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Lo ético, lo moral y lo legal: lo que la ciudadanía puede exigir sobre el título de Jaime Vives Pinedo

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Lo ético, lo moral y lo legal: lo que la ciudadanía puede exigir sobre el título de Jaime Vives Pinedo

Por: Gerardo Angulo Cuentas
gerardo@angulo.com.co

 

En Santa Marta, cuando un trámite sale rápido y el resultado ayuda a cumplir un requisito para ocupar un cargo público, es comprensible que la gente pregunte cómo se hizo. En el caso del título de Jaime Gregorio Vives Pinedo, mi lectura de la información pública es que solicitar la validación fue moralmente legítimo, que la evaluación descrita por la Universidad del Magdalena es éticamente defendible y que el reconocimiento se ajusta, según lo publicado, a las reglas que la institución identifica. Cada uno de esos juicios tiene sus propias razones.

La Universidad informó que le reconoció 23 de los 26 créditos del programa, correspondientes a ocho asignaturas. El plan de validación de la especialización, aprobado el 12 de agosto de 2026, contemplaba hasta 17 créditos por la vía ordinaria y hasta 23 por la excepcional. El Consejo de Facultad aprobó el reconocimiento el 19 de agosto. Quedó pendiente Finanzas Sostenibles y Fintech, que, según la institución, se cursó en modalidad dirigida, con actividades presenciales el 28 y 29 de agosto y dos productos evaluados. La nota se registró el 3 de septiembre. El título se otorgó el 8 de septiembre. https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPublicacion/verNoticia/489366

La Silla Vacía informó que el posgrado era un requisito para presidir Coljuegos y que la hoja de vida de Vives se publicó tres días después del grado. La cercanía de esas fechas explica el interés público. También se han publicado fechas distintas para el inicio del trámite, mientras el comunicado institucional enumera la inscripción inicial sin fecharla. Una cronología que distinga la inscripción, la solicitud de validación y la matrícula ayudaría a entender cuánto duró realmente el proceso. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-titulo-expres-del-familiar-de-joaquin-gutierrez-para-llegar-a-coljuegos/

En lo moral, considero legítimo que Vives haya pedido que se evaluaran los aprendizajes de su trayectoria, incluso si buscaba cumplir el requisito para aspirar a Coljuegos. Una persona puede perseguir un interés propio por un mecanismo previsto para los interesados. El deber de quien solicita es acreditar de buena fe lo que sabe. A la Universidad le corresponde juzgar esos soportes con imparcialidad. La cercanía entre el grado y la publicación de la hoja de vida explica el interés ciudadano. Por sí sola, esa secuencia no demuestra que Vives faltara a su deber o que alguien interviniera para favorecerlo.

Me interesa defender la posibilidad de reconocer saberes adquiridos fuera del aula. En el Caribe hay personas que han administrado empresas, organizado comunidades o sostenido proyectos durante años y pueden demostrar aprendizajes que una universidad enseña formalmente. Pensemos en una mujer que lleva veinte años gestionando una cooperativa. Si puede acreditar que domina lo que se espera que aprenda en una asignatura, ¿qué gana ella, y qué gana la universidad, obligándola a cursarla otra vez? La idea tiene mérito. Su rigor se juega al pasar de los años de experiencia, que son fáciles de contar, a los aprendizajes concretos, que hay que demostrar.

La validación de saberes comienza a solicitud del interesado. Una persona toma la iniciativa, presenta los soportes de su trayectoria y pide que se evalúe lo que sabe frente a las asignaturas del programa. El Acuerdo Superior 02 de 2025 contempla esta posibilidad en posgrados y fija un máximo excepcional del 90 %. Cada solicitud es singular por la experiencia y las evidencias que aporta. En Alta Gerencia, «excepcional» tiene además un sentido preciso: es el reconocimiento que puede superar el tope ordinario de 17 créditos y llegar hasta 23. Que cada expediente sea particular tampoco significa que todos ameriten ese máximo. [Acuerdo Superior 02 de 2025] https://www.unimagdalena.edu.co/Content/ArchivosPublicaciones/Publicacion_402493/documento_1_20250506122611.85.pdf

El grado por ventanilla merece su propia pregunta. La Universidad informó que esa modalidad está prevista en su reglamento y que se ha usado en 16 grados de la misma especialización. Ese dato aclara que la vía existe y se usa. Para comparar tiempos habría que saber cuándo se solicitó el grado, cuándo se verificaron los requisitos y cuánto tardaron otras solicitudes en condiciones similares. Los cinco días entre la nota y el título miden el intervalo entre dos hechos conocidos. La fecha de la solicitud permitiría medir cuánto demoró la Universidad en resolverla. https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPublicacion/verNoticia/489366

En lo ético, la pregunta es si había una razón académica para reconocer esos créditos. La Universidad afirma que la Coordinación examinó certificaciones, funciones profesionales y otros soportes, y utilizó una rúbrica para contrastarlos con las competencias y los resultados de aprendizaje. También explica que dejó tres créditos pendientes y que el aspirante tuvo que cursarlos y aprobarlos. Ese es un criterio defendible: reconocer lo que la persona demuestra saber y exigirle lo que aún debe acreditar. La imparcialidad consiste en aplicar a cualquiera ese mismo criterio. Para comprobar su aplicación a cada asignatura habría que contrastar la rúbrica y el concepto técnico con los soportes del expediente. https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPublicacion/verNoticia/489366

En lo legal, el Acuerdo Superior 02 de 2025 permite la validación en posgrados hasta un máximo excepcional del 90 %. Los 23 créditos reconocidos representan el 88,46 % y coinciden con el máximo que la Universidad atribuye al plan de Alta Gerencia. Según el comunicado, el Consejo de Facultad tomó la decisión con base en un concepto técnico y el grado por ventanilla tenía fundamento en el artículo 91 del Acuerdo Superior 19 de 2018. Hay, por tanto, una regla aplicable y una secuencia de actuaciones identificable. Mi juicio favorable se apoya en esos datos. La verificación de que cada requisito se cumplió corresponde al examen del expediente. [Acuerdo Superior 02 de 2025] https://www.unimagdalena.edu.co/Content/ArchivosPublicaciones/Publicacion_402493/documento_1_20250506122611.85.pdf

¿Qué podemos exigir entonces? Podemos presentar un derecho de petición y exigir una respuesta de fondo. Podemos pedir las reglas, el calendario y los soportes que tengan carácter público. Podemos ejercer control social y solicitar que se revisen hechos concretos. Revocar un título requiere una causal jurídica y un procedimiento que respete el derecho de defensa del titular. Si se acredita que se omitió un requisito obligatorio, la discusión cambia. Si lo único que se acredita es que el trámite avanzó rápido, la revocación carece de fundamento por esa sola razón. En una universidad pública, la misma seriedad con que se examina una duda debe aplicarse al decidir qué consecuencias tiene.

[Código de Procedimiento Administrativo, artículos 13, 93 y 97]  y [Ley 1757 de 2015, artículos 60 y 62]

La Universidad ya ha aplicado esta política en el territorio. En julio de 2026 informó que cuatro madres comunitarias de Buenavista, en la Ciénaga Grande, se graduaron como tecnólogas en Atención Integral a la Primera Infancia mediante una ruta que reconoció sus saberes. En Etnoeducación, la Resolución Rectoral 375 de 2024 documenta solicitudes de validación de integrantes de los pueblos arhuaco, kogui y wayúu y dispone la exoneración del pago de los créditos validados para el grupo que cobija. Ese mismo año la Universidad informó que graduó a sus primeros nueve licenciados en Etnoeducación: cinco arhuacos, tres koguis y una wayúu. La noticia del grado da la composición de la cohorte y la resolución describe el procedimiento de validación y exoneración.

El comunicado del 14 de noviembre reporta 4.221 participaciones, entre ellas 138 en posgrados: 136 en maestrías, una en especialización y una en doctorado. La cifra mide participaciones y el propio comunicado advierte que no equivale a títulos otorgados. El trámite se inicia a solicitud del interesado y cada expediente se valora por separado. Con una sola participación reportada en especializaciones, el comunicado ofrece poca base para comparar expedientes de ese nivel. La falta de ese historial por sí sola no demuestra trato preferencial. Sí podemos preguntar cómo podía orientarse un interesado, qué criterios se aplicaron y cómo quedó documentada la decisión.

En la ficha pública de Alta Gerencia encontré información sobre la inscripción al programa. Allí no encontré una guía específica de validación. Le doy a ese hallazgo su justo peso. Un procedimiento a solicitud del interesado puede funcionar, aunque la información inicial se obtenga consultando a la Universidad. La igualdad se juega en que cualquier interesado que haga esa consulta pueda presentar sus soportes y recibir una valoración con los mismos criterios. En el caso de Vives, lo que cabe preguntar es qué aprendizajes se acreditaron para reconocerle ocho asignaturas y cómo se sustentó el paso del tope ordinario al excepcional.

El 17 de noviembre, Caracol Radio informó que estudiantes y egresados radicaron un derecho de petición mientras el Ministerio de Educación adelantaba una visita de inspección a la Universidad. Al escribir esta columna, no he encontrado un informe público de esa visita. La salida de Vives de Coljuegos, anunciada por el presidente de la República, pertenece a otra decisión. El examen del título sigue dependiendo de los documentos, de las reglas que regían y de lo que la autoridad competente pueda establecer.

Volvamos a la mujer que lleva veinte años gestionando una cooperativa. Si pide la validación, tiene derecho a que estudien lo que sabe y a conocer por qué se le reconocen ciertos créditos. Ese es el criterio con el que juzgo también el caso de Vives. A la luz de lo publicado, veo razones para defender su solicitud y la actuación académica que describe la Universidad. Si aparecen pruebas de que se omitió una etapa obligatoria, se evaluaron competencias que no estaban acreditadas o se aplicó un criterio distinto por tratarse de él, habría razones para cambiar ese juicio. Hasta entonces, pedir explicaciones es ejercer control ciudadano. Afirmar que hubo un privilegio exige demostrarlo.

Exigir que se revoque el título de Jaime Vives Pinedo sin demostrar una irregularidad que lo justifique, o llamar a la Universidad del Magdalena «universidad de garaje» sin aportar pruebas que sostengan esa descalificación, me parece una irresponsabilidad y una afrenta a la seriedad de la institución. La ciudadanía tiene todo el derecho a pedir explicaciones. Quien hace una acusación pública tiene la responsabilidad de sustentarla.