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Geopolítica Parroquial

Consejo de Estado frena a Gustavo Petro por acusaciones de fraude electoral

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Consejo de Estado frena a Gustavo Petro por acusaciones de fraude electoral

El Consejo de Estado concluyó que Gustavo Petro vulneró los derechos del registrador Hernán Penagos y de la Registraduría al atribuirles un fraude electoral sin respaldo probatorio suficiente. El fallo de primera instancia le ordena eliminar 12 publicaciones y le prohíbe reiterar esas acusaciones sin una decisión judicial o de autoridad competente en firme que las sustente.

 

La Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó al expresidente Gustavo Petro eliminar 12 publicaciones de su cuenta en la red social X y retirar una intervención realizada durante un consejo de ministros, relacionadas con sus acusaciones de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2026. La decisión, adoptada el 30 de octubre de 2026, responde a una acción de tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, quien consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, así como la reputación de la entidad que dirige.

Según el expediente, entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, Petro cuestionó públicamente la transparencia del proceso electoral, el funcionamiento del software y la seguridad de los formularios E-14. En varias de esas intervenciones atribuyó al registrador y a la Registraduría su presunta participación en un fraude, afirmaciones que fueron difundidas cuando todavía ejercía la Presidencia de la República y que, de acuerdo con el tribunal, no contaban con elementos suficientes para sustentar las responsabilidades señaladas.

¿Qué encontró el Consejo de Estado?

La Subsección C, con ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales, examinó documentos técnicos, reclamaciones, demandas electorales y una denuncia penal presentada el 13 de octubre de 2026 contra Penagos. Sobre esta última, estableció que fue radicada después de las declaraciones cuestionadas y de la presentación de la tutela, por lo que no podía constituir un fundamento previo de aquellas acusaciones. Además, recordó que la existencia de una denuncia no equivale a demostrar la comisión de un delito ni la responsabilidad de una persona.

La corporación también valoró un informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, según el cual una auditoría internacional del software utilizado en las elecciones no registró incidentes de seguridad ni fallas del sistema. A partir del material examinado, concluyó que no existían pruebas suficientes para atribuir al registrador la comisión de conductas delictivas o su participación en un fraude. No obstante, aclaró que la sentencia no determina si hubo o no irregularidades en las elecciones presidenciales de 2026, pues ese asunto corresponde a las autoridades competentes.

Las órdenes contra el expresidente

El fallo estableció un plazo de cinco días, contados a partir de su notificación, para retirar los contenidos señalados. También ordenó a Petro abstenerse de atribuir a Penagos conductas delictivas o a la Registraduría participación en un fraude electoral sin una decisión ejecutoriada de autoridad competente que respalde esas imputaciones.

Durante el proceso, la defensa del exmandatario sostuvo que sus declaraciones estaban protegidas por la libertad de expresión y advirtió que imponer restricciones futuras podría constituir censura previa. Sin embargo, el Consejo de Estado precisó que ese derecho permite cuestionar a los funcionarios públicos, denunciar posibles irregularidades y participar en el debate político, pero no presentar como comprobadas responsabilidades penales sin el debido fundamento. Asimismo, destacó que las afirmaciones fueron difundidas cuando Petro ejercía la Presidencia de la República, cargo que exige especial diligencia en las comunicaciones dirigidas a la ciudadanía.