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Los secretos de Playa Blanca: audio revela presuntas alianzas entre empresarios, paramilitares y el poder

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EL RODADERO: DIECISIETE AÑOS PAGANDO EL MIEDO

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Los secretos de Playa Blanca: audio revela presuntas alianzas entre empresarios, paramilitares y el poder

Published

50 minutos ago

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Los secretos de Playa Blanca: audio revela presuntas alianzas entre empresarios, paramilitares y el poder

En medio del fuego cruzado de acusaciones entre el empresario Juan Carlos Ospina, las ACSN y el abogado Jorge Felipe Lastra Iglesias, un audio en poder de este medio atribuido a Carlos Calixto Coquies Gamarra, alias ‘El Carpero’ -quien, según las autoridades del orden sería el cerebro financiero del grupo ilegal- no solo revela fracturas de una presunta alianza para el despojo, sino que pone en el centro de la trama el perfil de una persona que, desde la cárcel, ofrece blindaje legal al empresario del turismo. En este contexto, la voz experta de Lerber Dimas podría ayudar a entender cómo funciona el control territorial en El Rodadero y Playa Blanca.

 

Por: Unidad Investigativa – OPINIÓN CARIBE

El caso por el control territorial y turístico en Playa Blanca escaló a un escenario de confrontación pública el pasado 29 de octubre de 2026, cuando en el recinto de la Asamblea del Magdalena, el empresario Juan Carlos Ospina denunció ser víctima de extorsión por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) tras negarse a ceder a presiones económicas.

“En este momento la empresa Taxi Marino y Centro de Vida y la familia Ospina se han declarado objetivo militar de los bandidos”, afirmó el empresario en su intervención ante la duma departamental. Su declaración buscaba no solo visibilizar una amenaza, sino también, desde la importancia del recinto, establecer un manto de protección institucional frente a un grupo armado ilegal.

Como es de conocimiento público, la reacción del grupo armado fue inmediata y dio un giro a la conversación que merece especial atención de la Fiscalía General de la Nación. Al día siguiente, circuló un documento atribuido a las ACSN, donde la organización paramilitar desconoce el rol de víctima de Ospina y lo sitúa como el principal articulador de una estrategia de despojo sistemática en el sector de Playa Blanca.

El panfleto contiene señalamientos directos sobre un presunto acuerdo económico para tomar el control absoluto del balneario. “Recuerde, señor, que usted y su abogado, el Dr. Lastra, le aportaron a ACSN 100 millones de pesos para que, con la ayuda de nosotros, desplazáramos a muchos de los propietarios de restaurantes de Playa Blanca”, reza el en uno de sus apartes el comunicado.

Más adelante, el grupo armado ilegal afirma que Ospina a través de su abogado pretendía monopolizar el transporte hacia Playa Blanca. “No olvide las reuniones que usted realizaba en el acuario con el propósito de privatizarlo y conseguir que únicamente sus lanchas tuvieran acceso directo, mientras que las demás embarcaciones quedaban excluidas”, se lee.

Adicionalmente, acusaron a Jorge Felipe Lastra Iglesias de presuntamente cobrar comisiones y participar en la presión a propietarios del sector. Frente a estas imputaciones, el abogado emitió un comunicado de prensa rechazando lo dicho por las ACSN y defendió la legalidad de sus actuaciones.

“Los negocios a los que se hace referencia fueron realizados legalmente con las familias propietarias de los terrenos: la familia Riascos, la familia Maya-Dávila y la familia Noguera”, aseveró. Indicó, además, que las operaciones pueden contrastarse en la oficina de registro de Instrumentos Públicos y mencionó la intervención del actual superintendente de Notariado y Registro, Joaquín José Méndez Llach.

Una conversación entre viejos conocidos y muchos asuntos por esclarecer

El caso adquiere otra dimensión con la incorporación de un de audio en poder de OPINIÓN CARIBE. El material registra una llamada entre Carlos Calixto Coquies Gamarra, alias ‘El Carpero’, presunto jefe de finanzas de las ACSN, quien, según información conocida, se encuentra privado de la libertad en Medellín, y un supuesto intermediario de las empresas de la familia Ospina, de nombre o alias Sebastián.

En la grabación, el interlocutor principal y quien sería alias El Carpero, asegura que gracias a su intermediación los miembros de la familia Ospina y en especial el representante legal de Taxi Marino, pudieron mantenerse a salvo de varios miembros de las ACSN que querían atentar contra sus vidas.

“Hermano, dejen ese señor quieto. […] Yo sé por qué se lo digo, Juan Carlos tiene mucha influencia, tiene esto con lo que colabora, ya con eso basta y sobra. […] Si ustedes atrapan a ese man, se les arma un mierdero, es imagen internacional, se le arma un mierdero y se le viene el Estado encima”, dice el hombre.

A renglón seguido, aclara que contrario al empresario y su familia, el abogado en medio de la confrontación sí podría ser objeto de retaliaciones por cuenta de la forma en que presuntamente se mueve en el ‘mundo del hampa’. “De tocar a Juan Carlos no lo tocan, porque yo sé que se le viene un mierdero encima”, reitera alias El Carpero y precisa: “ahí el que está corriendo riesgo, ¿sabe quién es? Lastra”.

Con cierto tono de indignación, la voz desde la cárcel afirma que el propio Lastra habría filtrado información sobre los acuerdos económicos a los que habría llegado con el grupo armado ilegal para atentar contra su vida. “No, ya nosotros cuadramos eso, le dimos un billete a estos manes para que fueran, que ellos saben dónde está él… [..] Ya yo le di la ubicación donde viven y todo. Todo eso se puso a decirlo Lastra, de bocón, de hablador de mierda, porque hace las cosas y las divulga, las habla.”, relata presuntamente alias El Carpero.

La conversación de 12 minutos va y viene varias veces sobre las conductas del jurista de la familia Ospina, quien a juicio de alias El Carpero buscaba sacarlo del juego, supuestamente, indisponiéndolo con sus jefes en la Sierra Nevada. En un punto de la conversación, señala que el abogado mantiene conversación frecuente con los jefes de la organización y que además hace visitas en sus campamentos o residencias.

“El marica se desbocó, comenzó a hablar mierda de mí allá. A hablar que él me había dado no sé cuántos millones allá, que yo los había robado a ellos, que yo había comprado un catamarán con plata de ellos. Marica, me metió a mi familia y a mí en problemas, me tocó sacar a toda la familia de allá, Sebas”, comenta quien sería alias El Carpero.

En ese punto, el hombre que dice tener ‘protección especial’, da a entender que se conocen desde hace tiempo. “Tú sabes que mi hija es trabajadora, Seba, porque tú la conociste y tú la trataste, Seba. Tú sabes, tú la trataste mucho a ella. Y, marica, ¿dónde está? Pasando trabajo, mi hermano, me dan ganas de llorar, huevón. Ella tiene su emprendimiento de trabajar con el acuario y todo eso, y a toda mi familia le tocó salir de allá, Dios sabe”, dice el angustiado padre.

Después de esa descarga, alias El Carpero pasa a detallar lo que sería un ofrecimiento de asistencia legal para mantener a Juan Carlos Ospina fuera del escándalo de financiación de grupos al margen de la ley, y relata los pormenores de una reunión entre Lastra y su abogada para, presuntamente, concertar la estrategia ante la prensa y la justicia.

De acuerdo con el relato de quien sería jefe de finanzas de las ACSN, su abogada habría solicitado comunicación directa con Ospina para darle mayor alcance a la estrategia, pero Lastra rechazó de plano la idea insinuando que el empresario era intocable.

“Me dijo ella (abogada de El Carpero): Yo me reuní con él en Medellín y hablé. hablé con él (Lastra). Ya ustedes conocen a Calixto (alias El Carpero) hace muchos años, lo conocen ya. […] Mira, lo que están haciendo de pronto ahora, si ustedes van a comenzar a […] financiarle, miren las consecuencias de eso cuando uno financia un grupo ilegal, mira lo que pasó con la Chiquita, la bananera. Todo eso se lo explicó ella”, comentó el presunto paramilitar, quien asegura haber recibido como respuesta a su oferta de blindaje jurídico un ‘catálogo’ de influencias.

“Juan Carlos es un tipo con muchos tentáculos. Juan Carlos tiene familia poderosa, tiene políticos poderosos, tiene no sé qué vaina, que tal, que eso no va a pasar, que no sé cuándo”, siguió relatando el hombre.  Ante esta negativa, el hablante ofrece una defensa legal alternativa para Ospina, introduciendo un elemento de asistencia jurídica cruzada recomendada por su defensa.

“Dígale al hombre que cuente conmigo, que si él quiere yo pongo a la doctora que se reúna con él donde él quiera. Ella me dijo, Calixto, dígale, hable, si el señor Juan Carlos está disponible para que me atienda, hablo con él, programamos […] aquí la verdadera historia de esto es que quien puede defender a Juan Carlos es usted, me dijo ella”, asegura alias El Carpero.

En otro de los segmentos del audio de casi 13 minutos, el hombre precisa que la idea es desvirtuar las denuncias sobre desplazamiento que se han venido ventilando desde hace más de 20 años en el corredor turístico, para lo cual, era necesario interlocución con su abogada.

“Con el testimonio mío se va todo abajo, lo que ellos (ACSN) están diciendo, además lo que están diciendo los abogados allá y todo eso, porque yo voy a decir que el sistema de control en ningún momento ha intentado desplazar a nadie. Él (Juan Carlos Ospina) les habló en muchas reuniones de una indemnización. Una indemnización en la playa, porque en ningún momento va a dejar a nadie sin trabajar ni desplazar a nadie”, explica alias El Carpero.

Momentos después, el hombre que estaría hablando desde la cárcel, reitera su ofrecimiento como ‘fusible’ en el marco del escándalo que salpica el legado del Capitán Ospina Navia. “Dígale al hombre que aquí estoy yo de corazón, hermano, nunca he tenido nada en contra él ni nada…. que si él quiere yo pongo a la doctora que se reúna con él”, insiste.

Finalmente, el audio se corta abruptamente con la voz de Sebastián, quien interviene poco menos de cuatro veces: una al inicio de la conversación para decir que se encuentra “en el acuario, preocupado por la seguridad”; otra en un punto intermedio para informar que llevará la razón y, al momento de colgar, cuando se le oye diciendo: “vale, viejo, que ahí viene más gente, ahí viene más gente para acá. Hablamos después, que llega gente aquí”.

El precio de quedarse en Playa Blanca

Mientras Juan Carlos Ospina y su abogado intentan responder a las denuncias de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y desde la cárcel alias El Carpero, busca al parecer sacar del foco del escándalo al empresario y su círculo más cercano; los trabajadores tradicionales de Playa Blanca dicen estar viviendo en el territorio acciones tendientes a su desplazamiento como: remoción de infraestructura, cerramiento de espacios de trabajo, obras cuestionadas y posibles afectaciones ambientales.

La Corporación Social Turística de Playa Blanca (Corsotur) señala como directo responsable al propietario de Taxi Marino y del Centro de Vida Marina, y sostiene que ha intentado desplazar a la comunidad para concentrar el aprovechamiento turístico del sector. En una comunicación entregada a este medio, la organización social recuerda que “las playas son de uso público” y reivindica el trabajo de quienes han contribuido durante años al desarrollo del balneario y a la obtención de la certificación Bandera Azul.

Uno de los denunciantes con nombre propio es Omar Rico, carpero con más de 25 años en Playa Blanca, quien ubica el comienzo de la problemática en la remoción de las tuberías utilizadas por los operadores turísticos para la prestación adecuada de los servicios ofertados en el balneario.

“En esa situación, lo que quiere es desvincularnos de nuestros puestos aquí en la playa, donde llevamos muchos años trabajando. De esta actividad sobreviven muchas familias», afirmó. Su testimonio identifica una intervención material que, según los trabajadores, afectó las condiciones en que desarrollan su actividad.

Por su parte, José Luis Barrios, vendedor de bebidas que trabaja en el sector desde el año 2000, puso de presente la imposibilidad de acceder a un espacio que utilizaban para acopiar insumos y depositar temporalmente residuos recogidos en la playa. “Nosotros teníamos todas las cavas donde vendíamos la cerveza en ese lote. Cuando el mar se picaba, siempre echábamos lo que era la tarulla y la basura ahí. Siempre ese lote lo limpiábamos nosotros y desde ayer para acá, comenzó a cercarnos el lote”, explicó.

Otro de los afectados es Nicolás de la Rosa, representante de la Asociación de Carperos de El Rodadero, quien denuncia la presunta comisión de varias infracciones ambientales por parte del Mundo Marino. Concretamente, habla de “afectaciones hacia las zonas coralinas, donde se ve el constante vertimiento de aguas sucias, aguas llenas de grasa y de desechos alimenticios”.  El operador turístico también afirma que los trabajadores reciben presiones para abandonar sus actividades y cuestiona las intervenciones próximas al acuario.

“Se supone que ese Centro de Vida Marina es para proteger a los corales, pero mire, tiene un montón de cemento dañando los corales y todas las especies marinas”, comentó el dirigente social.  Así las cosas, además de esclarecer las denuncias sobre presuntos vínculos entre particulares y estructuras armadas, también corresponde a las autoridades competentes establecer qué está ocurriendo con los espacios de trabajo, las obras y el entorno ambiental de Playa Blanca.

“Es una acusación en la que pueden estar inmersos varios delitos”: Lerber Dimas

Para comprender la dimensión estructural de la disputa por Playa Blanca, el análisis del investigador y director de la Plataforma de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL), Lerber Dimas Vásquez, aporta un contexto sociológico sobre el conflicto. Según su hipótesis, el fortalecimiento de las ACSN obedece a un modelo de «gobernanza criminal» que trasciende la simple coerción armada.

Dimas traza la evolución del fenómeno desde la llegada de los hombres al servicio de Jorge 40 al territorio hasta la consolidación de las autodefensas actuales. Durante casi 25 años, la extorsión mutó a un modelo más estructurado de obtención de recursos para el financiamiento de sus estructuras.

“El tema del cobro extorsivo al sector del turismo llegó con el Bloque Norte, básicamente con la reorganización del turismo en el año 2002. No quiere decir que antes no se cobrara, pero con la llegada del Bloque Norte en 2002 cambia por completo todo el esquema de la extorsión. Entonces, Santa Marta pasó de un modelo extorsivo limitado a un modelo extorsivo en el que se planificaba y se empezó a pagar mucho más. Se empezó a pagar por producción y se empezó a pagar por tenencia de la tierra”, precisa el director de PDHAL.

En esa misma línea argumentativa, el investigador sostiene que, para que un grupo armado se consolide, requiere de tres factores: arraigo comunitario, validación social y, de manera fundamental, la coadministración.  “Entonces, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra lo que hacen es que toman el territorio, toman las finanzas del territorio, toman algunos hombres del territorio, incorporan a unos nuevos y siguen con el negocio del cobro extorsivo o con los impuestos que ellos han venido cobrando”, explicó Dimas, refiriéndose a la articulación de intereses que permite la permanencia de la estructura a pesar de las operaciones estatales.

Yendo más allá, el director de la Plataforma (PDHAL) esboza una hipótesis que sitúa a sectores económicos como actores activos en la dinámica del conflicto.  «Yo planteo más bien que hay empresarios que han recurrido, a través de terceros o mediante ellos mismos, a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o a cualquier otro grupo armado. Justamente para ampliar su nivel y mantener un control en los territorios, fortalecerse, fortalecer su negocio y protegerlo», afirmó.

Esta tesis del investigador se alinea con las denuncias de los carperos y con las acusaciones cruzadas sobre los presuntos pagos para el despojo de quienes actualmente se ganan la vida en el balneario. El experto sugiere además que la presión del actual Gobierno por desligar al empresariado de los actores armados ha generado una fractura en dichos acuerdos, lo que explicaría la activación de mecanismos de defensa por parte del grupo ilegal, que expone públicamente los pactos gestados en la clandestinidad.

“Al buscar desligarse del grupo armado, el grupo armado se siente afectado. No tanto por la economía, porque finalmente la economía es reemplazable. Pero por lo que sí se siente mal es porque lo han instrumentalizado y luego los ponen a ellos como los únicos bandidos. Cuando realmente ha sido un negocio en el que ha habido unos arreglos adicionales” sentencia Dimas, describiendo una dinámica donde el crimen organizado y la empresa privada se retroalimentan.

Al ser consultado sobre la incidencia del turismo en la financiación de esta estructura, Lerber Dimas es categórico: “me atrevo a afirmar que el narcotráfico no es necesario para el sostenimiento de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Porque finalmente la extorsión y el negocio del turismo son tan amplios que podrían fácilmente reemplazar esa economía, al menos para este grupo armado”.

El investigador precisa que a través de varios estudios y observaciones ha establecido que “la economía turística es fácilmente uno de los principales motores de la economía ilegal, que al mismo tiempo se convierte en economía legal para los grupos armados, porque hacen una reinversión del dinero en el territorio, en ampliación de temas turísticos, carreteras y todo este tipo de cosas”. Y advierte que contrario a lo que ha sucedido históricamente con el dinero del narcotráfico, la “bonanza del turismo, es diferente de las otras bonanzas, porque es una bonanza legal”.

Finalmente, el investigador señala que dada la gravedad de la acusación que emiten las ACSN, que también está soportada por otras denuncias que se han venido haciendo sobre el mismo tema, la acción de las autoridades debe ser efectiva, porque, además hay muertos de por medio.

“Hay homicidios que están relacionados con el tema del turismo y hay denuncias que están relacionadas también con temas de desplazamiento. Creo que lo correcto frente a esto es que se abra una investigación y que se determinen responsabilidades. Porque el tema es bien delicado. No es simplemente una acusación mutua como la que acabamos de ver, sino que es una acusación en la que pueden estar inmersos varios delitos”, puntualizó el defensor de derechos humanos.

¿Quién es la voz que estaría ofreciendo ayuda desde la cárcel?

La voz que aparece en la grabación corresponde, según la fuente que suministró el audio, a Carlos Calixto Coquies Gamarra, conocido en las estructuras criminales y por la Policía con los alias de ‘El Carpero’ o ‘Coca-Cola’. Su historial documentado ofrece el contexto de por qué su testimonio es clave en la disputa por el control territorial.

Los registros muestran una evolución en su perfil, desde su captura en abril de 2013, en el marco de la operación Dignidad. En esa oportunidad agentes de la Policía, según el informe de la institución, capturaron a ‘El Carpero’ en El Rodadero. En ese momento, era requerido por su presunta participación en homicidios ocurridos en Gaira, La Paz y Cristo Rey.

De acuerdo con la nota de prensa de la captura, Carlos Calixto Coquies Gamarra estuvo vinculado con la masacre de La Pollada en 2007, donde fueron asesinadas cinco personas.  Así mismo, se registra en varios medios de comunicación un atentado que sufrió en abril de 2019, cuando fue herido en el barrio Primero de Mayo.

Por último, el registro más reciente fue en marzo de 2025, en el marco de la operación Atamante. En esa oportunidad, las autoridades del orden capturaron a 10 personas, incluyendo a ‘Coca-Cola’ en Envigado. El informe oficial lo señala como el presunto «responsable financiero y jefe de zona de El Rodadero» de las ACSN. Precisan que operaba un modelo extorsivo donde se realizaban cobros mensuales de entre 200.000 y 400.000 pesos a comerciantes y multas de hasta cinco millones por inasistencia a reuniones.

 

Posdata:

Esta investigación permanece abierta. OPINIÓN CARIBE continuará contrastando documentos, testimonios, registros oficiales y nuevas evidencias que permitan ampliar, precisar o aclarar los hechos aquí expuestos. Las personas, empresas, organizaciones e instituciones mencionadas mantienen abierto el espacio para aportar sus versiones, documentos o elementos de contexto que contribuyan a establecer con mayor precisión qué ocurrió y cuáles son las responsabilidades que, eventualmente, correspondan.

Como medio periodístico, OPINIÓN CARIBE no pretende reemplazar el trabajo de la justicia ni convertir una denuncia en una sentencia. Pretende, justamente, abrir preguntas allí donde existen hechos, versiones enfrentadas y asuntos que todavía requieren esclarecimiento por parte de las autoridades competentes.

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