Universidad del Magdalena: la renovación exige algo más

En medio de nombres que hoy se proyectan como alternativas, surgen dudas legítimas sobre trayectoria, experiencia sectorial y comprensión ética del poder. La universidad no puede resolver su futuro entre continuidades agotadas y apuestas inciertas: necesita dirección con rigor, autonomía y coherencia institucional.

Por: José D. Pacheco Martínez

La columna titulada: Explorar nuevos liderazgos…, escrita por el doctor Gerardo Angulo y publicada en esta tribuna, acierta al plantear la necesidad de explorar nuevos liderazgos para la Universidad del Magdalena. El relevo es indispensable en cualquier institución que aspire a mantenerse vigente. Sin embargo, el planteamiento se queda en una dimensión descriptiva: enuncia nombres, sugiere posibilidades, pero no consolida un criterio exigente que permita distinguir entre lo viable y lo meramente plausible.

Ese vacío es determinante. La discusión no consiste en identificar aspirantes, sino en definir estándares. Dirigir una universidad pública exige experiencia en educación superior, comprensión de sus tensiones internas y una relación con el poder fundada en principios. Sin ese marco, la idea de “nuevos liderazgos” corre el riesgo de convertirse en una categoría abierta, donde caben perfiles con niveles muy distintos de idoneidad.

Bajo ese criterio, el caso de Carlos Jaramillo debe leerse con precisión. Su tránsito de la Secretaría de Desarrollo Económico a la Cámara de Comercio no solo es coherente, sino estratégico. Ese es su espacio natural de incidencia, donde su perfil puede ser determinante en la articulación empresarial y territorial. Sin embargo, no se le conoce una gestión en el frente educativo que permita sostener, con rigor, su proyección hacia el liderazgo universitario.

La dificultad no radica en su capacidad, sino en la pertinencia. La universidad no puede ser dirigida desde la extrapolación de competencias. Requiere conocimiento del sistema educativo, manejo de dinámicas académicas y experiencia en procesos formativos. En ausencia de ese recorrido, la propuesta pierde sustento técnico y se desplaza hacia el terreno de la expectativa.

El caso de María José Navarro introduce un matiz distinto. Puede concederse el beneficio de la duda en términos de proyección, pero su acérrima dependencia y filiación con el gobierno de turno plantea un problema de autonomía. La universidad no puede quedar sujeta a lógicas de alineación política sin comprometer su naturaleza deliberativa. La cercanía al poder, cuando no está mediada por independencia, se convierte en un factor de riesgo para la gestión institucional.

Ese punto es esencial. La Universidad del Magdalena no es una extensión de la administración pública ni un espacio de continuidad política.  Su legitimidad depende de su capacidad para mantener distancia crítica frente a los ciclos de gobierno. Por eso, la independencia no es un valor accesorio, sino una condición estructural del liderazgo que se elija.

En ese mismo marco, el caso de Stalin Ballesteros exige un análisis más profundo. Los audios en los que interactúa con David Racero no solo generan controversia; revelan una forma de entender el poder público. En ellos no aparece como un actor marginal, sino como alguien que reconoce y explica el valor estratégico de ciertos cargos en función de su incidencia dentro del sistema estatal. Ese detalle cambia la lectura.

No se trata únicamente de una conversación inconveniente, sino de una racionalidad. Cuando un cargo se valora por su capacidad de intermediación —por su potencial para incidir en contratos o articular favores—, el Estado deja de entenderse como un sistema de responsabilidades y pasa a concebirse como un entramado de posiciones útiles. Esa lógica ha sido, precisamente, uno de los factores que más ha erosionado la confianza institucional en Colombia.

Trasladar esa comprensión del poder a una universidad implica un riesgo evidente. No por una inhabilidad formal, sino por el tipo de relación con lo público que sugiere. Y ese es un aspecto que no puede ser relativizado bajo el argumento de la renovación. Porque la renovación no consiste en incorporar nuevos nombres, sino en garantizar nuevas prácticas. En este punto, el debate debe ser claro: no todo lo nuevo es distinto, y no todo lo distinto es mejor. La categoría de “liderazgo renovador” pierde sentido si no está acompañada de una ruptura verificable con las lógicas que han debilitado la institucionalidad. Sin ese componente, la novedad se convierte en una forma de continuidad.

Ahora bien, esa exigencia no puede aplicarse de manera selectiva. También debe decirse, con la misma claridad, que una nueva reelección de Pablo Vera no resulta conveniente para la Universidad del Magdalena. Las instituciones necesitan ciclos que permitan la circulación de ideas, eviten la concentración prolongada de poder y abran espacio a nuevas visiones.

La discusión, entonces, no es entre continuidad o cambio, sino entre rigor o ambigüedad. Ni la permanencia indefinida ni la improvisación ofrecen garantías suficientes. Lo que se requiere es una transición basada en criterios verificables, donde cada perfil sea evaluado bajo el mismo estándar, sin excepciones ni indulgencias.

En ese sentido, la columna del doctor Angulo abre una conversación necesaria, pero deja pendiente su dimensión más exigente. Explorar liderazgos es apenas el punto de partida. Definir con rigor cuáles cumplen las condiciones para ejercerlos es el verdadero desafío. La Universidad del Magdalena enfrenta una decisión estructural. Y en ese contexto, la coherencia no es un lujo: es una obligación. Porque al final, la renovación no depende de quién llega, sino de lo que cambia cuando llega. Y esa es una pregunta que solo puede responderse con criterio, no con entusiasmo.