Procuraduría hace llamado urgente para proteger la vida de firmantes de paz

La Procuraduría General de la Nación condenó con firmeza el atentado registrado el pasado 10 de septiembre en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Agua Bonita, en Caquetá, donde el firmante del Acuerdo de Paz Carlos Arturo Vargas fue atacado con arma de fuego.

El hecho se presentó hacia las 6:00 p. m. en el vivero comunitario Puerta de Oro de la Amazonía. Vargas, reconocido líder del proceso de reincorporación, recibió impactos de bala y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial en Florencia, donde permanece bajo atención médica.

Frente a lo sucedido, la Procuraduría hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades locales para que refuercen sin dilaciones las medidas de seguridad en favor de los excombatientes.

La entidad también solicitó que las investigaciones se prioricen y permitan identificar y judicializar a los responsables del ataque, al tiempo que recordó su compromiso de vigilar el cumplimiento de las garantías de seguridad pactadas en el Acuerdo de Paz.

“No es aceptable que los firmantes continúen siendo blanco de atentados. Es deber del Estado asegurar su vida e integridad en los territorios donde se desarrolla la reincorporación”, señaló el órgano de control.

El ataque en Agua Bonita no fue un hecho aislado. Ese mismo día se reportaron otros dos atentados contra firmantes de paz en Cali y Putumayo, mientras que en el municipio de La Montañita (Caquetá) otro excombatiente perdió la vida en circunstancias similares.

Organizaciones sociales y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo Final (CSIVI) expresaron su preocupación y recordaron que, desde la firma del acuerdo en 2016, más de 400 excombatientes han sido asesinados en el país.