Corte Suprema deja en firme condena contra Santiago Uribe

El hermano del expresidente Álvaro Uribe deberá cumplir una pena de 28 años de prisión tras ser hallado responsable de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. La decisión cierra definitivamente la vía judicial ordinaria.

Por: Arnol Sarmiento

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en última instancia la condena contra el ganadero Santiago Uribe Vélez por su participación en la estructura criminal conocida como “Los 12 Apóstoles”, un grupo ilegal que operó en el norte de Antioquia durante la década de 1990 y que, según la justicia, ejecutó un plan sistemático de asesinatos bajo el argumento de la denominada “limpieza social”.

Con la decisión, el alto tribunal dejó en firme la pena de 340 meses de prisión, equivalente a más de 28 años de cárcel, al encontrarlo responsable como coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, conductas calificadas por la Corte como crímenes de lesa humanidad.

La providencia, identificada con el radicado 72466 y cuya ponencia estuvo a cargo de Gerson Chaverra Castro, ratifica la sentencia emitida en noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia.

La estructura criminal

Según el fallo, entre 1990 y 1994 Santiago Uribe Vélez habría conformado y dirigido desde la hacienda La Carolina, ubicada en Yarumal, una organización armada ilegal que operó bajo el nombre de “Los 12 Apóstoles”.

La Corte concluyó que dicho grupo desarrolló un plan de exterminio contra personas consideradas “indeseables” o señaladas de colaborar con organizaciones insurgentes que tenían presencia en la región.

La investigación judicial estableció que la estructura contaba con redes de información en zonas urbanas y rurales, además de presuntos vínculos con integrantes de la Fuerza Pública, lo que le permitía identificar objetivos y ejecutar acciones violentas sin interferencias.

El asesinato de Camilo Barrientos

Uno de los hechos centrales del proceso fue el homicidio de Camilo Barrientos Durán, conductor de servicio público asesinado el 25 de febrero de 1994 mientras cubría la ruta entre Campamento y Yarumal.

De acuerdo con la sentencia, la víctima fue atacada por sicarios que actuaron siguiendo órdenes de la organización criminal. La Sala Penal otorgó credibilidad a los testimonios que señalaron que Santiago Uribe administraba una lista de personas marcadas para ser eliminadas y coordinaba las acciones de la estructura.

El fallo sostiene que existió una planificación previa del crimen y una distribución específica de funciones para garantizar su ejecución, incluyendo presuntas coordinaciones destinadas a evitar la intervención de autoridades en el operativo.

Apoyo de agentes estatales

Uno de los aspectos más sensibles ratificados por la Corte es la existencia de apoyo o tolerancia por parte de agentes estatales frente a las actividades de “Los 12 Apóstoles”.

La decisión judicial señala que integrantes de la Fuerza Pública tenían conocimiento de las operaciones del grupo y, en algunos casos, omitieron actuar para proteger a la población civil, permitiendo el desarrollo de las acciones criminales.

Para el alto tribunal, esta connivencia fue determinante para que la organización pudiera consolidar su accionar en la región durante varios años.

Más allá del discurso de combate a la delincuencia o la insurgencia, la Corte identificó un trasfondo económico detrás de las acciones de la organización.

La providencia sostiene que la eliminación de personas señaladas como colaboradoras de la guerrilla buscaba reducir fenómenos como la extorsión y garantizar condiciones favorables para actividades económicas de gran importancia en la zona, entre ellas la ganadería y la producción agrícola.

Según el análisis judicial, la violencia ejercida por la estructura contribuyó a crear un entorno que beneficiaba intereses económicos de quienes respaldaban o financiaban sus actividades.

Se agota la vía ordinaria

La decisión fue suscrita por el presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano Garavito, junto con los magistrados Myriam Ávila Roldán, Gerardo Barbosa Castillo y Fernando León Bolaños Palacios.

Con esta providencia, la Corte Suprema dejó en firme la condena contra Santiago Uribe Vélez y cerró la vía judicial ordinaria del proceso. El fallo establece expresamente que contra esta decisión no procede ningún recurso.