Investigación fiscal salpica a Ingrid Aguirre por detrimento millonario en la ESSMAR

En medio de una escalada de acusaciones internas dentro del movimiento político Fuerza Ciudadana, la Contraloría Distrital de Santa Marta avanza en una investigación por presunta responsabilidad fiscal contra la congresista, por un millonario detrimento patrimonial ocurrido durante su gestión como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR).

Por: Arnol Sarmiento

En medio de los recientes escándalos y cruces de acusaciones entre integrantes del movimiento Fuerza Ciudadana, vuelve a cobrar relevancia un proceso adelantado por los organismos de control que involucra directamente a la congresista Ingrid Johana Aguirre Juvinao, por hechos ocurridos durante su paso por la gerencia de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, ESSMAR E.S.P.

El pasado 12 de noviembre de 2025, la Contraloría Distrital de Santa Marta declaró la responsabilidad fiscal por un detrimento patrimonial por más de $42 mil millones, dentro del proceso de responsabilidad fiscal, tras establecer una gestión fiscal ineficiente y antieconómica en la entidad. La decisión quedó consignada en el Auto No. 009-2025, correspondiente a una determinación de primera instancia.

El proceso se originó en el Hallazgo No. 57 de la Auditoría 2020, en el que se evidenció un déficit contable equivalente al monto del detrimento. Según el ente de control, la ESSMAR registró costos y gastos superiores a sus ingresos operacionales, situación atribuida principalmente a una reducción tarifaria del 46,3 %, aprobada por la Junta Directiva el 18 de abril de 2019, sin estudios técnicos, financieros ni económicos que la respaldaran.

De acuerdo con la Contraloría, dicha decisión impactó negativamente la sostenibilidad financiera de la empresa y generó un déficit acumulado que no logró ser compensado, pese al reajuste tarifario autorizado en diciembre de 2019. Para el cierre presupuestal de la vigencia 2020, ESSMAR reportó un recaudo de $94.452 millones, frente a compromisos por $120.056 millones, lo que dejó un déficit de $25.604 millones.

En el fallo, la Contraloría identificó como responsables fiscales, para la época de los hechos, a varios exdirectivos y funcionarios, entre ellos Ingrid Johana Aguirre Juvinao, quien se desempeñaba como gerente de ESSMAR. También fueron vinculados Carlos Enrique Páez Cantillo, secretario general y gerente de la entidad; Andrés Rugeles Pineda, alcalde (e) de Santa Marta; Francisco García Rentería, secretario de Planeación Distrital; Jorge Luis Agudelo Apreza, secretario de Hacienda Distrital; y David Orlando de Marchena González, gerente de Infraestructura Distrital.

Adicionalmente, el ente de control incluyó como tercero civilmente responsable a La Equidad Seguros, en virtud de las pólizas de cumplimiento y manejo de recursos públicos vigentes para el periodo evaluado.

Durante la investigación, la Contraloría analizó actas de Junta Directiva de los años 2019 y 2020, informes financieros y de gestión, cifras tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado, el cierre presupuestal de la vigencia 2020 y la documentación relacionada con las pólizas expedidas por La Equidad Seguros.

Aunque la decisión aún no está en firme, el fallo de primera instancia pone en el centro del debate la responsabilidad administrativa y fiscal de Ingrid Aguirre en la adopción de decisiones que, según el ente de control, ocasionaron un grave daño al patrimonio público de Santa Marta, en un contexto que hoy vuelve a ser foco de atención por las tensiones y denuncias al interior de Fuerza Ciudadana.