Geopolítica Parroquial
Los pactos de la política y el paramilitarismo en el Magdalena
Saúl Severini Caballero es hoy el testigo que el Magdalena esperaba y temía. El exjefe del Frente Pivijay de las AUC compareció ante la JEP, reconoció 229 homicidios y comenzó a nombrar a quienes, según él, hicieron posible el paramilitarismo en la región: los que pusieron el dinero, los que guardaron silencio y los que se beneficiaron del terror.
¿Quién es Saúl Severini Caballero y por qué importa su testimonio?
Saúl Severini Caballero fue jefe paramilitar del Frente Pivijay de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructura armada que operó en la zona norte del departamento del Magdalena durante los años de mayor expansión del paramilitarismo en el Caribe colombiano. Compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —el tribunal de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar los crímenes más graves del conflicto armado colombiano— desde mediados de julio de 2026, buscando los beneficios del sistema a cambio de verdad plena.
El 5 de agosto de 2026, la Sala de Reconocimiento de la JEP aceptó oficialmente su sometimiento y lo vinculó al subcaso del Gran Magdalena, bajo la condición excepcional de tercero civil financiador y enlace de las AUC. Tras esa vinculación preliminar, Severini ha sido citado a ampliar su versión, lo que significa que sus declaraciones continuarán profundizándose en las próximas audiencias.
En sus comparecencias iniciales, ya como solicitante formal de sometimiento a la justicia transicional, Severini reconoció su responsabilidad en 229 homicidios y relacionó con las extintas AUC a políticos, ganaderos, militares y policías de la región Caribe 1 2.
Es importante que el lector tenga presente que el testimonio de Severini no equivale a una condena para ninguna de las personas que menciona. Sus declaraciones son una pieza dentro de un proceso judicial más amplio: la JEP puede corroborarlas, contrastarlas o desvirtularlas con otras pruebas. Lo que sí hace este testimonio es aportar una versión detallada, bajo juramento y con consecuencias jurídicas para quien mienta, sobre hechos que marcaron la historia política y violenta del Magdalena.
Las declaraciones que se reproducen a continuación fueron reveladas por la Unidad Investigativa de Caracol Radio. Opinión Caribe no formula acusaciones propias ni emite juicio de valor alguno.
El origen: Gnecco, Castaño y la puerta que abrió el paramilitarismo en el Magdalena
Antes de los pactos, antes de las hojas de vida y antes de las alcaldías cooptadas, hubo una reunión. Según Severini, el paramilitarismo en el Magdalena no llegó solo: fue invitado.
En su testimonio ante la JEP, Severini declaró que en 1998 tocó la puerta de Jorge Gnecco, señalado exparamilitar a quien identificó como la persona que dio inicio al auge paramilitar en el departamento. Su propósito era llevar a las AUC al sur del Magdalena para combatir a las FARC y al ELN, tal como estaba ocurriendo en ese momento en el Cesar. Gnecco, según su relato, se habría comprometido a tenderle un puente con Carlos Castaño, jefe máximo de las AUC, con quien Severini finalmente se reunió.
#Exclusivo #UnidadInvestigativa | La confesión de Saúl Severini: el eslabón perdido del paramilitarismo señala a Jorge Gnecco
“Vicente Castaño me dijo que le entregara el dinero a Jorge Gnecco”: Saúl Severini señaló ante la @JEP_Colombia que el exjefe de la casa Gnecco fue… pic.twitter.com/Hg7xl04NFa
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 5, 2026
Jorge Gnecco fue asesinado en 2001 sin haber sido juzgado. Su muerte cerró prematuramente uno de los expedientes más importantes para entender cómo se instaló el paramilitarismo en el Caribe colombiano, y convierte su figura en uno de los grandes vacíos de verdad que la JEP deberá intentar reconstruir a través de testimonios como el de Severini.
El Ejército: cuando callar también era operar
Uno de los señalamientos más graves del testimonio de Severini apunta directamente a la institucionalidad militar. Según su versión, la alianza entre las AUC y el Ejército no fue marginal ni espontánea: fue sistemática.
Severini afirmó ante la JEP que tanto el Batallón Córdoba como el Gaula del Magdalena, con sede en Santa Marta, y la Segunda Brigada en Barranquilla trabajaban con las autodefensas. Militares y paramilitares, según su relato, operaban conjuntamente: “unos mataban y los otros guardaban silencio”. Las precarias capacidades operativas del Ejército en esa época habrían favorecido esa alianza, en la que la omisión institucional se convirtió en complicidad funcional.
Estos señalamientos son de especial gravedad dado que involucran a miembros de la Fuerza Pública, cuya responsabilidad en el conflicto armado es uno de los ejes centrales de la investigación de la JEP.
El contexto: los Pactos de Chivolo y Pivijay
Para entender el alcance de lo que Severini declaró en el plano político, es necesario recordar que los llamados Pacto de Chivolo (2000) y Pacto de Pivijay (2001) no son una novedad judicial. Estos acuerdos han sido referenciados en procesos anteriores de Justicia y Paz y han sido objeto de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Su existencia como fenómeno de captura política por parte del paramilitarismo en el Magdalena forma parte de un patrón documentado en varias regiones del país, conocido históricamente como parapolítica.
Lo que aporta Severini es una versión desde adentro: nombres, reuniones, mecanismos concretos y una descripción detallada de cómo habría funcionado ese entramado en municipios específicos del departamento.
La mujer que recibía las hojas de vida y murió sin ser condenada
En el centro del entramado político descrito por Severini aparece una mujer: Neyla Alfredina Soto, conocida con los alias de “Sonia” o “La Sombrerona”, señalada lugarteniente de las AUC en el Magdalena. Según el exparamilitar, esta mujer habría sido la encargada de recibir las hojas de vida de todo aquel que aspirara a un cargo público, con especial énfasis en el sector salud, y de articular los acuerdos entre la clase política del departamento y la estructura armada ilegal.
No se trataba de un simple filtro burocrático: Severini afirmó que Soto habría manejado la contratación pública para que los recursos quedaran en manos de los paramilitares y sirvieran para financiar la guerra, convirtiéndose en el eslabón entre el poder político legal y las AUC.
Neyla Alfredina Soto murió en 2016 sin haber sido condenada, a pesar del rosario de testimonios que existían en su contra. Su caso ilustra uno de los patrones más dolorosos del conflicto colombiano: figuras clave en el engranaje del crimen murieron antes de que la justicia pudiera alcanzarlas, llevándose consigo verdades que hoy deben reconstruirse con fragmentos.
Las reuniones en Las Piedras: cuando los aspirantes entregaban sus hojas de vida
Severini relató ante la JEP haber participado personalmente en una de esas reuniones, a finales del año 2000, en la zona rural de Pivijay, en el corregimiento de Las Piedras. En sus propias palabras, según lo revelado por Caracol Radio:
“Yo estuve en esa reunión, una de tantas que hubo en el corregimiento de Las Piedras. Personas de esos (cinco) municipios entregaban las hojas de vida. A esa reunión me invitó alias Sonia, como dirigente ganadero, y otros ganaderos estuvieron ahí. Estuvieron los señores Ramón Prieto Jure, Jairo Pabón y Jaime Pertuz. Presencié cómo los aspirantes entregaron las hojas de vida para el periodo 2001 a 2003 en alcaldías y concejos”.
Según su relato, entre 2001 y 2007 habrían pasado por ese filtro paramilitar más de 60 hojas de vida de aspirantes a cargos públicos en los municipios de Pivijay, Salamina, Remolino, Cerro San Antonio y El Piñón.
El Pacto de Chivolo: políticos y ‘paras’ en una misma mesa
Sobre el Pacto de Chivolo, Severini afirmó ante la JEP haber sido informado por el exalcalde Ramón Prieto Jure de la participación de políticos departamentales y locales en ese acuerdo, bajo el liderazgo de tres figuras: Neyla Alfredina Soto (‘La Sombrerona’), el exgobernador José Domingo Dávila y José Alfredo ‘El Cura’ Ordóñez, actual concejal de Santa Marta.
La réplica de Ordóñez: “Tengo la tranquilidad de que nunca estuve en ese encuentro”
Opinión Caribe contactó directamente al concejal José Alfredo Ordóñez, quien precisó que el propio Severini reconoció no haber presenciado los hechos que lo involucran, sino haberlos conocido a través de un tercero —Ramón Prieto Jure—, lo que debilita el alcance directo del señalamiento.
Ordóñez recordó además que Neyla Alfredina Soto, cuando fue llevada a indagatoria por la Fiscalía, declaró que no lo conocía y que su nombre fue usado sin su consentimiento. Agregó que la Fiscalía lo citó en tres ocasiones a ampliación de indagatoria sin encontrar mérito para sindicarlo, lo que derivó en la preclusión del proceso hace más de 13 años.
“Tengo la tranquilidad de conciencia y puedo decirle con la frente en alto a todo el Magdalena, a la gente de Santa Marta y a Colombia, que he sido un hombre independiente, un hombre de principios, un hombre de iglesia, un hombre de fe, y siempre estaré al lado de la justicia y la verdad.”
Los demás mencionados en este artículo no han sido contactados al cierre de esta publicación. Será la justicia —en particular la JEP y las demás autoridades competentes— quien determine si hay lugar a acciones judiciales frente a cada uno de los señalamientos aquí recogidos.
El alcalde de Pivijay y los demás políticos señalados
En el caso particular de Pivijay, Severini señaló ante la JEP al actual alcalde Jorge Iván Salah como firmante del pacto ilegal que se cerró en ese municipio y como colaborador de las autodefensas. Según su declaración:
“Este señor, aparte de haberse hecho concejal porque llevó su hoja de vida, le suministró a alias Esteban (Tomás Gregorio Freyle, primer comandante militar del Frente Pivijay) mucha información de la zona de Piñuela y Paraíso, de donde es oriundo. Él fue concejal en el periodo 2001 a 2003, repitió en el periodo 2004 a 2007, y actualmente es el alcalde de Pivijay”.
Una historia que la justicia deberá completar
Lo que Severini describió ante la JEP es la radiografía de una región capturada en múltiples niveles: un Estado local cooptado desde antes de las elecciones, una fuerza pública que habría operado en complicidad con los victimarios, figuras clave que murieron antes de ser juzgadas —Gnecco en 2001, Soto en 2016— y más de 229 homicidios reconocidos que representan apenas una parte del costo humano de ese entramado.
Su testimonio no cierra ningún caso. Lo abre, o lo profundiza. Y como fue citado a ampliar su versión, lo que se conoce hoy es apenas el inicio de un relato que la JEP deberá contrastar, verificar y convertir, si hay mérito para ello, en verdad judicial. Es ahora el tribunal transicional, la Fiscalía y las demás autoridades competentes quienes tienen la palabra.
La presunción de inocencia ampara a todas las personas mencionadas en este artículo.
Opinión Caribe — Publicado el 6 de agosto de 2026. Todos los señalamientos reproducidos corresponden exclusivamente al testimonio de Saúl Severini Caballero ante la JEP. Fuente: Unidad Investigativa de Caracol Radio 1 2. Este medio no formula acusaciones propias.
