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Política Parroquial

La posverdad como Estado: El Ministerio del Cambio

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Columna de opinión

Por: Víctor Rodríguez Fajardo

«Quien controla el presente, controla el pasado; quien controla el pasado, controla el futuro». La célebre sentencia de George Orwell en 1984 ha dejado de ser una advertencia literaria para convertirse en el manual de estilo de la Casa de Nariño. En la era de la posverdad, el gobierno de Gustavo Petro no solo busca ejecutar políticas públicas, sino, sobre todo, adueñarse del relato histórico de Colombia para asegurar su permanencia en el futuro.

Esta estrategia encuentra su fundamento en la erosión de lo que Hannah Arendt denominaba la «verdad de hecho». Para Arendt, la libertad política depende de hechos fácticos que no estén sujetos a la opinión. Sin embargo, el Ejecutivo actual ha instaurado un régimen donde la realidad es tratada como una arcilla ideológica. Al deslegitimar sistemáticamente a la prensa técnica, a los organismos de control y a los expertos, se busca disolver los hechos en un mar de interpretaciones, permitiendo que la narrativa oficial se convierta en la única fuente de verdad para su base social.

Para que este «control del presente» sea efectivo, el Gobierno recurre a lo que Byung-Chul Han define como psicopolítica: un ejercicio del poder que coloniza el inconsciente digital a través de la emoción. No se busca la obediencia por la fuerza, sino por la identificación afectiva en redes sociales. En este ecosistema, el pasado nacional es reescrito como una cronología lineal de oscuridad y fracaso absoluto, una «tabula rasa» que justifica cualquier medida extraordinaria hoy bajo la promesa de una redención mañana.

No obstante, el choque con la realidad factual es inevitable. Mientras el relato oficial celebra una «potencia mundial de la vida» y un supuesto despegue económico, los datos técnicos de 2025 cuentan una historia distinta. La Inversión Extranjera Directa (IED) se desplomó un 16,1%, acumulando dos años de caída consecutiva, y la formación de capital decreció un 9,3%. A esto se suma una parálisis administrativa sin precedentes: a pesar de contar con el presupuesto más alto de la historia, la ejecución de inversión apenas rondó el 64%, atrapada en una incapacidad técnica que el discurso intenta camuflar culpando a una «burocracia neoliberal» imaginaria.

El abismo entre el país de las cifras y el país del relato se ha vuelto insostenible. Ante el fracaso de los indicadores reales, el Gobierno opta por la huida hacia adelante: la Asamblea Nacional Constituyente. Esta no debe entenderse como una solución jurídica a problemas técnicos, sino como el intento definitivo de consumar la lógica orwelliana.

Al proponer un cambio en las reglas de juego fundamentales, el Ejecutivo busca que el «presente» ya no tenga que rendir cuentas a la verdad de los datos, sino a la hegemonía de su narrativa. En este escenario, la Constituyente no es el inicio de un nuevo futuro, sino el mecanismo para borrar el pasado institucional y blindar un sistema donde los hechos, simplemente, dejen de importar. La resistencia hoy no es solo política, sino epistemológica: devolverle a la sociedad el derecho a la verdad antes de que el relato termine por devorar la realidad.