“Nos estamos dejando coger ventaja de los grupos armados ilegales”: Defensor del Pueblo

El Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Defensoría del Pueblo, hizo un balance sobre las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en el primer semestre del 2023, a partir de un trabajo in situ de sus funcionarios que se extendió a todas las regiones del país. El secuestro, las masacres, el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, la conflictividad social manifiesta y las violencias basadas en género y por prejuicio contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, entre otros hechos, forman parte de la grave situación que viven las comunidades.

“El aumento en los índices de estas conductas configura un difícil escenario de recrudecimiento de la violencia cuyos responsables directos son los grupos armados ilegales. Estamos viviendo una espiral de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El número de secuestros registrados por la Defensoría del Pueblo entre enero y junio de este año fue de 32, mientras que en el mismo periodo del 2022 el reporte se situó en 23, lo que equivale a un incremento del 39%. Los meses que más reportaron este flagelo fueron mayo y junio con 11 y 8, respectivamente, y los departamentos en los que más secuestros hubo fueron Arauca, Antioquia y Norte de Santander.

“Además del aumento considerable en las cifras de secuestros, nos preocupa que esta conducta siga ocurriendo en los mismos departamentos que el año pasado, dos factores que se constituyen como una consecuencia directa de la agudización del conflicto armado en el país”, añadió Carlos Camargo Assis.

Por otro lado, asegura que las masacres también aumentaron en los seis primeros meses del año. Son 52 homicidios colectivos los que se presentaron en el país versus los 48 ocurridos en la misma época del 2022.

Las masacres no han tenido una relación directa con los homicidios de excombatientes y firmantes de paz; sin embargo, en lo que va corrido del año son 19 los asesinatos de los que han sido víctimas quienes forman parte de ese grupo poblacional, mientras que el año pasado fueron 21 los excombatientes ultimados.

Atendiendo a los mismos meses, se registraron 756 eventos de conflictos sociales manifiestos en el país. Este número representa un incremento del 48% frente al primer semestre del 2022, cuando se registraron 512. Mayo y junio son los meses que concentraron el mayor número de conflictos sociales. Arauca, Meta, Nariño, Putumayo, Córdoba y Antioquia, con alta presencia de grupos armados ilegales, fueron lugares con incidencia de conflictividad social.

Así mismo, durante el primer semestre del 2023, la Defensoría del Pueblo registró un total de 92 asesinatos en contra de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Los más afectados fueron los líderes comunales, con 22 homicidios; líderes comunitarios, con 20, y líderes indígenas, con 16. Tres grupos que concentran el 63% del total de homicidios registrados. Sin embargo, en el comparativo con el mismo tiempo del año inmediatamente anterior, se evidencia una disminución del 19%, periodo en el que se presentaron 114 homicidios.

“Esta disminución en el número de casos reportados debe ser el punto de partida para que la institucionalidad del Estado siga trabajando en la búsqueda de mecanismos que permitan acabar con estos crímenes, y para que los actores armados, de forma urgente, cesen toda acción violenta contra la población civil, particularmente contra quienes ejercen un liderazgo para sus comunidades”, agregó Camargo Assis.