La naturaleza produjo el terremoto; ahora el Estado debe responder por la emergencia

El Gobierno no puede impedir que la Tierra tiemble, pero sí tiene la responsabilidad de garantizar una respuesta rápida, coordinada y transparente. El terremoto del 10 de agosto pone a prueba la capacidad institucional del país.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto no podía ser evitado por ningún Gobierno. El movimiento de las placas tectónicas escapa al control de las instituciones.

Lo que sí está bajo responsabilidad del Estado es todo aquello que ocurre antes, durante y después de una emergencia.

La calidad de las construcciones, la actualización de los mapas de riesgo, la preparación de los hospitales, la capacidad de los organismos de socorro, la coordinación entre autoridades, los sistemas de información y el manejo de los recursos públicos hacen parte de una cadena de decisiones que puede reducir —o aumentar— las consecuencias de un desastre natural.

Por eso, mientras los organismos de emergencia continúan atendiendo a las comunidades afectadas, también comienza otra tarea: determinar qué tan preparada estaba Colombia y qué tan eficiente está siendo su respuesta.

La tragedia no debe convertirse en un escenario para la confrontación partidista. Pero tampoco puede utilizarse el dolor de las víctimas como argumento para suspender las preguntas que corresponden al control político.

La primera pregunta: ¿quién está al frente de la emergencia?

Uno de los asuntos que debe quedar completamente claro es quién ejerce la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, durante esta emergencia.

La entidad ha informado sobre el despliegue de acciones de respuesta tras el terremoto y sus registros institucionales han identificado a Javier Pava Sánchez como director general encargado.

Al mismo tiempo, el Gobierno había anunciado previamente a David Santiago Tamayo Roldán como próximo responsable de la entidad.

La discusión no es simplemente administrativa.

En una emergencia de esta magnitud, la ciudadanía necesita saber quién toma las decisiones, con qué facultades, durante cuánto tiempo y ante quién responde.

Una transición en la dirección de una entidad puede parecer un asunto burocrático en condiciones normales. Pero cuando el país enfrenta una emergencia nacional, cualquier incertidumbre en la cadena de mando puede convertirse en un problema operativo.

Por eso, el Gobierno debe explicar públicamente cuál es la situación jurídica y administrativa de la dirección de la UNGRD y quién tiene actualmente la responsabilidad efectiva de coordinar la respuesta.

Cinco respuestas que el país necesita

1. Un solo balance nacional

Durante las primeras horas de una tragedia, las cifras pueden cambiar rápidamente.

Sin embargo, la ciudadanía necesita saber de dónde sale cada número.

¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas permanecen desaparecidas? ¿Cuántas resultaron heridas? ¿Cuántas viviendas fueron afectadas? ¿Cuántos hospitales están operativos? ¿Cuántas personas permanecen en albergues?

La respuesta debería concentrarse en un sistema oficial actualizado, con hora de corte y fuente claramente identificada.

La información fragmentada entre entidades nacionales, alcaldías, gobernaciones y organismos de socorro puede terminar generando más confusión en medio de la emergencia.

2. Una cadena de mando inequívoca

Presidencia, UNGRD, gobernaciones, alcaldías, organismos de socorro y Fuerza Pública deben tener competencias claras.

En una emergencia no puede existir espacio para preguntarse quién autoriza, quién coordina o quién tiene la última palabra frente a una operación.

La ciudadanía debe conocer esa estructura y las autoridades deben actuar bajo ella.

3. Inspecciones estructurales transparentes

El terremoto también deja una pregunta sobre la infraestructura nacional.

¿Cuántos hospitales fueron inspeccionados?

¿Cuántos colegios presentan daños?

¿Qué ocurrió con puentes, carreteras, aeropuertos, estaciones de bomberos y edificios públicos?

¿Cuáles estructuras deben permanecer cerradas?

Y, sobre todo, ¿quién certificará que una edificación puede volver a ser ocupada?

Estas respuestas son fundamentales porque las réplicas pueden afectar construcciones que hayan quedado debilitadas después del movimiento principal.

4. Cada peso de la emergencia debe poder rastrearse

Las emergencias requieren rapidez, pero la rapidez no puede convertirse en una zona sin controles.

La contratación de alimentos, maquinaria, transporte, alojamiento, reconstrucción y asistencia humanitaria debe quedar registrada y disponible para la ciudadanía.

Proveedor, contrato, valor, objeto, cantidad y destino de los recursos deben poder ser consultados.

La emergencia exige gastar rápido.

No exige gastar a ciegas.

5. Prepararse para el siguiente desafío

La respuesta estatal tampoco puede concentrarse exclusivamente en retirar escombros.

Colombia enfrenta, al mismo tiempo, riesgos asociados con el comportamiento climático y el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Esto significa que la capacidad institucional tendrá que atender reconstrucción, asistencia humanitaria, incendios, disponibilidad de agua, agricultura, salud y energía.

La pregunta es si el Estado cuenta con suficientes recursos humanos, financieros y logísticos para enfrentar varios frentes simultáneamente.

La empatía también hace parte del liderazgo

En una tragedia nacional, la comunicación de los gobernantes no es un asunto menor.

Las palabras, el tono y las acciones de un presidente tienen un peso especial cuando miles de familias están buscando a sus seres queridos o tratando de regresar a viviendas que pueden haber quedado inhabitables.

El país necesita información clara, presencia institucional y acompañamiento.

No necesita propaganda.

No necesita celebraciones políticas.

No necesita discursos desconectados de la magnitud de la tragedia.

Necesita un Gobierno capaz de mostrar que entiende que detrás de cada cifra existe una persona y detrás de cada desaparecido existe una familia esperando respuestas.

El liderazgo en una emergencia no se mide únicamente por la cantidad de comunicados publicados.

Se mide por la capacidad de coordinar, llegar a tiempo, tomar decisiones y responder por ellas.

El terremoto no se podía evitar. La improvisación sí.

Colombia no puede impedir que sus placas tectónicas se muevan.

Pero puede construir mejor.

Puede planificar mejor.

Puede preparar mejor a sus hospitales y organismos de socorro.

Puede fortalecer sus sistemas de información.

Puede vigilar mejor el uso de los recursos públicos.

Y puede exigir que quienes toman decisiones durante una emergencia respondan por ellas.

El terremoto fue producido por la naturaleza.

La magnitud de sus consecuencias también será una medida de qué tan preparado estaba el Estado para enfrentarlo.

Ahora comienza una segunda etapa de la emergencia: no solamente rescatar, atender y reconstruir, sino también explicar.

Porque cuando termine la búsqueda entre los escombros, Colombia tendrá que hacerse una pregunta incómoda pero necesaria:

¿Qué falló antes del terremoto, qué está funcionando durante la emergencia y qué debe cambiar para que la próxima tragedia encuentre a un país mejor preparado?