EL PRESUPUESTO ENGORDÓ, PERO VARIOS SALIERON TRASQUILADOS

El Gobierno celebra $634,95 billones, mientras el campo, la cultura, el deporte y la ciencia pierden recursos. Los porcentajes cuentan una historia menos festiva que el anuncio del total: la austeridad también tiene preferencias.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

El presupuesto es la declaración de prioridades más costosa de un gobierno. En sus cuentas aparecen las obligaciones que debe cumplir y las decisiones por las que tendrá que responder.

El Congreso le aprobó al Gobierno de Abelardo de la Espriella un presupuesto de $634,95 billones para 2027. Frente al vigente a junio de 2026, el aumento nominal es de aproximadamente 14,2%. La bolsa creció. Sin embargo, varios sectores recibirán menos. Para entender esa aparente contradicción hay que seguir el reparto, porque el tamaño del anuncio puede ocultar el tamaño del sacrificio.

De cada $100 del reparto divulgado al cierre del trámite, aproximadamente $62,4 corresponden a funcionamiento, $22,7 al servicio de la deuda y $14,9 a inversión. En funcionamiento están pensiones, transferencias territoriales y recursos para salud y educación, junto con nómina y administración. Esa composición obliga a examinar las partidas antes de convertir todo el rubro en sinónimo de burocracia.

La deuda incluye devolución de capital e intereses. En el último desglose oficial previo a la votación final, los intereses absorbían $94,4 billones, prácticamente lo mismo que toda la inversión prevista en esa etapa. Ese peso financiero reduce el margen para construir, ampliar y transformar. Una parte considerable del presupuesto llega comprometida con obligaciones acumuladas. Ponencia oficial, cuadro 21.

Dentro de esas restricciones también se gobierna y se escoge.

La comparación entre el presupuesto vigente a junio de 2026 y la ponencia del 14 de octubre para 2027 muestra reducciones nominales de 32,2% en agricultura, 29,6% en cultura, 20% en deporte y 10% en ciencia, tecnología e innovación. Ese es el corte de la matriz sectorial citada, anterior a los últimos movimientos de plenaria. Mientras el total crece, esas partidas retroceden incluso antes de descontar la inflación. Cuadro sectorial de la ponencia y base oficial de 2026.

La tijera puede parecer pequeña desde Hacienda y resultar enorme en un municipio. Para el Magdalena, la pregunta es qué programas conservarán cobertura y cuáles proyectos tendrán que seguir esperando.

Durante el trámite también se consiguieron recursos. Salud recibió una adición final de $3 billones, que se sumó a otros $2 billones incorporados previamente. La fuente de esos últimos recursos quedó escrita: servicio de la deuda. Hubo una decisión de redistribuir espacio presupuestal hacia el aseguramiento en salud. Las operaciones que permiten hacerlo deben explicarse; reducir una apropiación para deuda no significa que la obligación haya desaparecido.

Allí hay materia para el control político: cuánto margen existía, bajo qué condiciones podía utilizarse y qué criterio determinó los destinos escogidos. El Gobierno propone y avala; el Congreso modifica y decide. El reparto tiene responsables en ambas orillas.

La JEP permite observar el alcance de una decisión selectiva. Durante el trámite perdió aproximadamente $181.400 millones frente al proyecto inicial de 2027, una reducción cercana al 22,1% de aquella asignación. Una partida pequeña frente al presupuesto nacional puede sostener tareas importantes para una entidad.

El destino del último recorte está identificado: unos $11.402 millones salieron de inversión de la JEP y pasaron a funcionamiento de Defensa para pagar sentencias por muerte de miembros de la Fuerza Pública. Financiar esas obligaciones mediante la reducción de una partida de apoyo institucional de la JEP fue una elección presupuestal. Corresponde explicar sus consecuencias, además de justificar el gasto que se atiende. Proposición aprobada, página 8.

Con la Fiscalía debemos ser igualmente precisos. Frente a la misma base de junio de 2026, la entidad registra en la ponencia un aumento nominal de aproximadamente 5,5%. Sus necesidades pueden superar lo asignado y sus nuevas obligaciones consumir ese incremento. Pero el faltante frente a lo solicitado y el recorte frente al año anterior son situaciones distintas. La crítica conserva su fuerza cuando respeta esa diferencia. Presupuesto de la entidad y datos oficiales de Hacienda.

Y aquí aparece la cuenta pendiente: el ajuste fiscal anunciado.

La aprobación del presupuesto deja autorizadas las partidas y previstas sus fuentes de financiación. Su ejecución depende de que los ingresos se materialicen y exista disponibilidad de caja. El ajuste deberá concretar cómo se corregirá el desequilibrio, con qué medidas y quién asumirá sus costos.

Ese debate merece tanta atención como la votación del presupuesto. ¿Qué gastos se revisarán? ¿Qué ingresos se modificarán? ¿Cómo se protegerán los servicios y la inversión? El Gobierno debe precisar el calendario y la distribución del esfuerzo. El anuncio de austeridad necesita convertirse en decisiones que puedan examinarse.

Incluso el recorte mínimo del 3% incluido en las proposiciones aprobadas tiene un alcance específico: gastos no esenciales de funcionamiento. Los ahorros podrán reorientarse a gestión del riesgo, vías terciarias y agua potable. Aplicar ese porcentaje a todo el funcionamiento inflaría la cuenta del ahorro. Texto aprobado, página 36.

El presupuesto engordó. Pedro Pueblo merece saber por qué la tijera encontró al campo, la cultura, el deporte y la ciencia, y qué le espera con el ajuste fiscal anunciado.

Gobernar también es decidir quién queda trasquilado.