Capturas contra miembros del Clan del Golfo seguirán activas hasta junio de 2026

La tensión entre la política de paz del Gobierno nacional y las exigencias judiciales volvió a quedar en evidencia, luego de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmara que no serán suspendidas, por ahora, las órdenes de captura contra integrantes del denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, pese a la solicitud elevada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La decisión fue oficializada mediante un comunicado emitido este 12 de mayo, en el que la Fiscalía señaló que las medidas judiciales seguirán vigentes hasta verificar avances concretos y requisitos legales dentro del proceso de paz que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro con esa estructura armada.

Aunque el ente investigador aceptó facilitar el traslado de 29 integrantes del grupo ilegal hacia las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), aclaró que la suspensión de las órdenes de captura solo comenzará a regir a partir del 25 de junio de 2026, fecha fijada oficialmente por la Oficina del Comisionado de Paz mediante la Resolución OCCP No. 120.

“La inmunidad de tránsito y permanencia no puede interpretarse como una autorización general de movilidad”, advirtió la Fiscalía, dejando claro que las ZUT serán únicamente un mecanismo transitorio orientado a un eventual sometimiento y desmantelamiento de la organización criminal.

Alias “Chiquito Malo” sigue requerido por extradición

Uno de los puntos que más llamó la atención dentro del pronunciamiento fue la situación de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, señalado máximo cabecilla del Clan del Golfo, quien aparece dentro del listado remitido por el Gobierno nacional.

La Fiscalía recordó que alias “Chiquito Malo” continúa solicitado en extradición por Estados Unidos y que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya emitió concepto favorable frente al requerimiento internacional.

El organismo investigador enfatizó que aún falta verificar plenamente la identidad, situación jurídica y posibles requerimientos nacionales e internacionales de cada una de las 29 personas incluidas en la solicitud presentada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, dirigida por Otty Patiño.

Fiscalía exige resultados verificables

En su comunicación, la Fiscalía dejó entrever reparos frente al estado real de las negociaciones con el Clan del Golfo y advirtió que la información entregada por el Ejecutivo no es suficiente para acreditar un cumplimiento efectivo de compromisos por parte del grupo armado.

Según el ente acusador, la verificación no puede depender exclusivamente de declaraciones de integrantes de la organización, sino de mecanismos “claros, trazables y verificables” liderados por instituciones del Estado.

Entre los aspectos que deberán ser comprobados aparecen la desarticulación de estructuras armadas, el cese de acciones violatorias del Derecho Internacional Humanitario, la entrega de menores reclutados, la ubicación de desaparecidos y la dejación de armas.

La postura de la Fiscalía se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre el alcance de la política de “Paz Total”, impulsada por el Gobierno Petro, especialmente frente al fortalecimiento territorial del Clan del Golfo en varias regiones del país.

Informes recientes de la Defensoría del Pueblo han advertido sobre la expansión armada de esta estructura criminal en departamentos estratégicos, mientras persisten denuncias por extorsiones, confinamientos y amenazas contra comunidades rurales.

La medida también fue notificada al Ministerio de Defensa Nacional y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, organismos que acompañarán el seguimiento institucional a las Zonas de Ubicación Temporal.