Santa Marta: Cuando el diálogo empieza a reemplazar la confrontación

En la política territorial hay episodios que, más allá del hecho puntual que los provoca, terminan revelando cambios más profundos en la forma como se ejerce el poder. El debate reciente alrededor del Megacolegio de Taganga parece ser uno de esos momentos.

A primera vista, la discusión gira en torno a una infraestructura educativa inconclusa. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, ha pedido a la Alcaldía de Santa Marta no demoler la obra —que presenta un avance cercano al 72 %— y ha propuesto que el Departamento asuma su terminación para ponerla al servicio de cerca de 1.300 estudiantes de Taganga.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, respondió con una carta abierta en la que advierte que informes técnicos del Distrito señalan graves fallas estructurales en la construcción —hormigueros en el concreto, acero expuesto, columnas desviadas y muros fuera de nivel—, lo que llevaría a considerar la obra en estado ruinoso y potencialmente riesgosa para la comunidad.

Hasta ahí, podría tratarse simplemente de una diferencia técnica o administrativa sobre el destino de un proyecto inconcluso. Pero el episodio deja ver algo más profundo: un cambio en el tono de la política territorial entre la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta.

Durante más de una década, el modelo político que inauguró Carlos Caicedo convirtió la confrontación con los adversarios en un instrumento permanente de construcción de poder. Ese estilo se mantuvo posteriormente bajo los gobiernos de Rafael Martínez y Virna Johnson, donde los antagonismos institucionales fueron frecuentes y los espacios de interlocución directa prácticamente inexistentes.

En ese contexto, el hecho político relevante no es únicamente la discusión sobre el megacolegio. Lo significativo es que la gobernadora ha planteado la posibilidad de sentarse a dialogar directamente con el alcalde para abordar los temas pendientes entre ambas administraciones.

Puede parecer un gesto menor, pero en la política samaria representa una ruptura simbólica con una práctica instalada durante años: la de tramitar las diferencias exclusivamente desde la confrontación pública.

Y la lista de asuntos que requieren coordinación entre la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta es larga.

Infraestructura educativa, proyectos estratégicos de ciudad, recuperación de escenarios deportivos como el Estadio Eduardo Santos, planeación territorial, inversiones regionales y ejecución de obras que dependen de recursos compartidos forman parte de una agenda que no puede resolverse desde trincheras institucionales enfrentadas.

Pero hay un tema aún más urgente que atraviesa esa agenda: la seguridad.

En Santa Marta y en el Magdalena, la criminalidad ha mostrado señales de escalamiento preocupantes. Los homicidios, las extorsiones y la presencia cada vez más visible de estructuras criminales han comenzado a alterar la vida cotidiana de barrios, sectores comerciales y zonas turísticas.

Frente a ese panorama, resulta evidente que no existe una articulación suficientemente clara entre la Alcaldía y la Gobernación para enfrentar el problema con una estrategia territorial integrada.

La seguridad no es un asunto que pueda abordarse desde esfuerzos aislados. Requiere coordinación entre autoridades locales, Policía, organismos de inteligencia y entidades del orden nacional. Cuando esa coordinación no existe, los vacíos institucionales terminan siendo aprovechados por las estructuras criminales.

Por eso el debate abierto por el Megacolegio de Taganga podría convertirse en algo más que una disputa sobre una obra inconclusa. Puede ser la oportunidad para inaugurar una etapa distinta de relación institucional entre el Distrito y el Departamento.

La tensión política seguirá existiendo —y es natural que así sea—. Pero gobernar un territorio implica reconocer que hay problemas que solo pueden resolverse mediante cooperación institucional.

Santa Marta enfrenta desafíos estructurales que ningún nivel de gobierno puede resolver por sí solo. Infraestructura, seguridad, desarrollo urbano y recuperación de espacios públicos requieren coordinación, diálogo y decisiones compartidas.

Sentarse a conversar no elimina las diferencias políticas. Pero permite algo fundamental en cualquier democracia territorial: poner el interés de los ciudadanos por encima de la lógica de la confrontación permanente.

Quizá el episodio del Megacolegio de Taganga termine resolviéndose en favor de una u otra posición técnica. Pero su verdadero significado político podría ser otro: recordarle a la ciudad que el territorio no puede seguir gobernándose desde la confrontación institucional permanente.