El Curval: la arriesgada apuesta de Carlos Pinedo para mitigar el déficit hídrico en Santa Marta

De acuerdo con los documentos liberados por la Alcaldía, el presupuesto oficial del sistema asciende a $861.875 millones: $410.759 millones para obras de infraestructura (PTAP, conducción y distribución) y $451.115 millones en costos de financiamiento. La contratación se llevará a cabo en la modalidad crédito de proveedor y una estructura financiera que prevé 53 meses de gracia al capital, donde solo se pagarán intereses sobre actas de obra.

Por: José D. Pacheco Martínez

Uno de los problemas más graves que enfrenta actualmente la ciudad de Santa Marta es la imposibilidad de garantizar y suministrar agua potable a sus más de 600.000 habitantes, aunado a eso, enfrenta también un déficit en las redes de conexión, situación que se ha ido complicando por el vertiginoso y desordenado proceso de expansión urbanística, legal e ilegal. De hecho, estudios sobre la materia precisan que la capacidad de producción de las plantas de tratamiento existentes (El Roble y Mamatoco) se sitúa en 1.200 litros por segundo (L/s), así mismo, detallan que la demanda actual se estima en 2.000 L/s y una proyección futura de aproximadamente 4.000 L/s.

Hace poco menos de un mes, el alcalde Carlos Pinedo Cuello anunció que la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible (EDUS) inició el proceso de contratación para la construcción del sistema de acueducto denominado “El Curval”, en el marco del Plan de Desarrollo 2024–2027 “Santa Marta 500+”.

¿Qué contempla el proyecto?

De acuerdo con los estudios previos, el proyecto se formula a partir de las condiciones actuales del sistema de abastecimiento, que opera sobre las fuentes de los ríos Manzanares, Gaira y Piedras, las cuales presentan una gran deficiencia. De los documentos disponibles, se desprende que esta iniciativa se estructura en tres componentes: el primero corresponde a la infraestructura de potabilización. En este punto, se “contempla la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) tipo convencional en concreto reforzado, con capacidad de 800 litros por segundo […] la cual procesará el agua cruda proveniente del río Piedras”.

El sistema de tratamiento proyectado incluye las etapas de aquietamiento, medición de caudal mediante canaleta Parshall, mezcla rápida, floculación mecánica, sedimentación de alta tasa, filtración rápida, desinfección y manejo de lodos. Estas unidades conforman la línea de proceso prevista para la potabilización del recurso hídrico antes de su incorporación al sistema de distribución.

Respecto del segundo de los elementos de la obra, se advierte que corresponde a la infraestructura de conducción, esto quiere decir que, una vez tratada, el agua será transportada a través de una línea de aproximadamente 11 kilómetros que conectará la PTAP con el sistema existente en el sector de Mamatoco. Esta tubería se define como una línea de conducción sin derivaciones intermedias, destinada exclusivamente al traslado del caudal tratado hasta el punto de interconexión. La infraestructura incluye dispositivos para medición de caudal, control de aire y sistemas de purga.

Finalmente, el tercer componente se relaciona con la red de distribución. A partir de la incorporación del nuevo caudal en la red matriz, el proyecto prevé la ampliación de cobertura y la reposición de redes en zonas específicas del Distrito. En el área rural se contemplan intervenciones en el corregimiento de Bonda, mientras que en el área urbana se incluyen los barrios Nuevo Milenio, Villa Dania, Garagoa, Cantilito, Timayui y 11 de noviembre.  Intervención que, según lo proyectado por la administración distrital, permitirá “la normalización del servicio en zonas que actualmente no cuentan con infraestructura operativa o presentan deficiencias en la prestación”.

Como parte de este componente, también se contempla la construcción de tanques de almacenamiento para regulación de presión y continuidad del servicio. De manera complementaria, el objeto contractual incluye el suministro, instalación y puesta en operación de equipos electromecánicos, así como la ejecución de actividades asociadas a la construcción, entre ellas trazado, excavación, pruebas hidráulicas, desinfección de tuberías y restitución de superficies intervenidas.

El plazo establecido para la ejecución del contrato es de cuarenta y cuatro (44) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.

Modalidad de contratación y estructura financiera

Según la información disponible, la contratación del sistema de acueducto “El Curval” se estructura bajo la tipología de contrato de obra, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, incorporando como mecanismo de pago el esquema de financiamiento con proveedor. Sobre el particular, los estudios previos precisan que esta modalidad se ajusta a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015, que define este tipo de operaciones como aquellas en las que el proveedor del bien o servicio asume simultáneamente la condición de financiador, mediante obligaciones con plazo para su pago.

En ese sentido, el documento indica que “el contrato por celebrarse corresponde a obra bajo la modalidad de crédito de proveedor […] en los que el financiador de la entidad estatal sea el proveedor que transfiere el bien o presta el servicio”. Bajo esta estructura, el valor de las obras ejecutadas no se paga de manera inmediata durante la fase constructiva, sino que se consolida como una obligación a cargo de la entidad contratante, cuyo pago se difiere en el tiempo conforme a las condiciones pactadas.

Yendo más en detalle, se presenta de manera desagregada el presupuesto oficial en dos elementos: primero, el valor de las obras de infraestructura asociadas a proyecto y las cuales se estiman en $410.759 millones, mientras que el segundo, hace referencia a los costos de financiamiento, calculados en $451.115, es decir que, en conjunto, ambos rubros configuran un valor total $861.875 millones. La formulación técnica lo expresa en los siguientes términos: “el presupuesto oficial estimado […] corresponde al valor de ejecución del proyecto […] adicionalmente, el proyecto contempla un valor estimado […] por concepto de costos de financiación, los cuales serán administrados a través del patrimonio autónomo que se constituya para tal efecto”.

Otro de los elementos importantes del proyecto, es la estructura financiación, la cual no se soporta en apropiaciones presupuestales inmediatas ni al momento de la suscripción del contrato, sino que, “los pagos que se obliga a efectuar el contratante […] están subordinados a la disponibilidad de recursos en el patrimonio autónomo […] en el cual se administran los recursos que transferirá el Distrito de Santa Marta”.

Dentro de este esquema, se prevé la creación de un fondo de reserva en el patrimonio autónomo, destinado a atender el servicio de la obligación, incluyendo capital e intereses. La administración de estos recursos estará a cargo de una sociedad fiduciaria, encargada de ejecutar las instrucciones de pago conforme a las condiciones contractuales. Es oportuno señalar en este punto, que el financiamiento asociado al contrato se extiende por un plazo total de 111 meses. Este periodo incluye una etapa inicial de gracia de capital de 53 meses, contada a partir del vencimiento del primer trimestre contractual.

Durante este lapso, no se realizan abonos a capital, aunque se mantiene la obligación de pagar los intereses generados sobre los saldos insolutos de las actas de obra recibidas a satisfacción.  Una vez finalizado el periodo de gracia, el capital acumulado se amortiza mediante cuotas trimestrales sucesivas, conforme a una tabla de amortización que distribuye porcentajes crecientes de pago. Esta tabla tiene carácter estimado y se ajusta en función del valor definitivo del financiamiento, determinado a partir de la consolidación de las actas de obra ejecutadas.

En relación con los intereses, los estudios previos disponen que estos se causan sobre el valor insoluto de cada acta de obra recibida y se consolidan trimestralmente. La tasa de interés remuneratorio tiene como referencia el Indicador Bancario de Referencia (IBR) en su modalidad trimestre vencido, con un margen máximo de siete puntos porcentuales adicionales. Sobre el particular, el documento precisa que “el valor insoluto de las actas de obra […] causará intereses remuneratorios a una tasa máxima de IBR (T.V.) […] más siete (7) puntos porcentuales […] pagaderos por su equivalente trimestre vencido”.

Es decir, los intereses se pagan de manera periódica durante todo el horizonte del financiamiento, incluyendo tanto la etapa de construcción como el periodo de gracia y la fase de amortización de capital. De esta forma, el valor total de la obligación se conforma por la suma de los saldos insolutos de las actas de obra y los intereses causados sobre dichos montos. El esquema contractual también prevé la posibilidad de que la entidad contratante realice pagos anticipados, totales o parciales, sin penalidad, así como la eventual modificación del mecanismo de pago en caso de que se obtengan otras fuentes de financiación.

Variables ambientales, económicas, operacionales y financieras, principales riesgos

A pesar de lo novedoso del mecanismo de contratación seleccionado y que ofrece un amplio margen de concreción y finalización, el proceso presenta una serie de riesgos, dentro de los que se incluyen en primer plano eventos de origen ambiental, los cuales pueden tener efectos negativos como “retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas […] pérdida de materiales […] daños en las actividades ya ejecutadas […] y posibles sobrecostos”.

La estimación inicial los ubica en categoría alta, con asignación principal al contratista o compartida con la entidad, mientras que los controles previstos —planes de contingencia y seguimiento técnico— reducen su valoración residual. Siguiendo en esa línea, aparecen los riesgos de naturaleza económica como la variación de la Tasa Representativa del Mercado, la inflación o el incremento de precios. En estos casos, se prevé que su ocurrencia puede generar principalmente una “afectación del equilibrio económico del contrato” y lo que eso conlleva en los estrados judiciales.

Por otra parte, en la dimensión operacional se agrupan eventos asociados tanto a la etapa de selección como a la ejecución, entre ellos se encuentran el desistimiento del adjudicatario, la deficiente calidad de la obra y la ausencia de garantías contractuales. De forma complementaria, se contemplan situaciones técnicas como modificaciones a diseños o hallazgos de redes no identificadas, que pueden implicar ajustes en costos y cronogramas.

Finalmente, en materia financiera, se identifican eventos como la insuficiencia de recursos en el patrimonio autónomo, el incumplimiento de obligaciones y la falta de cierre, todos con valoración inicial alta. Estos escenarios se asocian a efectos como “suspensión del inicio o ejecución del contrato […] retrasos en el cronograma [y] posible terminación anticipada”.  Se incorporan también eventos de carácter social, particularmente las ocupaciones ilegales en la zona donde se realizará la obra.

Pdta:

Para el desarrollo de esta nota se contactó de manera directa a Luis Felipe Gutiérrez Castillo, secretario de Infraestructura del Distrito y a Jorge Luis Sarmiento Peñaranda, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Santa Marta (EDUS) para conocer su percepción sobre el particular, pero no respondieron, también, se envió un cuestionario a través de la Oficina asesora de comunicaciones de la Alcaldía, pero al cierre de esta edición tampoco hubo respuesta.

Se transcribe el cuestionario en este artículo por si después de la difusión se animan a responder.

Cuestionario gerente Edus

1. ¿Por qué las obras del proyecto pasaron de costar $1.64 billones en 2023 a solo $410 mil millones en 2026? ¿Qué elementos se eliminaron o recortaron para lograr esa reducción del 75%?
2. Los documentos previos reportan un presupuesto oficial de obra de $410.759 millones y un costo de financiación estimado de $451.115 millones, lo que implica que el componente financiero supera en un 9,8% el valor de las obras a ejecutar. ¿Qué análisis de costo-beneficio o evaluación comparativa de alternativas de financiación y modalidades contractuales disponibles en la ley sustentó la decisión de adoptar el esquema de crédito con proveedor?
3. La ausencia de trazabilidad documental sobre las decisiones de estructuración financiera y en particular la no publicación del Anexo Financiero en el SECOP dificulta el ejercicio de control ¿Hay algún documento técnico donde se detallen las variables sobre las cuales se calculó el costo de financiación del proyecto, si no lo hay, explique cómo se proyectaron los $451.115 millones por ese concepto? ¿Este esquema se ajusta a los principios de economía y planeación previstos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011?
4. El contrato prevé un período de gracia de 53 meses durante el cual se causan intereses remuneratorios sin amortización de capital, a una tasa de hasta IBR TV + 7 puntos porcentuales, con capitalización trimestral además, la matriz de riesgos (riesgos N.° 17 y 18, valoración 8/10) identifica como los dos riesgos de mayor criticidad precisamente la insuficiencia de recursos en el patrimonio autónomo y el incumplimiento en el pago de las obligaciones financieras ¿Qué modelo de sostenibilidad fiscal y proyección de deuda soporta esta estructura, y cómo se garantiza que no se configure un crecimiento exponencial de la obligación ante eventuales escenarios de iliquidez del patrimonio autónomo?
5. ¿El Distrito de Santa Marta tiene actualmente capacidad de endeudamiento suficiente para absorber esta operación sin comprometer los indicadores de sostenibilidad fiscal exigidos por la Ley y el Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente? ¿Se remitió concepto previo al Ministerio de Hacienda?
6. ¿Tiene la EDUS la capacidad institucional para administrar durante una década un patrimonio autónomo de esta complejidad y hacer frente a los avatares jurídicos y financieros que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto?
7. Según el estudio previo “se pierden aproximadamente el 60% del agua captada debido a fugas físicas y conexiones ilegales, un valor muy superior al promedio nacional (42%) y lejos de la meta internacional recomendada del 25%. Estas pérdidas incluyen un alto porcentaje de tomas clandestinas, particularmente en zonas rurales y periurbanas, donde el acceso al servicio regulado es limitado. Solo el 40% del agua captada se trata, distribuye y factura, y la cobertura del sistema alcanza apenas el 69.9% de la población”, ¿cuál es el impacto real de la inversión proyectada en más de 800.000 millones si el alcance técnico del Sistema de Acueducto El Curval comprende la construcción de una PTAP tipo convencional de 800 l/s en el sector Agua Viva (corregimiento de Bonda), una línea de conducción de 11 km en diámetro DN900, y la construcción y reposición de redes de distribución en siete barrios y un corregimiento?
8. En uno de los apartes del documento estudios previos se dice que entre los planes a mediano plazo para solucionar el problema de desabastecimiento de agua potable en Santa Marta es la construcción de la PTAP Toribio ¿En qué estado se encuentra ese proyecto? ¿Cómo se pretende hacer frente a la polémica que sobre el particular se suscitó durante la gestión de Rafael Martínez en el distrito y Edgardo Pérez en Ciénaga, respectivamente?