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Judicializan funcionarios de la Registraduría por presunta red de identidades falsas en Fundación, Magdalena
Una presunta red que habría convertido la sede de la Registraduría de Fundación, Magdalena, en un centro ilegal para expedir documentos colombianos a migrantes extranjeros quedó al descubierto tras una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación.
El ente acusador judicializó a la funcionaria Milena Sanjuanelo Castiblanco, a los exfuncionarios Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo, así como al guarda de seguridad Luis Alberto Cantillo Vizcaíno, señalados de participar presuntamente en una estructura dedicada a tramitar de manera fraudulenta registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía para ciudadanos venezolanos y dominicanos.
De acuerdo con la investigación, los hoy procesados habrían intervenido en al menos 20 hechos delictivos, cobrando entre 1.200 y 1.500 dólares por cada trámite irregular. La Fiscalía indicó que los implicados presuntamente ingresaban información falsa en los sistemas oficiales y soportaban los documentos con formularios adulterados y cartas de respaldo que incluso correspondían, en algunos casos, a personas fallecidas.
Las autoridades sostienen que los documentos expedidos permitían que migrantes transitaran libremente por Colombia y obtuvieran pasaportes colombianos para viajar hacia Estados Unidos, México y países de Europa, haciéndose pasar como ciudadanos nacionales.
Las capturas fueron realizadas en Santa Marta y Fundación por agentes del CTI, con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos (HSI), el Ejército Nacional y Migración Colombia.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes agravado. Ninguno aceptó los cargos.
Por decisión de un juez de control de garantías, Milena Sanjuanelo Castiblanco y Aníbal José Rojano Arévalo deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia, mientras que los demás continuarán vinculados al proceso judicial.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los controles internos en las oficinas de registro e identificación del país, especialmente en zonas estratégicas del Caribe colombiano, donde las autoridades investigan posibles redes dedicadas al tráfico ilegal de migrantes mediante documentación fraudulenta.
