción, tomando como referencia los 4.252 metros cuadrados de la primera etapa con los 423,80 metros cuadrados de suelo considerado desarrollable, concluyendo que “al dividir lo construido entre el suelo realmente edificable (4.252 ÷ 423,80), se obtiene un IC de aproximadamente 10, superior al máximo permitido de 7”.

Adicionalmente, cuestionaron la compatibilidad del uso de servicios turísticos con la regulación urbanística aplicada al sector.  En uno de los apartes se lee que uno de los actos administrativos expedidos por la Curaduría Segunda, “cambió el uso aprobado en la licencia inicial, esto es, de Residencial a Servicios Turísticos; situación que corresponde a la norma nueva del POT 500 años y no a lo establecido en el Jate Matuna, situación que conlleva a una mezcla normativa que para el caso no debe aplicar”.

Las conclusiones del Informe Técnico-Jurídico 1413 de Planeación fueron controvertidas por Alberto José Deluque Palencia, quien había ejercido como Curador Urbano Provisional No. 2 firmante de las licencias inicial y modificatoria. El ingeniero presentó un recurso de reposición contra el informe, argumentando que tenía derecho a defender la legalidad de los actos que expidió durante el ejercicio de la función pública.

El 10 de junio de 2026, mediante el Oficio 1641, proyectado por el asesor jurídico Luis Felipe Reales y revisión del profesional universitario Jorsff Navarro Acuña, Planeación acogió sus argumentos y concedió el recurso de reposición, ordenando “reformular las consideraciones relacionadas con presunta mezcla normativa, incumplimiento de índices urbanísticos, falta de englobe, edificabilidad del predio, aplicación del régimen de desarrollo por etapas y afectación por jurisdicción Dimar”.

La actuación fue cuestionada por los querellantes del edificio Torre Marina I, quienes solicitaron la revocatoria directa. Su objeción se concentró en que la propia Secretaría de Planeación había considerado el Informe 1413 como un documento preliminar, no definitivo, y pese a ello había tramitado un recurso de reposición. En su petición señalaron que, a pesar de esa precisión, la entidad terminó “concediendo el recurso de reposición presentado por el señor Alberto Deluque Palencia”.

Esta nueva controversia también comprendió la legitimación de Deluque para intervenir a título personal, pues para entonces ya no ejercía como curador urbano. El 12 de noviembre de 2026, cumpliendo con la orden proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes de Santa Marta dentro de una acción de tutela, la Secretaría de Planeación Distrital revocó de manera directa el Oficio No. 1641 del 10 de junio de 2026 que le había dado la razón a Deluque.

Entre sus fundamentos indicó que su equipo jurídico “incurrió en un yerro procedimental al admitir y dar trámite a dicho recurso, desdibujando el alcance del informe técnico y afirmando indebidamente la presunción de legalidad de los actos cuestionados”.

Dando al traste con la defensa de Alberto Deluque, el documento firmado por la actual Secretaria de Planeación Ana Matilde Juvinao Carbonó, sostuvo que este “no detentaba la calidad de Curador Urbano No. 2 (cargo que ocupaba en propiedad la Arq. Mónica Villalobos Leal), ni poseía poder o representación legal alguna de los titulares de las licencias (Inversiones Vives & Cía. S.A. / Banapalma S.A.), ni poseía un interés directo particular sobre el informe técnico”, razones por las cuales, “el recurso debió ser rechazado de plano por falta de legitimación, omisión que vició de nulidad el trámite dado en su momento”.

Finalmente, la Secretaría dispuso “revocar directamente en todas sus partes el Oficio No. 1641 del 10 de junio de 2026, por adolecer de vicios insubsanables de legalidad” y reiteró “la absoluta validez, vigencia y rigor técnico del Informe No. 1413 del 20 de mayo de 2026”. Así, el expediente fue remitido nuevamente a la Inspección de Convivencia y Paz Urbana para que fuera considerado dentro del proceso policivo.

Consultado para el desarrollo de esta nota, el ingeniero Alberto Deluque aseguró “Frente a la reciente decisión de la Secretaría de Planeación Distrital de revocar el Oficio 1641 del 10 de junio de 2026, considero necesario precisar lo siguiente: La revocatoria se fundamenta, según la propia Resolución 0098 del 12 de noviembre de 2026, en cuestionamientos de carácter jurídico y procedimental relacionados con la procedencia del recurso presentado contra el Informe Técnico 1413 y mi legitimación para interponerlo”

A reglón seguido explicó que “No represento a los propietarios del proyecto Arena ni actúo en nombre de la actual Curaduría Urbana. Mi intervención responde exclusivamente a mi derecho a defender la legalidad de las actuaciones que personalmente suscribí en ejercicio de una función pública, frente a cuestionamientos que pueden comprometer directamente mi responsabilidad profesional y jurídica”.

En la misma línea el ingeniero Deluque adelantó “Acudiré a los mecanismos judiciales y administrativos pertinentes para solicitar el reconocimiento de mi interés legítimo y la garantía efectiva de mi derecho al debido proceso”.

Los pescadores ‘derribaron el muro’

Como usuarios del mar y la playa, los pescadores también les ha tocado hacer valer sus derechos. En junio de 2010, la controversia por el uso de la playa Los Cocos llegó a los estrados judiciales a través de una acción popular promovida por Gerardo Antenor Lemus Orozco, pescador del sector. El motivo fue la instalación de un nuevo cerramiento de mampostería que, según los demandantes, interfería con el espacio utilizado tradicionalmente para estacionar las canoas y desarrollar actividades propias de la pesca artesanal.

El litigio, según se desprende del fallo de público conocimiento, enfrentó el interés de quienes reclamaban la protección del espacio colectivo con la actuación de una sociedad que contaba con una licencia urbanística para construir una cerca. La obra en cuestión se encontraba amparada en la Licencia de Construcción 039 de 2008, expedida mediante la Resolución 153 del 22 de agosto de ese año por la Curaduría Urbana No. 2 a favor de Pevesca Ltda. No obstante, a la legalidad de la que gozaba la misma, la comunidad cuestionó que la autorización permitiera intervenir una franja que considerabahistóricamente parte de la playa marítima.

En el escrito de la demanda, los accionantes sostuvieronque el cerramiento se levantaba a 24 metros de la línea de más alta marea y que, por tanto, estaba dentro del ámbito de jurisdicción marítima previsto en el Decreto Ley 2324 de 1984. Tramitada en el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta, la acción popular, dirigidacontra el Distrito, el Ministerio de Ambiente, la Curaduría Urbana No. 2 y Pevesca Ltda, pretendía que el juez ordenara “la suspensión inmediata de las acciones tendientes a efectuar la construcción de muro de cerramiento en la zona de playa por ser ésta de uso público” y disponer la demolición de la obra.

La argumentación de los pescadores no se limitaba a una discusión sobre la distancia entre el muro y la línea de marea. También invocaba el uso tradicional de la playa como espacio de trabajo. En ese sentido, explicaba que “los pescadores de la zona de la playa de ‘Los Cocos’ son usuarios naturales del área de esa playa, pues es allí donde estacionan sus canoas con posterioridad a la labor diaria”.

Los hechos narrados en el escrito de la demanda, fueron confirmados por funcionarios del Área de Litorales de esta Capitanía de Puerto, quienes en una inspección ocular  realizada el 13 de junio de 2010 se  dieron de cara con “obras para efectuar un cerramiento en ladrillo sobre una zona de playa marítima- Bien de Uso Público de la Nación bajo la jurisdicción de Dimar”, y precisan que en “2008 ya se había realizado el derrumbamiento total de un muro construido en el mismo sitio y la restitución completa de la zona de B.U.P. de la Nación”.

En esa misma línea de tiempo, cuatro días después, el capitán de fragata Juan Francisco Herrera Leal solicitó al alcalde distrital de entonces: Juan Pablo Diazgranados, “suspender las obras para la construcción del cerramiento iniciado sobre áreas correspondientes a Playa Marítima”, y advirtió, además, sobre la posibilidad de iniciar una investigación administrativa por la ejecución de obras sin autorización.

El proceso judicial se prolongó durante varios años, hasta que, en septiembre de 2019 el Juzgado Quinto Administrativo declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al considerar que el muro ya no se encontraba en el área de playa y que la licencia de construcción en la modalidad de cerramiento No.39 de 22 de agosto de 2008, había perdido fuerza ejecutaría, tal y como sostuvo en audiencia de investigación disciplinaria la firmante curadora para la época de los hechos, Sara Uribe Salas.

Durante la mencionada diligencia judicial, Uribe Salas explicó que “la licencia que se expidió mediante resolución 153 del 22 de agosto de 2008 perdió vigencia desde el mes de agosto de 2010, puesto que dentro del término de los 24 meses no se ejecutó la obra y adicionalmente en el mes de mayo del año 2009 PevescaLTDA solicitó una modificación de la licencia, pero la misma se entendió desistida”.

La decisión fue recurrida por la constructora y revisada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que confirmó el fallo. En uno de los partes de la sentencia, se lee que los abogados de Pevesca LTDA aseguran que la conclusión a la que llegó el juez de primera instancia carecía de una debida motivación, calificando de apresurada la amenaza al interés público. Concretamente, observan que “no se evidencia un análisis por medio de los hechos y las pruebas que lleve a concluir la vulneración a los derechos colectivos con base en la sana critica”.

Cinco años después de debates jurídicos e intercambio de oficios y audiencias, el 16 de octubre de 2024, el cuerpo colegiado ratificó la sentencia de 2019 y amplió algunas de las consideraciones del fallo de primera instancia, una de las más importantes tiene que ver con la autoridad competente para autorizar obras u ocupaciones tendiente a la descarga de aguas superficiales en el mar. “El predio donde se empezaron obras de construcción en la modalidad de cerramiento objeto de debate en el presente asunto […], se encuentra a una distancia menor de 50 ML del Mar Caribe en dirección oeste, es decir, dentro de la jurisdicción de la Dimar”, se le en uno de los apartes de la providencia.

Igualmente, señala que contrario a lo que sostuvo en el decurso del proceso la sociedad constructora, “del análisis del material probatorio se puede concluir que si existió dicha amenaza al derecho colectivo de goce de un ambiente sano por parte de Pevesca Ltda”.

Este caso, que se prolongó en el tiempo casi 15 años, dejófinalmente un antecedente judicial y comunitario que debería haber sido el derrotero de las discusiones posteriores en torno a la misma problemática: la protección de la playa como bien de uso público y la necesidad de establecer, mediante criterios técnicos y jurídicos, dónde termina el terreno privado y dónde comienza el espacio sometido a jurisdicción marítima.

Torre Marina I lleva las licencias ante los jueces

Jorge Arturo Torres Larrota, apoderado de los copropietarios del Edificio Torre Marina I, considera que en el marco de estas acciones legales que ha venido adelantando, la situación más preocupante ocurrió precisamente en la Secretaría de Planeación Distrital, cuando se accedió a las pretensiones del comentado recurso de reposición presentado por el ingeniero Alberto Deluque.

El abogado sostiene que, aceptar y tramitar el recurso terminó alterando las reglas que debían orientar la actuación administrativa. “El simple hecho de haber admitido y tramitado ese recurso nos muestra una clara violación del debido proceso, porque estamos hablando de un acto que el mismo documento reconoce como de trámite y frente al cual no procedía la reposición. Entonces, uno se pregunta ¿por qué se le da curso a un mecanismo que no tenía cabida en ese procedimiento?”, comentó Jorge Arturo Torres.

Su inconformidad en este punto también tiene que ver con la falta de respuestas institucionales oportunas frente los procesos constitucionales que buscan dinamizar la actividad administrativa preventiva, en el marco de lo dicho en la Sentencia T-290 de 2024 de la Corte Constitucional, donde se estudió la situación del sector, frente a los problemas de capacidad del sistema de alcantarillado y los constantes rebosamientos de aguas residuales.

Como es de conocimiento público, la Corte concluyó en este caso, que se habían vulnerado derechos fundamentales de residentes del sector y ordenó, entre otras medidas, revisar las licencias expedidas desde 2017 y la no expedición de nuevas autorizaciones de urbanización y construcción hasta que no se defina la verdadera capacidad del sistema de alcantarillado en esta zona.

“Las veces que hemos presentado acciones de tutela para garantizar los derechos fundamentales de los copropietarios, ellos [Planeación Distrital] simplemente guardan silencio, no contestan. Vemos que todo sigue igual, pero, mientras nosotros acudimos a los mecanismos legales para que se revisen las actuaciones, el constructor continúa adelantando y recibiendo respuestas positivas a los trámites necesarios para llevar la obra hasta su terminación”, sostuvo el jurista.

El abogado, quien ha tenido prácticamente que forzar a las entidades competentes a revisar las acciones de la constructora, también plantea duros reparos a la Dimar. Según el jurista, a pesar de que la copropiedad ha intervenido como querellante y ha solicitado que se le permita participar en las diligencias relacionadas con la ocupación de espacio público por parte de Arena Aparta Suits, la autoridad marítima le ha negado esa posibilidad.

También denuncia presuntas irregularidades en los procedimientos “Cuando se cita a versión libre al representante legal del constructor, resulta que el apoderado complementa su versión y vemos con extrañeza que la abogada de Dimar guarda silencio, lo mismo que el Capitán. Son situaciones que generan interrogantes, porque nosotros hemos pedido participar, tenemos interés directo en lo que se está discutiendo y, sin embargo, no encontramos las garantías que consideramos necesarias. Entonces, uno no puede dejar de preguntarse: ¿aquí qué está pasando?”, manifestó Jorge Torres Larrota.

A esas actuaciones se suma la discusión ambiental, pues, como garantes del espacio público en la zona, los copropietarios también han cuestionado el permiso de vertimientos expedido por Corpamag para este proyecto constructivo, pues, consideran que dentro del mismo acto administrativo no existe información técnica suficiente para establecer qué contienen las aguas que se pretende disponer en el mar ni cuáles serían sus efectos sobre el ecosistema.

Según explica, “Corpamag le exige al constructor solicitar una concesión ante Dimar para poder depositar esas aguas superficiales en el mar. Pero nosotros nos preguntamos cómo se puede avanzar en un permiso de vertimiento sin siquiera contar con un informe de laboratorio que permita saber qué contiene esa agua. ¿Cómo se otorga una autorización sin que se haya solicitado una evaluación suficiente del impacto ambiental que puede ocasionar esa descarga?”.

Torres Larrota asegura que la preocupación de los vecinos no consiste solamente en verificar la existencia de un permiso, sino en establecer si se estudiaron las consecuencias de la intervención sobre el medio marino. Sin embargo, el cuestionamiento principal sigue siendo urbanístico, por eso, la controversia por Arena Aparta Suites salió del organigrama distrital donde la licencia inicial y sus modificaciones gozan de presunción de legalidad, para instalarse en la jurisdicción contencioso-administrativa, concretamente en el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Santa Marta, donde cursa una demanda de nulidad presentada por los copropietarios del Edificio Torre Marina I.

La acción pretende retirar del ordenamiento jurídico la Resolución 47001-2-20-0116 del 7 de septiembre de 2020, que concedió la licencia inicial para Arena, y la Resolución 0209 del 19 de mayo de 2023, mediante la cual se modificó el uso residencial a servicios turísticos y se aprobó la segunda etapa de Arena Aparta Suites. La copropiedad solicitó, además, la suspensión provisional de ambas licencias y la paralización de las obras en los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 080-5599 y 080-29554. La admisión de la demanda no representa todavía una declaración de ilegalidad, el juzgado deberá pronunciarse y resolver las pretensiones de nulidad.

Para Torres Larrota, la exigencia sigue siendo que las autoridades revisen lo ocurrido y adopten decisiones conforme a derecho “Torre Marina I no está en contra de la construcción, sino de que se realice respetando el ordenamiento jurídico, que se respete el área de jurisdicción de Dimar, que se cumplan las normas, que se revisen las condiciones reales de los lotes y que las autoridades establezcan si la licencia que expidió la Curaduría cumple con los requisitos exigidos. Esperamos que las autoridades revisen y dicten una decisión conforme a derecho”, puntualizó.

Nuevamente, como hace 20 años, el desenlace dependerá de lo que logre acreditarse ante los estrados, la última palabra sobre la legalidad de las licencias y las actuaciones posteriores, la siguen teniendo los jueces.