Futuro de ESSMAR en manos del Tribunal del Magdalena

La decisión judicial se da en medio de un largo proceso de intervención que enfrenta la empresa de servicios públicos de Santa Marta desde 2021. El abogado Gerardo Martínez Hernández es quien lidera la acción legal.

La crisis administrativa y financiera de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR), que desde noviembre de 2021 está bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, acaba de entrar en una etapa decisiva. Tras más de tres años sin una solución definitiva, la Consejo de Estado ordenó al Tribunal Administrativo del Magdalena admitir y tramitar en un plazo de diez días hábiles la acción de cumplimiento interpuesta por el abogado Gerardo Martínez Hernández, quien busca que se aplique la ley y se decrete la disolución de la empresa.

Según Martínez, la intervención administrativa temporal tenía un plazo máximo de dos años para definir si la empresa se recuperaba o debía disolverse. Al haber superado ese periodo sin resultados favorables ni auxilios económicos del Gobierno Nacional, considera que la Superintendencia debe proceder a la disolución definitiva.

“La intervención tiene unas etapas claras. Ya pasaron más de dos años desde que se inició el proceso y no se cumplió el objetivo de recuperación. La ley es clara: cuando no hay recuperación ni apoyo económico, debe ordenarse la disolución de la empresa”, afirmó el abogado.

La acción de cumplimiento fue presentada en mayo de 2025, pero inicialmente el Tribunal la rechazó al considerar que debía tramitarse como una acción de tutela, al interpretar que se trataba de una vulneración al derecho de petición. El abogado impugnó esta decisión, pero su recurso fue declarado improcedente, por lo que interpuso una tutela contra el propio Tribunal.

El caso escaló hasta el Consejo de Estado, que concluyó que sí se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia, pues la acción de cumplimiento cumplía con los requisitos legales y no debió transformarse en una tutela. Por ello, ordenó que sea admitida y resuelta en un plazo máximo de diez días hábiles.

“Querían forzarme a aceptar que esto era un derecho de petición, cuando claramente era un cumplimiento de norma. Son procesos distintos. La tutela no tiene los mismos requisitos ni objetivos que la acción de cumplimiento”, precisó Martínez.

La ESSMAR fue intervenida por la Superintendencia en 2021, tras detectar problemas financieros y administrativos que comprometían la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad. Durante un tiempo, la operación fue asumida por la Empresa Pública de Medellín, lo que permitió cierta mejoría. Sin embargo, al finalizar ese contrato y volver a la administración local, la empresa volvió a deteriorarse.

Para Martínez, esto demuestra que la intervención no cumplió su objetivo. La ley contempla un plazo máximo de dos años para este tipo de medidas. Si no hay recuperación o apoyo estatal, la etapa siguiente es la disolución de la entidad.

“La Superintendencia ya no tiene más margen. O se recuperaba la empresa o debía disolverse. Ya pasaron cuatro años y la situación es peor. Por eso pedimos que el juez ordene a la Superintendencia cumplir con la norma”, aseguró.

El fallo del Consejo de Estado obliga al Tribunal Administrativo del Magdalena a tomar una decisión de fondo sobre la acción de cumplimiento. Si el juez le da la razón al abogado, la Superintendencia tendrá dos caminos:

Contratar a una nueva empresa pública para garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado o que el Distrito de Santa Marta cree una nueva empresa que asuma la operación.

“El servicio no puede quedar acéfalo. Si se decreta la disolución, debe haber una transición ordenada para que los usuarios no resulten afectados”, subrayó Martínez.

En caso de que la decisión no sea favorable, el abogado anunció que impugnará y el proceso volverá al Consejo de Estado, que tendría hasta finales de diciembre para resolver en segunda instancia.