Los exalcaldes de Santa Marta a quienes la Contraloría puso la lupa

Las Investigaciones de la Contraloría General de la República ordenaron embargos a la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, así como a Rafael Martínez, por más de 9.600 millones de pesos, relacionados con la obra de la IED Taganga.

Por: Arnol Sarmiento

Es una realidad que varios miembros del movimiento Fuerza Ciudadana, quienes han ocupado cargos públicos importantes, han salido salpicados en investigaciones por presuntas irregularidades. Este fue el caso de la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, así como de Rafael Martínez.

Y es que, mediante el Auto No. 054 de la Contraloría General de la República, se ordenó, el pasado 28 de febrero de 2024, la apertura del proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en la obra de la IED Taganga, hechos por los cuales el ente ordenó embargar sus cuentas bancarias con el fin de lograr el resarcimiento del patrimonio público afectado, por un valor de $9.611.471.371.

Esto se dio tras la denuncia presentada en una nota periodística de Opinión Caribe sobre las presuntas irregularidades en dicha obra, por lo cual, en aquel momento, se conoció que la Contraloría le dio la razón a este medio de comunicación y ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal no solo contra Johnson y Martínez, sino también contra los exsecretarios de Infraestructura Distrital Idark Barrios Johnson, David De Marchena González, Jonathan Nieto Gutiérrez, así como contra el contratista Unión Temporal Taganga.

En ese momento, la Contraloría indicó:

“ORDENAR la apertura del PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-80472-2022-42042, por los presuntos hechos irregulares lesivos al patrimonio público aquí expuestos, teniendo como entidad afectada al DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA, conforme a la parte motivadora de la presente providencia”.

Asimismo, tras la apertura del proceso de responsabilidad fiscal de estos exfuncionarios y contratistas por las presuntas irregularidades en la obra de la IED Taganga, la Contraloría General de la República ordenó embargar sus cuentas bancarias con el fin de lograr el resarcimiento del patrimonio público afectado.

Por lo tanto, la Contraloría, a través de la Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena, ejecutó estas acciones contra los exfuncionarios y contratistas que presuntamente incurrieron en irregularidades en esta obra, destinada a beneficiar a la comunidad estudiantil del corregimiento de Taganga, en la ciudad de Santa Marta.