Metrópolis
Procuraduría investiga a docente de Santa Marta por presunto uso de título universitario irregular
Una docente vinculada a una institución educativa distrital de Santa Marta quedó en el centro de una investigación disciplinaria luego de que la Procuraduría General de la Nación formulara pliego de cargos por la presunta presentación de documentos falsos para acceder a un cargo público.
Se trata de Somaira Martina Varela Olaya, quien ejercía como docente de aula en la Institución Educativa Distrital Laura Vicuña, adscrita a la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta.
De acuerdo con el expediente disciplinario, la educadora habría entregado documentación presuntamente irregular durante su posesión realizada el 8 de febrero de 2024. Entre los soportes aportados figuraban un diploma y un acta de grado que la acreditaban como Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales, supuestamente expedidos por la Universidad del Atlántico el 26 de enero de 2012.
Sin embargo, las alertas surgieron tras varias verificaciones adelantadas por el Ministerio Público. Según las certificaciones emitidas por la Universidad del Atlántico en mayo de 2024, el nombre de la investigada no aparece en los registros oficiales de graduados y, además, el libro señalado en los documentos entregados no existiría dentro de los archivos de la institución académica.
La Procuraduría señaló que la conducta podría configurar, de manera provisional, una falta disciplinaria gravísima, relacionada con el suministro de información falsa o inexacta para influir en el nombramiento dentro de una entidad pública, conducta contemplada en el artículo 55 de la Ley 1952 de 2019.
El organismo de control indicó además que la presunta actuación habría sido cometida a título de dolo, es decir, con conocimiento y voluntad sobre la irregularidad atribuida.
La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Marta, que continuará adelantando el proceso disciplinario para establecer responsabilidades frente a los hechos investigados.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los controles de verificación documental en los procesos de vinculación al sector público, especialmente en áreas sensibles como la educación oficial, donde la acreditación profesional es un requisito fundamental para el ejercicio de la docencia.
