La tragedia que conmociona a Colombia eclipsa, por ahora, el rugido del tigre

Por Victor Rodríguez Fajardo, el Man del Sombrero

Nuestra patria, una vez más, tiene un encuentro cercano con el dolor. Esta vez lo provocó uno de esos violentos ajustes de las placas tectónicas que nos recuerdan cuán frágiles somos y renuevan una pregunta urgente: ¿qué tan preparados estamos para sobrevivir a los cambios de la naturaleza?

Fortaleza y solidaridad para quienes perdieron a un ser querido, para los heridos y para las familias que hoy intentan levantarse entre los escombros.

La magnitud de la tragedia concentró, como era inevitable, toda la atención del país. Pero mientras la tierra estremecía a Colombia, en los territorios comenzaba a escucharse otro ruido: el de un Estado que, después de años de letargo, parecía haber decidido volver a mostrar los dientes.

La tragedia eclipsó, por ahora, el rugido del tigre.

Porque también se llenan de dolor los corazones cuando los seres queridos caen bajo el imperio de las balas. Colombia hace tiempo dejó de enfrentar una insurgencia explicable principalmente por motivaciones ideológicas. Quedan los nombres, los símbolos y las proclamas, pero debajo de ese ropaje ya no hay marxismo, maoísmo ni revolución campesina que alcance para explicar el negocio.

Lo que existe es una constelación de organizaciones narcotraficantes y mineras que se reparten el territorio, adoptan nombres distintos y acomodan su discurso según la conveniencia del momento.

Unas se llaman guerrillas. Otras, disidencias. Algunas prefieren presentarse como autodefensas y otras reciben el eufemismo burocrático de grupos armados organizados. Pero todas terminan orbitando alrededor de las mismas economías: narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando y control territorial.

El mapa del dolor

Colombia tiene regiones donde el Estado es, en el mejor de los casos, un visitante ocasional.

El Chocó y el Pacífico caucano y vallecaucano enfrentan emergencias humanitarias provocadas por las disputas entre el ELN, el Clan del Golfo y las estructuras surgidas de las antiguas FARC. En medio permanecen las comunidades indígenas y afrodescendientes, atrapadas entre fuegos que nunca encendieron.

El Catatumbo continúa atravesado por cultivos ilícitos, rutas del narcotráfico y confrontaciones por el dominio territorial. Cauca y Nariño padecen economías ilegales, minería criminal y organizaciones que cambian de sigla sin cambiar de negocio.

La Sierra Nevada de Santa Marta y el Magdalena son territorios estratégicos por sus corredores hacia el Caribe. Allí, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo disputan rentas criminales, rutas de exportación y control social. Arauca y el Bajo Cauca completan esta geografía del abandono con hostigamientos, confinamientos y desplazamientos.

Los protagonistas mayores son conocidos. El Clan del Golfo, también denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es la estructura con mayor expansión territorial. El ELN conserva presencia en regiones fronterizas y zonas de cordillera. Las llamadas disidencias de las FARC, divididas en bloques y frentes, disputan corredores y rentas con una ferocidad que desnuda su pretendida naturaleza política.

Debajo de esas grandes estructuras existe otro ecosistema criminal, menor en tamaño pero igualmente devastador. Son organizaciones que no pretenden controlar el país ni obtener reconocimiento internacional. Les basta con dominar la parroquia, el municipio, la carretera, el río, la mina o el embarcadero.

Y es precisamente en esa escala microscópica donde se fractura silenciosamente la vida cotidiana de millones de colombianos, aunque los grandes titulares casi nunca los mencionen.

Diversos informes oficiales y centros de investigación calculan que las principales estructuras armadas ilegales, sumadas sus redes de apoyo, reúnen decenas de miles de integrantes. La cifra varía según la metodología, pero la conclusión no cambia: Colombia enfrenta verdaderos ejércitos privados con armamento, comunicaciones, logística y financiación suficientes para sostener indefinidamente un conflicto de baja y mediana intensidad.

No es poca cosa.

Es mucha cosa.

La aritmética del crimen

¿Cuánto cuesta sostener ese aparato de guerra?

Fusiles, municiones, explosivos, comunicaciones cifradas, drones, intendencia, transporte, alimentación, sobornos y redes de inteligencia. La suma debe alcanzar dimensiones descomunales.

La pregunta inevitable es de dónde sale tanto dinero y cómo puede circular durante años con semejante tranquilidad.

Una parte importante procede del narcotráfico. Aunque Colombia exhibe periódicamente grandes incautaciones, nadie puede establecer con precisión qué porcentaje de la droga producida consigue atravesar las rutas internacionales.

Pero existe otra economía criminal que recibe mucha menos atención: el oro ilegal.

¿Cuántas grandes incautaciones de oro recuerda el país? ¿Cuántos compradores, comercializadores, exportadores o beneficiarios finales han sido expuestos públicamente? ¿Dónde están los grandes procesos contra quienes convierten el metal extraído ilegalmente en una mercancía aparentemente legítima?

El problema no es que jamás se incaute oro. El problema es que su persecución no tiene la visibilidad, trazabilidad ni contundencia de los operativos antidrogas, pese a que la minería criminal destruye territorios, envenena ríos y financia ejércitos privados.

El oro resulta especialmente útil para lavar dinero porque puede mezclarse con la producción legal, atravesar fronteras y entrar a los mercados internacionales con una historia distinta a la de su verdadero origen.

Colombia no es la excepción.

Es uno de los laboratorios más complejos de esa economía subterránea.

La paradoja de los números

La Fuerza Pública colombiana, integrada por el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, supera ampliamente en número a todas las organizaciones armadas ilegales juntas.

La comparación no puede hacerse de manera mecánica. Los uniformados deben cubrir ciudades, carreteras, fronteras, puertos, infraestructura estratégica y extensas zonas rurales. Los criminales concentran sus hombres en corredores específicos, conocen el terreno, se mezclan con la población y utilizan el miedo como sistema de vigilancia.

Pero la pregunta continúa siendo válida: ¿cómo pueden unas estructuras numéricamente inferiores gobernar territorios completos, imponer horarios, cobrar impuestos criminales, ordenar desplazamientos y decidir quién vive o muere?

La respuesta tiene muchos componentes: geografía, corrupción, ausencia institucional, economías ilegales y comunidades sometidas por el terror.

Pero una parte también tiene nombre: gestión.

Apenas seis días después del cambio de gobierno, el balance operacional divulgado mostraba combates, capturas, reactivación de órdenes judiciales, traslados de presos de alto perfil, desactivación de explosivos y operaciones ofensivas en diferentes regiones.

Todavía no había cambiado la tropa ni la cúpula militar.

Lo que había cambiado era la orientación impartida desde la Presidencia y el Ministerio de Defensa.

Sería apresurado atribuirle al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella todo el resultado de operaciones que seguramente venían preparándose desde semanas atrás. Pero también sería ingenuo ignorar que la voluntad política determina prioridades, activa capacidades y les dice a las Fuerzas Militares si deben avanzar o permanecer congeladas.

Los soldados eran los mismos.

Las armas eran las mismas.

El territorio era el mismo.

Lo diferente era la orden.

Algo funcionaba mal. Muy mal. Y el gobierno saliente todavía le debe al país una explicación sobre el territorio perdido mientras les pedía gestos de paz a organizaciones que respondían con fusiles, confinamientos y cocaína.

Mientras al nuevo gobierno habrá que exigirle resultados sostenidos y respeto absoluto por la ley, al anterior todavía habrá que pedirle cuentas.

Por ahora, la única certeza es que Gustavo Petro obtuvo permiso para salir del país antes de responder políticamente por la expansión criminal ocurrida durante su mandato.

La ruta inversa

La economía ilegal no solamente exporta. También importa.

El narcotráfico y la minería criminal generan enormes cantidades de dinero, pero una parte de esos recursos regresa convertida en fusiles, explosivos, munición, comunicaciones y todo lo necesario para mantener operativo un ejército irregular.

¿Acaso todo el armamento de guerra que circula por los territorios controlados por estos grupos se fabrica en Colombia?

La pregunta se responde sola.

Sin embargo, resulta difícil recordar una gran operación contemporánea que haya revelado de principio a fin una ruta internacional de armamento: país de origen, vendedores, intermediarios, puerto de entrada, compradores, funcionarios corruptos y organización destinataria.

El antecedente más célebre quedó inmortalizado por Germán Castro Caycedo en El Karina: un cargamento de armas, una ruta clandestina y una operación que permitió asomarse al engranaje internacional que abastecía la guerra colombiana.

Han transcurrido más de cuatro décadas.

Las armas siguieron llegando. Los grupos cambiaron de nombre. Los negocios crecieron. Pero las preguntas sobre los puertos de entrada, los intermediarios, los financiadores y las complicidades institucionales continúan sin una respuesta proporcional a la magnitud del fenómeno.

Ese silencio define mejor el problema que cualquier estadística.

Colombia no enfrenta solamente organizaciones armadas. Enfrenta un sistema económico ilegal articulado, con exportaciones, importaciones, rutas logísticas, estructuras financieras, redes de lavado y complicidades que probablemente alcanzan niveles que ningún gobierno ha tenido la voluntad —o la valentía— de señalar con nombre propio.

El terremoto, con toda razón, concentra hoy el dolor y la atención de la patria.

Pero cuando la tierra deje de moverse, cuando terminen los rescates y las cámaras abandonen los escombros, el otro país seguirá allí: sitiado, extorsionado y esperando que el Estado no vuelva a guardar los dientes.

El tigre apenas comenzó a rugir.

Falta saber si esta vez tiene la voluntad de recuperar el territorio.