APROBARON LOS BILLONES, ENREDARON EL PRESUPUESTO

Celebraron $634,9 billones y ahora deben aclarar qué aprobaron. Honorio Henríquez tiene que encabezar la explicación del Congreso; el Gobierno, responder por el camino que adopte. Mientras tanto, sigue pendiente quién pagará el ajuste fiscal.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

Ayer escribimos en Opinión Caribe que el presupuesto engordó, pero varios salieron trasquilados. Hoy debemos agregar otra pregunta: después de celebrar su aprobación, ¿cuál presupuesto tendrá Colombia?

¿El que presentó Petro? ¿El que reformuló Abelardo? ¿El de las comisiones? ¿El de las plenarias? ¿O el de la llamada «dictadura fiscal»?

No son cinco chequeras entre las cuales el presidente pueda escoger.

Petro presentó el proyecto inicial para 2027. El Congreso lo devolvió y Abelardo pudo reformular las cuentas según su visión de gobierno. La herencia explica el punto de partida; no exonera las decisiones posteriores.

Los $634,9 billones tampoco nacieron en la trasnochada. Las comisiones económicas habían aprobado ese monto desde septiembre. Volver al texto del primer debate podría conservar el tamaño de la bolsa y cambiar su distribución. El mismo total no garantiza los mismos recursos para cada destino.

El artículo 65 regula operaciones de cobertura frente a riesgos del petróleo, los combustibles y la tasa de cambio. No distribuye por sí mismo el presupuesto entre sectores. La controversia nace de haber aprobado versiones diferentes sin conciliarlas; su alcance sobre el resto del proyecto sigue en discusión.

El senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, presentó una modificación, pero la retiró en el Senado y la dejó como constancia. En Cámara terminó aprobada una versión que la incorporaba y contaba con aval del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Debe establecerse quién la incluyó en el paquete votado y quién comprobó que coincidiera con lo aprobado por los senadores.

La Secretaría del Senado dejó constancia de que allí no se aprobó la modificación. La Cámara había anunciado que los textos eran idénticos y no requerían conciliación. El artículo terminó como manzana envenenada en el jardín de la celebración.

Pero la responsabilidad comienza antes de la madrugada.

Un intento previo de discutir el presupuesto en Cámara se frustró por falta de cuórum, sin superar los impedimentos. El Senado abordó el articulado el 19 de octubre y la Cámara terminó en la madrugada del 20, en la recta final del plazo. Las presidencias y las bancadas deben explicar por qué no aseguraron tiempo suficiente para revisar, comparar y, si era necesario, conciliar.

El calendario también es una decisión política. Las mayorías tienen que aparecer antes de la foto de celebración.

Hacienda debía seguir el contenido y los avales; Interior, acompañar la coordinación política. Corresponde revisar qué hicieron sus equipos y establecer responsabilidades. Si fue descuido, deben explicar cómo atravesó tantos filtros. Si hubo intención, tendrá que demostrarse. No olvidemos que tanto Gómez como Lara, son veteranos del congreso.

No hay prueba de sabotaje ni de un acuerdo uribismo–petrismo. Eso no borra las tensiones: los partidos hacen la venia mientras van anotando para cobrar por ventanilla. Con Defensores de la Patria preparando su participación en 2027, los aliados nacionales también calculan la competencia territorial.

Ahora debe responder el samario Honorio Henríquez, presidente del Senado y del Congreso: qué texto remite al Gobierno y en qué condiciones se certifica su aprobación, con respaldo en los registros de ambas cámaras. No le corresponde resolver por sí solo la controversia, pero sí encabezar una explicación que no admite más evasivas.

El artículo 196 de la Ley 5 dispone que un proyecto aprobado por ambas corporaciones pase al Gobierno para su sanción. ¿Se comunicará que el trámite concluyó válidamente o que la discrepancia sin conciliar impidió completarlo? Esa respuesta necesita certificaciones, no declaraciones de tranquilidad.

Para sancionar, el Ejecutivo debe recibir formalmente el proyecto. La comunicación del Congreso será fundamental para definir su actuación, aunque no resolverá por sí sola el debate jurídico: una tesis limita el defecto al artículo cuestionado; otra plantea aplicar la regla de falta de expedición oportuna.

En este último escenario, el artículo 59 del Estatuto Orgánico dispone que rija el proyecto gubernamental con las modificaciones del primer debate: el reformulado por Abelardo y modificado en comisiones. El decreto no resucita automáticamente el proyecto original de Petro ni permite inventar otro reparto.

Sí podrían quedar por fuera cambios exclusivos de las plenarias. Entre las partidas señaladas en riesgo están los $3 billones adicionales para salud y recursos incorporados para educación y subsidios de gas GLP. El alcance debe verificarse contra el texto del primer debate. Pedro Pueblo podría perder en los papeles lo que le anunciaron entre aplausos.

Y cualquiera que sea el desenlace, sigue pendiente la prometida Ley de Rescate. El Gobierno ha planteado reducir el gasto en alrededor de $45 billones. Debe presentar las medidas, conseguir respaldo y explicar quién asumirá sus costos. Autorizar gasto no llena la caja.

El plazo no sorprendió a nadie. Ahora Congreso y Gobierno deben explicar qué presupuesto regirá, qué partidas sobreviven y quién responde por las que puedan perderse.

Pedro Pueblo no puede pagar también el costo de sus errores.