La JEP pide frenar reforma que revisaría sus sentencias

El proyecto busca que las sanciones impuestas por la JEP a militares y policías sean revisadas automáticamente por el Tribunal Superior Militar y Policial. La jurisdicción advierte riesgos de inseguridad jurídica, mientras sus promotores sostienen que la medida fortalecería el debido proceso.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió al Congreso no aprobar una reforma constitucional que permitiría al Tribunal Superior Militar y Policial revisar las sentencias sancionatorias impuestas por la justicia transicional a integrantes de la Fuerza Pública.

La discusión corresponde al Proyecto de Acto Legislativo 04 de 2026 Senado, actualmente en trámite en la Comisión Primera. La iniciativa propone modificar disposiciones transitorias de la Constitución relacionadas con la JEP para establecer una revisión automática de las decisiones contra militares y policías.

De acuerdo con el proyecto, las sentencias serían remitidas al Tribunal Superior Militar y Policial sin necesidad de que el uniformado sancionado solicite la revisión. Este tribunal podría intervenir sobre la decisión teniendo en cuenta el Derecho Internacional Humanitario, las reglas operacionales vigentes al momento de los hechos y las garantías constitucionales.

Además, la revisión tendría efecto suspensivo, por lo que la sentencia de la JEP no quedaría en firme mientras se surte ese procedimiento. La propuesta establece también que una eventual modificación no podría agravar la situación jurídica del sancionado.

Durante una audiencia pública en el Congreso, el magistrado de la JEP Camilo Suárez manifestó reparos frente a la iniciativa y sostuvo que podría generar problemas constitucionales y de seguridad jurídica.

Suárez señaló que la JEP tiene competencia para investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario relacionadas con el conflicto armado, mientras que la jurisprudencia constitucional ha establecido límites a la competencia de la Justicia Penal Militar frente a este tipo de delitos.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el carácter de órgano de cierre del Tribunal para la Paz. Para el magistrado, permitir que el Tribunal Superior Militar y Policial revise y eventualmente modifique decisiones de la JEP alteraría la estructura establecida para la justicia transicional.

Desde la JEP también se ha planteado que la reforma podría abrir una discusión sobre una eventual sustitución de la Constitución, al considerar que podría afectar principios relacionados con los derechos de las víctimas, la independencia judicial y la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos.

Los promotores de la iniciativa defienden una posición diferente. El proyecto fue impulsado por congresistas del Centro Democrático, entre ellos el senador Rafael Nieto, quienes argumentan que los integrantes de la Fuerza Pública deben contar con una revisión especializada realizada por jueces con conocimientos en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Operacional.

Desde esa colectividad sostienen que el mecanismo busca fortalecer las garantías del debido proceso y brindar seguridad jurídica a militares y policías sometidos a la JEP.

La iniciativa deberá continuar su trámite como reforma constitucional en el Congreso. Al tratarse de un acto legislativo, su eventual aprobación requiere superar ocho debates en dos vueltas antes de modificar la Constitución.